Panorama Nacional. _ El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, consideró que los responsables de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set merecerían una condena de cadena perpetua si esa figura estuviera contemplada en la legislación dominicana, al tiempo que lamentó que la pena máxima aplicable en el caso sea significativamente menor.
Álvarez explicó que, aunque comprende el dolor y la indignación de las víctimas y sus familiares tras el suceso que dejó 236 fallecidos y cerca de 200 heridos, el marco jurídico vigente limita las sanciones que pueden imponerse a los imputados Maribel y Antonio Espaillat.
El jurista sostuvo que el caso debe ser tratado como un homicidio involuntario, tal como fue calificado por el Ministerio Público, y rechazó que pueda configurarse la figura del dolo eventual.
“A pesar de que se nos desgarra el alma por esa situación, esa es la realidad desde el punto de vista técnico”, expresó durante una entrevista en el programa D’Agenda.
Álvarez reveló que ha acompañado a víctimas de la tragedia en reuniones con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, donde se les ha explicado que la acusación debe ajustarse a lo que establece la ley y no a las expectativas de castigo de la opinión pública.
El coordinador de Participación Ciudadana destacó que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, incorpora disposiciones que agravan las penas por homicidios involuntarios cuando aumenta el número de víctimas, una modificación que, según afirmó, surge de las lecciones dejadas por la tragedia del Jet Set.
“Yo puedo pensar que en un caso como ese merece cadena perpetua, pero no tenemos cadena perpetua en República Dominicana”, reiteró.
Rechaza existencia de lawfare en República Dominicana
Durante la misma entrevista, Álvarez rechazó que en el país exista una práctica sistemática de lawfare o utilización de la justicia con fines políticos para perseguir adversarios.
Aseguró que los procesos judiciales contra exfuncionarios no pueden calificarse como persecución política cuando existen indicios de manejo irregular de fondos públicos.
Asimismo, defendió el derecho de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, a expresar opiniones sobre la independencia judicial y la institucionalidad democrática, al considerar que esos temas forman parte de valores universales.
Considera que Gonzalo y Peralta deben enfrentar juicio de fondo
En relación con el caso Calamar, el abogado sostuvo que los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deberían ser los principales interesados en que el expediente llegue a un juicio de fondo, donde puedan demostrar su inocencia.
Explicó que en la fase preliminar únicamente se determina si existen probabilidades de una condena y no la culpabilidad definitiva de los imputados.
Según Álvarez, una eventual absolución tras un juicio completo tendría mayor peso para despejar cualquier duda sobre su responsabilidad que una decisión de no ha lugar en la etapa preliminar.
Prevé que surgirán más casos de corrupción
El coordinador de Participación Ciudadana también vaticinó que, una vez el presidente Luis Abinader abandone el poder, podrían salir a la luz nuevos casos de corrupción vinculados a la actual administración, tal como ocurrió con expedientes que fueron revelados después de concluir gobiernos anteriores.
No obstante, reconoció que durante la presente gestión ya han surgido denuncias relacionadas con instituciones como Senasa, el Hospital Oncológico de Santiago y el Intrant, las cuales, dijo, deben ser investigadas por el Ministerio Público.
Finalmente, valoró como un precedente importante las condenas emitidas en el caso Coral, al considerar que envían un mensaje de que incluso altos funcionarios y oficiales militares pueden ser sancionados por actos de corrupción.