ONU advierte que crisis de derechos humanos en Nicaragua no presenta mejoras sustanciales
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
La crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste sin mejoras sustanciales, según la actualización oral presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos.
El informe advierte sobre el éxodo de más de 800,000 personas desde 2018 y describe un panorama marcado por el cierre del espacio cívico, la represión política y el deterioro de las instituciones democráticas.
De acuerdo con la intervención de Mohammad Cigjo, quien expuso el informe ante el Consejo, el gobierno de Nicaragua mantiene una postura de no cooperación con organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo el Examen Periódico Universal, otros mecanismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La falta de diálogo y colaboración ha profundizado la crisis y ha limitado los mecanismos de rendición de cuentas.
El Alto Comisionado señala que el Estado de derecho en el país centroamericano ha sido severamente erosionado por reformas constitucionales que han consolidado el poder en la presidencia.
Cinco partidos de oposición, entre ellos el principal partido indígena, han sido prohibidos y el partido gobernante ejerce control absoluto sobre el parlamento, la totalidad de los municipios y los consejos regionales de la Costa Caribe.
Esta situación ha afectado de manera particular la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, según lo recabado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El informe destaca que el espacio cívico en Nicaragua está prácticamente cerrado y cualquier manifestación independiente de pensamiento se suprime. Desde el inicio de la crisis en 2018, 56 medios de comunicación han sido clausurados y cerca de 300 periodistas han tenido que exiliarse.
Asimismo, más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil han perdido arbitrariamente su estatus legal, lo que ha debilitado la participación ciudadana y restringido el acceso a la información.
De acuerdo con OACNUDH, la libertad de religión también se encuentra restringida, especialmente cuando líderes o instituciones religiosas son percibidos como críticos del gobierno. El informe menciona ataques a estudiantes, académicos, mujeres, personas LGBTQ+ y sus respectivas organizaciones.
Estas circunstancias han generado un clima de temor y censura que, según la actualización, compromete la posibilidad de realizar elecciones libres y transparentes previstas para 2027.
La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos es otra de las preocupaciones centrales del informe. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 46 personas permanecen detenidas arbitrariamente, de las cuales ocho podrían considerarse desaparecidas forzadas.
