Medios Panorama
- Muertes en operativos, denuncias de abusos y otras actuaciones controversiales forman parte de los señalamientos que han generado críticas contra la Policía Nacional.
En los últimos años, varias muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional en Santiago han dejado una estela de dolor, cuestionamientos y reclamos de justicia que aún permanecen sin respuesta definitiva.
En muchos de los casos, las autoridades sostienen que los hechos han sido investigados y defienden la actuación institucional en algunos de los procesos, mientras familiares, abogados y organizaciones sociales afirman que persisten dudas sobre lo ocurrido y reclaman procesos más transparentes, independientes y capaces de establecer responsabilidades cuando corresponda.
Los cuestionamientos no se limitan a operativos en las calles, sino también abarcan allanamientos, muertes bajo custodia policial, procedimientos antruidos y agresiones contra periodistas durante el ejercicio de su labor. Aunque cada caso posee circunstancias particulares, todos han alimentado un debate recurrente sobre el uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión interna y la confianza ciudadana en los organismos encargados de la seguridad pública.
El caso Donaly Joel Martínez Tejada
Uno de los hechos más impactantes ocurrió el domingo 12 de febrero de 2023, cuando Donaly Joel Martínez Tejada, de tan solo nueve años de edad, resultó mortalmente herido durante un operativo policial realizado en medio de las festividades del Carnaval de Santiago.
De acuerdo con las investigaciones, el menor fue impactado por una bala cuando agentes intentaban incautar un equipo de sonido en las inmediaciones de la avenida Las Carreras mientras se desarrollaba el desfile de la actividad cultural.
La actuación policial fue cuestionada por familiares, ciudadanos y representantes de diversos sectores de la sociedad civil.
La gravedad del caso llevó incluso a la propia Policía Nacional a reconocer errores en el procedimiento. El entonces director de la institución, mayor general Eduardo Alberto Then, calificó lo sucedido como una «mala actuación policial». Sostuvo que el uso de la fuerza debía estar guiado por criterios de proporcionalidad, prudencia y diálogo.
El proceso judicial culminó en primera instancia con una condena de 15 años de prisión contra el cabo de la uniformada Alejandro Castro Cruz, conocido como «Cocotico», hallado culpable por la muerte del menor de edad.
Sin embargo, para Anthony Martínez, padre de Donaly Joel, el proceso está muy lejos de concluir.
«Tenemos más de un año esperando que fijen la fecha para conocer la apelación y todavía no hay respuesta», expresó.
Martínez cuestiona que las investigaciones no hayan alcanzado a todos los responsables.
«Gracias a Dios que por lo menos un agente fue sometido. Es muy difícil luchar contra ellos», afirmó al referirse a los miembros de la institución del orden que participaron en el operativo.
Para la familia, el paso del tiempo no ha disminuido el dolor ni la necesidad de respuestas.
«Ejecución extrajudicial» la muerte de cinco personas en La Barranquita
Otro de los episodios que más controversia ha generado en los últimos años ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en una plaza comercial del sector La Barranquita, al sureste de Santiago.
Inicialmente, la Policía informó que cinco hombres habían muerto durante un intercambio de disparos con agentes actuantes.
No obstante, familiares de las víctimas, allegados y abogados rechazaron desde el primer momento esa versión. Sostuvieron que los fallecidos fueron ejecutados.
Entre las víctimas figuraba José Vladímir Valerio Estévez, un peluquero de 25 años de edad cuya muerte generó una amplia repercusión pública.
A medida que avanzaron las investigaciones, el caso tomó un rumbo distinto al planteado inicialmente por las autoridades. El Ministerio Público abrió una investigación formal que concluyó con el sometimiento de once agentes policiales. Cuatro de ellos fueron enviados a prisión preventiva como medida de coerción, mientras que contra los siete restantes fueron impuestas otras medidas cautelares.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, afirmó que las investigaciones realizadas en torno a la muerte de las cinco personas evidencian que se trató de una «ejecución extrajudicial».
El abogado Esteban Pérez, representante legal de una de las familias afectadas, considera que el expediente ha profundizado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad.
