Panorama Opinión. Hace unas semanas me pronuncié contra uno de los tantos excesos policiales que se registran en el país, en ese momento sobre el asesinato a un supuesto delincuente en Moca, muerto a pesar de rendirse con las manos arriba, sobre mi opinión recayeron muchas críticas y quienes aseguraron que estaba “bien muerto, pero mal matado”.
La escena volvió a repetirse hace unos días, el caso delincuente joven muerto en Herrera a sangre fría por un agente, cuando intentó intervenir en un arresto.
Cada vez que una persona muere durante un operativo policial, el debate suele dividirse en dos bandos. De un lado, quienes exigen una investigación. Del otro, quienes responden con una frase que se ha vuelto peligrosamente común: “Era un delincuente, bien muerto está.”
Pero esa no es la verdadera discusión.
Es posible que haya personas que hayan cometido delitos graves. Es posible incluso que algunas representen un peligro real para la sociedad. Sin embargo, una pregunta sigue siendo inevitable: ¿quién garantiza que, cuando una actuación policial excede los límites de la ley, ese mismo poder no será utilizado mañana contra alguien inocente?
Ahí radica el verdadero peligro.
No existen los “buenos excesos”. Cuando un agente del Estado actúa fuera del marco legal, deja de proteger a la sociedad y comienza a debilitar las garantías que protegen a todos los ciudadanos. Hoy la víctima puede ser alguien con antecedentes; mañana puede ser un joven confundido con un sospechoso, una persona que estuvo en el lugar equivocado o cualquier ciudadano que nunca tuvo relación con un delito.
La justicia no puede depender de la simpatía o antipatía que despierte una persona. Si aceptamos que el Estado actúe al margen de la ley porque creemos que la víctima “se lo merecía”, estamos aceptando que la ley deje de ser el límite del poder.
Y cuando eso ocurre, nadie está completamente seguro.
Las fuerzas del orden tienen una misión indispensable y muchas veces enfrentan situaciones de enorme riesgo. Su labor merece reconocimiento cuando actúan con profesionalismo y dentro del marco legal. Precisamente por esa importancia, también deben rendir cuentas cuando existen indicios de uso excesivo de la fuerza. Exigir investigaciones no debilita a la Policía; la fortalece, porque distingue a una institución profesional de una que actúa sin controles.
Una democracia no se mide por cómo trata a los ciudadanos ejemplares. Se mide, sobre todo, por cómo aplica la ley incluso frente a quienes son acusados de violarla. Porque la justicia no puede convertirse en venganza ni el uniforme en una licencia para actuar sin límites.
Hoy muchos celebran una muerte porque creen que la víctima era culpable. Pero el problema nunca ha sido quién murió. El problema es qué reglas estamos dispuestos a romper para justificarlo.
Y cuando una sociedad comienza a seleccionar qué excesos aplaude y cuáles condena, deja de defender la justicia para empezar a defender la conveniencia.
