Panorama Judicial.- La abogada Adalquiris Lespín Abreu informó este jueves sobre supuestas irregularidades en el manejo de un Habeas Corpus presentado en favor de José Nicolás Castillo Hart y Winston Armando Tejeda Rodríguez, dos implicados en la Operación Panthera 7.
Los detenidos fueron arrestados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el sábado 11 de enero, permaneciendo incomunicados durante al menos 16 horas, según denuncia.
Explicó que el recurso de Habeas Corpus fue depositado el domingo 12 de enero de 2025 a las 9:49 a.m. en la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.
La audiencia fue fijada para el lunes 13 de enero a las 9:00 a.m., pero fue declinada por la Magistrada Karen Casado, quien alegó incompetencia del tribunal conforme al artículo 69, numeral 2, de la Constitución Dominicana y el artículo 72 del Código Procesal Penal.
Según la togada, estos casos deben ser conocidos por un juez de la cámara unipersonal de la jurisdicción penal.
A pesar de tratarse de una acción de carácter urgente, Lespín Abreu señaló múltiples retrasos administrativos:
Este jueves, la defensa presentó una queja por retardo de justicia, registrada a las 8:01 a.m. bajo el acuse núm. 4422564. Al momento de redactar la denuncia, la abogada afirmó que aún no se había recibido convocatoria para la audiencia.
Lespín Abreu denunció, además, que, mientras la defensa enfrenta retrasos, la solicitud de medidas presentada por el Ministerio Público fue procesada rápidamente. La documentación fue completada el lunes 13 de enero a las 6:38 p.m., y la audiencia fue programada para el día siguiente.
“Parece que el sistema solo actúa con celeridad a favor de una de las partes”, expresó a la salida de la audiencia que fue aplazada para el 24 de enero, a las 10:00 de la mañana.
La defensa solicita que todas las audiencias del caso sean grabadas por el equipo técnico de A2J Producción, con el objetivo de garantizar la transparencia y permitir que el público tenga acceso a la verdad procesal.
La solicitud surge en respuesta a declaraciones del Magistrado Milcíades, quien calificó como «denigrantes» los alegatos de la defensa.
La Operación Panthera 7, descrita como una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en el hemisferio, involucró 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales. Durante los allanamientos se incautaron más de 22 millones de pesos en efectivo, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas, cinco motores fuera de borda y armas de fuego.
El Ministerio Público sostiene que los 9,587 paquetes de cocaína, con un peso de 9,889 kilos, fueron transportados desde Colombia a República Dominicana por vía marítima, utilizando rutas en Bayahíbe, La Romana y Pedernales.
Durante el allanamiento realizado las autoridades incautaron millones de dinero en efectivo, entre ellos dólares, pesos, euros y otras denominaciones extranjeras, cuya procedencia no fue justificada, según el expediente de solicitud de medida de coerción.