Panorama Judicial. El jurista Miguel Valerio respalda la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en agosto, aunque considera necesario mantener un proceso de revisión permanente para adecuarlo a las nuevas realidades de la criminalidad y corregir algunos aspectos que, a su juicio, presentan deficiencias.
Previo al foro de «Amigos que Suman», dedicado a analizar el impacto de la nueva legislación, Valerio calificó como positivo el debate en torno al Código Penal y destacó la importancia de discutir las consecuencias jurídicas que establece la norma.
«Debatir sobre el Código Penal siempre es bueno; debatir sobre lo que le puede recaer a una persona ante una consecuencia jurídica siempre es sano», expresó al ser cuestionado por la prensa.
En relación con los delitos de difamación e injuria, sostuvo que favorece una reducción de las penas para quienes incurran por primera vez en este tipo de hechos, proponiendo que sean sancionados únicamente con multas.
Sin embargo, hizo una distinción con quienes utilizan estas prácticas de manera sistemática para extorsionar.
«Para los difamadores profesionales, personas que se dedican a la extorsión, entendemos que la pena debe mantenerse exactamente igual», enfatizó.
Valerio también cuestionó la propuesta de modificación remitida por el Poder Ejecutivo sobre este tema, al considerar que contiene «errores garrafales» porque, según explicó, introduce elementos relacionados con las pruebas en un ámbito que no corresponde.
Asimismo, advirtió que, de aprobarse la reforma tal como está planteada, los funcionarios públicos quedarían sin mecanismos legales para defender su honra frente a acusaciones falsas.
«Una cosa es cuestionar una política pública y otra muy distinta es afirmar que una persona se robó mil millones de pesos o que tiene vínculos con un narcotraficante sin presentar una sola prueba», manifestó.
Sobre el proceso de discusión de las modificaciones al Código Penal, el abogado opinó que el escenario más apropiado para esos debates son las vistas públicas y las comisiones del Congreso Nacional, aunque reconoció la facultad del presidente de la República de escuchar a distintos sectores.
Al referirse al contenido general de la nueva legislación, destacó que incorpora figuras delictivas necesarias para enfrentar modalidades criminales que no estaban adecuadamente contempladas en el ordenamiento jurídico, como las estafas piramidales, los delitos relacionados con activos virtuales y nuevas modalidades de abuso de confianza.
Como ejemplo, mencionó casos como el de Wilkin García Peguero «Mantequilla», prcesado por estafa mediante esquema piramidal, señalando que el país necesitaba herramientas legales para perseguir ese tipo de esquemas fraudulentos.
Valerio reiteró su respaldo a que el nuevo Código Penal entre en vigor en la fecha prevista, al considerar que cualquier legislación debe actualizarse de manera continua para responder a la evolución de la criminalidad.
«Somos partidarios de que el Código Penal entre en vigencia. Cualquier revisión puede hacerse posteriormente, porque la criminalidad siempre avanza más rápido que la sociedad», indicó.