Ministerio Público acusa a Toxic Crow y a otros implicados de presunto fraude eléctrico por RD$1.6 millones
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama de Justicia._ El Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra el artista urbano Caonabo Enrique Mesa Ureña (Toxic Crow), una empresa y otros cuatro imputados por un presunto fraude eléctrico que habría causado un perjuicio económico superior a los RD$1.6 millones. La acción fue depositada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este.
Además de Toxic Crow, la acusación involucra a la empresa Mercedes Liriano Auto Detailing S.R.L. y a los imputados Engels Luis Alemán Bernabé, Francisco Daniel Mesa Ureña, Agustín Jiménez Camilo y Marco Lauren Rodríguez. El expediente sostiene que los acusados incurrieron en la sustracción ilícita de energía eléctrica en perjuicio del Estado dominicano y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).
Según el Ministerio Público, la investigación se originó tras un allanamiento realizado en el establecimiento Paris Bar & Lounge / Paris Auto Spa, ubicado en el Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. Durante la inspección, las autoridades detectaron una presunta manipulación del sistema de medición eléctrica utilizada para evitar el registro real del consumo energético.
Los técnicos actuantes establecieron que uno de los cables de señal de corriente estaba desconectado de los terminales del medidor, alterando el funcionamiento del sistema. También comprobaron que los transformadores de corriente presentaban un flujo invertido, lo que impedía que el equipo registrara correctamente la energía consumida.
La acusación indica que, durante la inspección, Francisco Daniel Mesa Ureña presentó un contrato de arrendamiento en calidad de fiador solidario y se identificó como socio mayoritario del establecimiento. Ese documento, según la investigación, vincula tanto al arrendador como a los arrendatarios con el supuesto beneficio obtenido mediante la sustracción ilegal de electricidad.
El expediente señala que los imputados habrían sustraído 184,088 kilovatios-hora (KWH), equivalentes a un perjuicio económico de RD$1,691,768.72. El Ministerio Público sostiene que esos hechos constituyen fraude eléctrico, tipificado y sancionado por la Ley General de Electricidad 125-01 y sus modificaciones.
Asimismo, la PGASE sostiene que las acciones atribuidas a los acusados también configuran el delito de asociación de malhechores, previsto en el Código Penal Dominicano. Con la acusación formal, el órgano persecutor busca que el tribunal ordene la apertura a juicio contra todos los implicados para determinar sus responsabilidades penales.
