Enmanuel Rosario Estévez
Panorama Opinión. El lawfare no es simplemente es la existencia de procesos judiciales contra políticos y funcionarios públicos ni la investigación legítima de posibles actos contrarios a la ley. En una democracia, nadie debe estar por encima de la justicia. La diferencia no reside en la condición política del investigado, sino en la finalidad, selectividad y desviación institucional del proceso. El problema surge cuando el sistema judicial, concebido para proteger derechos, garantizar el debido proceso y resolver conflictos conforme a la verdad jurídica, es utilizado con un propósito distinto: neutralizar o aplastar al adversario político.
En ese punto, el derecho deja de operar como límite del poder y pasa a convertirse en un instrumento de quienes lo detentan. Los procesos judiciales se formalizan bajo la apariencia de la legalidad: expedientes, fiscales, jueces, audiencias, imputaciones, medidas de coerción y sentencias que confieren apariencia institucional a una finalidad desviada. Sin embargo, detrás de esa escenografía judicial subyace un propósito incompatible con la justicia: destruir, excluir, desacreditar, desmoralizar o neutralizar políticamente a una persona determinada, al tiempo que se moviliza a una opinión pública previamente sensibilizada por el rechazo social a la corrupción.
El término lawfare es el resultado de la unión de los vocablos ingleses law, que puede traducirse como ley, derecho o justicia, según el contexto, y warfare, que significa guerra. Fue expuesto en el debate contemporáneo por el jurista y militar estadounidense Charles J. Dunlap Jr., profesor de Derecho en la Universidad de Duke y director del Center on Law, Ethics and National Security. Para dicho autor, el lawfare constituía una forma moderna de hacer la guerra y una alternativa a los métodos convencionales, los cuales involucran grandes recursos financieros, humanos y militares. A través del lawfare se usa y abusa del derecho para desestabilizar gobiernos, someter líderes regionales y lograr objetivos operacionales sin comprometer recursos materiales ni exponer soldados.
Aunque su formulación inicial surgió en el contexto de los conflictos militares y de la seguridad nacional, el concepto ha sido trasladado al terreno político e institucional. En ese ámbito adquiere una dimensión especialmente delicada: la utilización de tribunales, fiscales, normas procesales y discursos de legalidad para conseguir por vía judicial lo que no siempre se obtiene mediante la competencia democrática y el voto popular.
Una de las características más visibles del lawfare es su condición mediatizada. El proceso no se libra únicamente en los tribunales; se libra también en los titulares, entrevistas, filtraciones, paneles de opinión, redes sociales y narrativas repetidas hasta convertirse en la verdad aparente. La acusación se convierte en una condena moral anticipada. Antes de que un juez decida, una parte de la sociedad ya ha sido mediáticamente convencida de que el imputado es culpable, corrupto, peligroso o indigno de participar en la vida pública.
En ese ambiente, muchas valoraciones que se presentan como jurídicas son, en realidad, apreciaciones morales o políticas. Se mezclan hechos probables con afirmaciones infundadas; indicios razonables con insinuaciones desproporcionadas; investigaciones legítimas con campañas de descrédito. Y en la era de la posverdad, donde la percepción suele pesar más que la prueba, resulta fácil aceptar una narrativa si esta llega envuelta en suficiente intensidad mediática. El filósofo Paul Watzlawick describió de forma brillante este fenómeno en su obra ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación, comunicación.
La perversidad del lawfare reside precisamente en su doble rostro. Hacia afuera se presenta como una cruzada por la verdad, la transparencia y la justicia. Se afirma que el objetivo es perseguir y sancionar supuestas actuaciones contrarias a las normas. Es lo que se comunica a la sociedad. Sin embargo, cuando la finalidad real no es impartir justicia sino eliminar a un adversario, el proceso se transforma en fraude contra la norma, contra el sistema de justicia e incluso contra la democracia.
Por eso el lawfare debe ser entendido como un desvalor democrático. No porque la justicia deba abstenerse de investigar a los poderosos, sino porque ninguna democracia puede sobrevivir si sus instituciones son utilizadas con fines de persecución política. El daño es doble: se lesiona al imputado o adversario, pero también se erosiona la confianza ciudadana en los tribunales, en el Ministerio Público, en las garantías constitucionales y en la idea misma de Estado de derecho.
El peligro es mayor porque el lawfare no actúa desde la clandestinidad ni desde la violencia abierta. Opera mediante aparatos legítimos, procedimientos reconocidos y lenguajes institucionales. Utiliza vías judiciales del Estado para alcanzar un resultado contrario al espíritu de esas mismas vías. En otras palabras, convierte la legalidad en coartada y el proceso en castigo.
En la historia reciente, el caso del presidente Donald Trump volvió a situar este debate en el centro de la discusión pública. Desde el inicio, Trump sostuvo que diversas acciones judiciales en su contra formaban parte de una persecución vinculada a su decisión de competir en las elecciones de 2024. Sus denuncias lo colocaron no solo como quien afirmaba ser víctima de ese esquema, sino también como uno de los actores políticos más visibles en la discusión internacional sobre este tipo de práctica, llegando incluso a plantear la posibilidad de crear un fondo destinado a la defensa de personas sometidas a procesos de lawfare.
En ese mismo contexto, la intervención de la embajadora estadounidense Leah Francis Campos, con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, revela una lectura institucional del problema. Al vincular la defensa de la libertad con la preservación del orden democrático, Campos advirtió sobre los riesgos que supone el lawfare para la libertad y, en consecuencia, para la democracia. Desde esta perspectiva, el lawfare adquiere relevancia no solo como una práctica de persecución política, sino como una afectación estructural a las condiciones de posibilidad de la vida democrática: si la libertad constituye uno de sus presupuestos esenciales, la instrumentalización del aparato judicial para restringir, condicionar o neutralizar la competencia política compromete el fundamento mismo del sistema democrático.
Una democracia madura necesita justicia independiente, no justicia políticamente comprometida; necesita tribunales fuertes, no tribunales convertidos en trincheras; necesita prensa crítica, no linchamientos mediáticos presentados como información. Cuando el proceso judicial se transforma en espectáculo y la imputación en sentencia moral anticipada, el ciudadano deja de percibir instituciones imparciales y empieza a percibir instrumentos de combate.
El lawfare es, en definitiva, una de las formas más sofisticadas de degradación democrática: no destruye la ley negándola, sino utilizándola contra su propia finalidad. Por eso debe ser denunciado con firmeza. Porque cuando la justicia se convierte en arma, la democracia pierde uno de sus escudos más esenciales.
El autor es abogado y docente universitario.