«Estos temas de ejecuciones extrajudiciales vienen de personas que están destinadas a protegernos», manifestó.
El jurista recordó que la investigación del órgano acusador establece que los agentes involucrados se trasladaron desde Santo Domingo hasta Santiago a realizar actuaciones cuya legalidad ha sido cuestionada.
Actualmente el caso continúa en fase de investigación, mientras familiares y abogados esperan la presentación formal de la acusación por parte del Ministerio Público.
Operativo anti ruido durante fiesta de Navidad
Otro caso es el de Miguel Ángel Miranda Flete, un joven padre de dos niños pequeños que luchó durante cuatro días por sobrevivir. El joven falleció en un centro de salud privado de Santiago tras resultar herido de bala durante una intervención policial ocurrida el 25 de diciembre de 2025 en el sector La Ceibita, de Pekín.
Su muerte provocó dolor e indignación entre familiares, amigos y vecinos, quienes lo recuerdan como un joven trabajador que desde temprana edad asumió responsabilidades para sostener a su familia.
El hecho ocurrió mientras Miguel Ángel compartía en una tradicional fiesta navideña de la comunidad, cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron en la actividad supuestamente para retirar el equipo de sonido que ambientaba la fiesta.
Otra actuación policial cuestionada es la que involucra a la joven Ailin María Rodríguez, de 18 años, quien resultó herida de bala en la cabeza durante un incidente en barrio Obrero, Santiago.
Los reportes establecen que los miembros de la uniformada dispararon contra el vehículo en el que la herida de desplazaba junto a otra persona.
Rodríguez permaneció ingresada en el hospital José María Cabral y Báez, donde fue sometida a una cirugía de emergencia tras el impacto del proyectil. Hoy se recupera satisfactoriamente mientras los agentes vinculados a su caso son investigados.
Morir bajo custodia policial
Las denuncias contra actuaciones policiales también alcanzan casos ocurridos dentro de destacamentos del cuerpo del orden.
Uno de ellos es el de Alejandro Arsenio Inoa Rodríguez, de 47 años, quien falleció en enero de 2026 mientras permanecía detenido en el destacamento de Gurabo, al norte de Santiago.
La Policía informó que el hombre sufrió un infarto mientras se encontraba bajo custodia.
Sin embargo, sus familiares rechazaron esa explicación y aseguraron que el cuerpo presentaba golpes visibles en distintas partes. Mostraron imágenes de su pariente con moretones en distintas partes de su cuerpo.
Posteriormente reclamaron la entrega de los resultados de la autopsia y exigieron una investigación que permitiera establecer con claridad qué ocurrió durante las horas previas a su fallecimiento.
Su hermana, Yenny Inoa, afirma que la familia nunca recibió respuestas satisfactorias.
«No se supo quiénes eran los agentes de turno ni quiénes lo detuvieron. No hubo respuestas», lamentó.
Dijo que la única información que recibieron sobre su arresto fue que alegadamente estaba ocasionando desorden en la vía pública.
Con el paso del tiempo, asegura que los familiares terminaron resignándose ante la falta de avances en el proceso investigativo.
«Nos acogimos a la justicia divina porque aquí no había forma de luchar contra la Policía», expresó.
El precedente de Richard Rafael Báez
Mucho antes de estos casos, la muerte de Richard Rafael Báez, conocido popularmente como «El Peluquero», ya había colocado bajo cuestionamiento el trato dispensado a personas detenidas por agentes policiales.
El joven fue arrestado en marzo de 2022 frente a su residencia en el sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.
Tras su detención fue trasladado a un destacamento policial y posteriormente ingresado en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde murió 15 días después de su detención.
La autopsia determinó que sufrió un trauma craneoencefálico severo.
Familiares denunciaron que las lesiones fueron provocadas por los golpes que recibió de agentes policiales luego de su arresto. También afirmaron que durante el procedimiento los agentes le habrían sustraído 30 mil pesos en efectivo.
El caso provocó indignación nacional y abrió un intenso debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de la Policía Nacional. Finalmente, los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenaron a cinco años de prisión al capitán Manolo Aquino, hallado culpable de homicidio involuntario.
