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Tribunal rechaza devolver pruebas a imputado en caso de red de sobornos

Tribunal rechaza devolver pruebas a imputado en caso de red de sobornos.
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Panorama Judicial. – El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó parcialmente la solicitud de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, imputado en el caso de una presunta red de sobornos integrada por militares y un civil, al negar la devolución de evidencias ocupadas durante los allanamientos por considerar que podrían ser objeto de decomiso al concluir el proceso judicial.

La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, acogiendo los argumentos del Ministerio Público, representado en audiencia por la fiscal litigante Rosa María Pichardo.

La representante del órgano acusador explicó que el tribunal entendió que los efectos reclamados por Fernández Espinal son relevantes para la investigación y podrían ser solicitados en decomiso en una etapa posterior del proceso.

No obstante, indicó que el Ministerio Público no objetó la devolución de otros objetos retenidos que carecen de valor probatorio para el caso, petición que fue acogida por el tribunal.

Procurador adjunto Wilson Camacho / Fuente exterrna

Fernández Espinal figura entre los procesados por integrar una presunta estructura de corrupción que, según la acusación, operaba mediante el cobro de sobornos y afectó instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

En el expediente también son procesados el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y Ramón Quezada Ortiz; el primer teniente Wellington Peralta Santos, así como el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

El Ministerio Público les imputa los delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, además de presuntas violaciones a la Constitución y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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