Panorama Opinión. Hay decisiones judiciales que trascienden los tribunales y terminan impactando directamente la percepción política de una nación. El reciente auto de no ha lugar emitido a favor del excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y del exministro administrativo de la Presidencia de Danilo Medina, José Ramón Peralta, podría ser uno de esos casos que marquen un antes y un después en la política dominicana.
Muchos podrían pensar que esta decisión solo afecta a los involucrados en el expediente. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El verdadero impacto de este fallo podría recaer sobre el Gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, cuya principal bandera de lucha, que le dio la popularidad antes de llegar al poder y después de asumirlo, ha sido precisamente el combate contra la corrupción, y si esa herramienta se le cae, el PRM y su gobierno se caen junto con ella.
No se puede olvidar que una parte importante de la victoria electoral del PRM y Luis Abinader Corona en 2020 se construyó sobre la indignación ciudadana contra la corrupción y la impunidad. Como por ejemplo: la Marcha Verde, las protestas de la Plaza de la Bandera, los discursos contra los privilegios del poder en los gobiernos peledeístas y las promesas de justicia; estos fueron elementos fundamentales para generar el cambio político que llevó a Abinader al Palacio Nacional.
De hecho, la primera gran señal que envió el presidente Luis Rodolfo Abinader al asumir el poder fue la designación de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República, acompañada de magistrados como Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ese mensaje fue interpretado por amplios sectores de la vida nacional como una demostración de que el nuevo gobierno estaba dispuesto a romper con prácticas del pasado y permitir que la justicia actuara con independencia, caiga quien caiga.
Pero hoy el escenario luce diferente, el fallo judicial que favorece a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta ha provocado cuestionamientos, incertidumbre y preocupación en sectores que respaldaron al PRM y a Luis Abinader precisamente por su discurso anticorrupción. No se trata de discutir una sentencia judicial que debe ser respetada dentro del marco del Estado de derecho, de lo que se trata es de analizar las consecuencias políticas que esa decisión puede generar en la percepción pública. Porque en política la percepción muchas veces pesa más que la realidad.
Si una parte importante de la población comienza a sentir que los grandes casos de corrupción terminan sin consecuencias, el PRM corre el riesgo de perder el principal activo político que lo diferenció de sus adversarios. Y cuando un partido pierde la bandera que le dio identidad y legitimidad ante el electorado que lo llevó al poder, comienza a transitar un camino peligroso que sin lugar a dudas lo conducirá a la expulsión del gobierno como le aconteció al PLD, a pesar de tener 20 años gobernando el país.
El problema para el oficialismo no es Gonzalo Castillo (El Penco), es la narrativa que puede instalarse en la mente de los ciudadanos y que podría resumirse en preguntas devastadoras: ¿qué pasó con la lucha contra la corrupción que prometieron? ¿Será que no era verdad que existía tal corrupción? Y si esas preguntas comienzan a crecer en la conciencia colectiva, el panorama electoral de 2028 podría complicarse mucho más de lo que algunos amigos del PRM imaginan.
El Partido Revolucionario Moderno pueda que esté a tiempo para reflexionar, corregir y fortalecer la confianza de quienes apostaron por el cambio, pero debe entender que el respaldo popular no es eterno. Los pueblos apoyan mientras creen, mientras confían y mientras sienten que las promesas se cumplen, algo que es una debilidad de este gobierno si juzgamos por los hechos…
La historia política dominicana está llena de gobiernos que creyeron que el poder era permanente y terminaron descubriendo que la voluntad popular cambia cuando la esperanza se convierte en decepción. Por eso, más que una victoria para unos o una derrota para otros, el no ha lugar a Gonzalo Castillo representa una advertencia política de enormes proporciones para el Gobierno de Luis Abinader y el PRM. Porque si el partido oficial pierde la credibilidad en su lucha contra la corrupción, podría perder también la principal razón por la que millones de dominicanos le entregaron el poder. Y eso, aunque muchos todavía no quieran admitirlo, podría convertirse en la mayor amenaza para su permanencia más allá de 2028.