Para numerosos sectores sociales, este expediente se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de la necesidad de garantizar investigaciones independientes cuando una persona fallece mientras se encuentra bajo control de las autoridades.
Allanamientos bajo cuestionamiento
Las denuncias por presuntos excesos policiales también han surgido durante operativos realizados dentro de viviendas.
En diciembre de 2022 murió Daniel Antonio Rodríguez Céspedes durante un allanamiento efectuado en la comunidad de Gurabo.
Una situación similar se produjo en septiembre de 2023 con la muerte del agricultor Octavio Guaba durante un allanamiento realizado en su casa, ubicada en la frontera de las provincias Santiago y Espaillat.
En ambos casos las familias rechazaron las versiones oficiales y reclamaron investigaciones independientes que permitieran esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes. Aunque los expedientes no alcanzaron la misma repercusión mediática que otros casos, continúan siendo citados por organizaciones sociales como ejemplos de actuaciones policiales que dejaron más preguntas que respuestas.
Un patrón denunciado por organizaciones populares
Para dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones populares, el uso excesivo de la fuerza también afecta las movilizaciones.
El dirigente popular Osvaldo Brito asegura que en diversos barrios de Santiago son frecuentes las denuncias relacionadas con abusos durante detenciones arbitrarias y agresiones durante protestas sociales.
«Cuando llega la Policía a muchos sectores, la gente siente temor en lugar de protección», afirmó el activista.
Brito sostiene que las comunidades también denuncian constantemente actuaciones violentas durante operativos anti ruidos, incautaciones arbitrarias y procedimientos que terminan deteriorando la relación entre ciudadanos y autoridades.
A su juicio, la acumulación de estos episodios ha contribuido a profundizar la desconfianza de parte de la población hacia la institución policial.
Agresiones policiales a reporteros
Las cuestionadas actuaciones de algunos agentes de la Policía Nacional no solo han afectado a ciudadanos involucrados en operativos o procedimientos policiales.
También ha alcanzado a miembros de la prensa durante el ejercicio de su labor informativa.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en junio de 2025, cuando el periodista Inocencio Encarnación, corresponsal en Santiago de Teleuniverso Canal 29 y Último Minuto, denunció haber sido agredido por un agente policial mientras cubría un accidente de tránsito en la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo Santiago-Navarrete.
Según las denuncias y las imágenes difundidas en redes sociales, el agente intentó arrebatarle violentamente su teléfono celular mientras documentaba el hecho.
Posteriormente, el comunicador fue inmovilizado de manera agresiva, generando críticas de gremios periodísticos y defensores de la libertad de prensa.
El incidente se sumó a otras denuncias realizadas por periodistas durante la cobertura del incendio registrado en el Mercado Modelo de Santiago en agosto de 2024.
Falta de acción policial
Más recientemente, las críticas al accionar policial volvieron a intensificarse tras la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura. Según denuncias sustentadas en imágenes captadas con un teléfono celular, los agentes que prestaban servicio en el destacamento de la Policía Nacional ubicado en las proximidades del complejo de zona franca, en la parte oeste de Santiago, no intervinieron mientras una turba de motoristas perseguía a la víctima.
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que Abreu Quezada se detiene frente al destacamento en busca de ayuda. Sin embargo, la persecución continuó durante varios kilómetros hasta culminar en el parqueo del Palacio de Justicia, donde los agresores le dieron alcance y le provocaron heridas mortales con un arma blanca.
Mientras algunos de estos expedientes, descritos por Panorama, avanzan lentamente en los tribunales; otros permanecen rodeados de interrogantes en los archivos del Ministerio Público.
La posición oficial
Desde el Gobierno Central, la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, reconoce que han ocurrido actuaciones cuestionadas, aunque asegura que se trata de situaciones excepcionales.
Según explicó, las autoridades desarrollan programas de educación ciudadana, fortalecimiento comunitario y capacitación dirigidos a mejorar la convivencia y prevenir conflictos.
«Santiago ha ido mejorando bastante», afirmó la funcionaria.
No obstante, admitió que toda sociedad enfrenta desafíos permanentes relacionados con el respeto a las leyes y la convivencia pacífica.