¿Se están facilitando extensiones de contratos o se garantiza la estabilidad y el desarrollo?
El comunicador Delvys Lanfranco, expresó su preocupación acerca de la creación de la Ley 66-23 por parte del gobierno de Luis Abinader. Según Lanfranco, esta nueva legislación se diseñó para acomodar contratos, en particular el de Aerodom, extendiéndolos por un periodo de 37 años.
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La Ley 66- 23 establece medidas regulatorias para los contratos de concesiones suscritos con anterioridad a la Ley 340-06, promulgada el 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Lanfranco argumenta que esta modificación representa un cambio significativo en la normativa, ya que afecta la estabilidad y transparencia que la Ley 340-06 buscaba establecer en los procesos de contratación pública.
De acuerdo con Lanfranco, la Ley 66-23 fue aprobada por el Senado de la República el 28 de septiembre y posteriormente por la Cámara de Diputados el 8 de noviembre. El presidente Abinader la promulgó el 9 de noviembre, marcando así su entrada en vigencia.
Contrato presentados por Lanfranco:
El también panelista del espacio «Libre Mente» que se transmite por VTV canal 32, lamenta que una ley tan importante como la 340-06 haya sido modificada, argumentando que estas enmiendas facilitarían que el ejecutivo pueda gestionar extensiones de contratos, como el caso específico de Aerodom.
Lanfranco sostiene que esto podría tener consecuencias negativas en términos de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación del país.
El gobierno, por su parte, podría argumentar que estas reformas buscan otorgar flexibilidad y adaptabilidad a la legislación para hacer frente a situaciones específicas, asegurando así la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo del país. Sin embargo, la oposición, encabezada por Lanfranco, insiste en que se trata de un debilitamiento de las garantías establecidas por la Ley 340-06, poniendo en duda la integridad del proceso de contratación pública.
En este contexto, se espera que el debate sobre la Ley 66-23 continúe, involucrando a diversos actores políticos y a la sociedad civil. La transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública son elementos cruciales para el desarrollo sostenible de cualquier nación, y la revisión de estas leyes debe considerar cuidadosamente el equilibrio entre la flexibilidad necesaria y la preservación de los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad.
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