Panorama Opinión. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que declaró parcialmente inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, ha abierto un nuevo capítulo en el panorama político nacional. Este fallo, que permite una mayor apertura para las candidaturas independientes, no es casualidad: es el resultado de décadas de errores e irresponsabilidades cometidos por partidos políticos y actores tradicionales que han debilitado la confianza en el sistema democrático.
Es fundamental analizar las implicaciones de esta decisión desde varias perspectivas. En primer lugar, la apertura a las candidaturas independientes fortalece la democracia al romper el monopolio que los partidos políticos han ejercido sobre las decisiones electorales. Durante décadas, estas organizaciones han determinado, mediante acuerdos entre cúpulas, el manejo de las candidaturas y los recursos, excluyendo la participación directa de ciudadanos que no forman parte de sus estructuras. Sin embargo, esta apertura también pone en jaque el sistema de partidos, una institución que, a pesar de sus debilidades, es clave para mantener las libertades democráticas.
El deterioro del sistema de partidos en la República Dominicana es evidente. La abstención del 45% registrada en las elecciones de 2024 refleja el desencanto de una población que se siente cada vez más distante de los actores tradicionales. A esto se suma una creciente percepción negativa hacia los políticos, alimentada por discursos antipolíticos que surgen desde sectores de la sociedad civil que buscan ocupar espacios de poder, pero que muchas veces terminan replicando las mismas prácticas que critican.
Este escenario, agravado por una justicia mediatizada y una institucionalidad débil, genera las condiciones para la aparición de “outsiders” o figuras mesiánicas que podrían alterar significativamente el rumbo del país. Sin embargo, más que temer esta posibilidad, debemos entender que el sistema político tradicional tiene una oportunidad histórica para renovarse y reconectar con el electorado.
Defiendo la sentencia del Tribunal Constitucional porque obliga a los partidos políticos a reestructurarse y a replantear sus estrategias. La reacción inmediata de estas organizaciones ha sido sembrar temores sobre los riesgos de las candidaturas independientes, pero no han dedicado suficiente tiempo a reflexionar sobre las causas que llevaron a esta situación. Es momento de que los partidos asuman su responsabilidad y entiendan que su futuro depende de adaptarse a las nuevas demandas de la ciudadanía.
Las candidaturas independientes, aunque no están exentas de riesgos, representan una oportunidad para revitalizar la democracia. Pueden servir como un punto de inflexión para salvar el sistema político, siempre que se aprovechen para impulsar liderazgos nuevos y comprometidos con la transformación positiva del país.
De cara al proceso electoral de 2028, los partidos tienen una tarea crucial: presentar una nueva generación de candidatos capaces de generar esperanza, confianza e ilusión en una población que se siente cada vez más desencantada. Solo así podrán evitar que el sistema político continúe su deterioro y garantizar que la democracia dominicana salga fortalecida de este momento de crisis.
La sentencia del Tribunal Constitucional no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para corregir el rumbo y construir un futuro político más inclusivo, participativo y representativo. Es hora de que los partidos políticos se pongan las pilas y asuman el liderazgo que la nación les demanda.
