Panorama Judicial. – El Ministerio Público solicitó este viernes la imposición de prisión preventiva contra una mujer acusada de quitarle la vida a su hija de seis años de edad en un hecho ocurrido el pasado mes de marzo en la provincia San Cristóbal.
La imputada, Yoleydi Linarez Araujo, fue arrestada mediante orden judicial y posteriormente sometida a la justicia luego de que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público establecieran que presuntamente asfixió a la menor.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, las autoridades iniciaron la investigación luego de recibir información de que el pasado 11 de marzo, alrededor de las 12:00 del mediodía, una niña había llegado sin signos vitales al área de emergencia pediátrica de un hospital de San Cristóbal.
Tras la notificación, representantes del organismo persecutor y agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Homicidios, acudieron al centro de salud para realizar el levantamiento del cadáver, procedimiento que quedó registrado mediante el acta No. 0107906 emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Posteriormente, el informe de autopsia, emitido el 12 de marzo de 2026 por el Inacif, concluyó que la menor falleció por asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios.
El expediente señala que, tras diversas diligencias investigativas, entre ellas levantamientos de cámaras de vigilancia, entrevistas, interrogatorios y recopilación de evidencias, las autoridades determinaron que la menor habría sido ultimada dentro de su residencia, ubicada en el sector Sabana Toro, en San Cristóbal.
Las investigaciones también establecen que el hecho ocurrió durante la mañana del mismo día en que la niña fue trasladada al centro de salud.
El pasado 6 de mayo fue ejecutada una orden de arresto contra Linarez Araujo, señalada por el Ministerio Público como presunta autora material del crimen.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal fijó para este sábado 9 de mayo la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.