Participación Ciudadana rechaza existencia de “lawfare” en RD y defiende que caso Calamar debe ir a juicio de fondo
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional._ El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana rechazó que en la República Dominicana se practique el denominado “lawfare”, al asegurar que no existen mecanismos de persecución judicial con fines políticos contra dirigentes. La entidad sostuvo que los procesos deben analizarse desde la perspectiva del debido proceso y la existencia de pruebas.
El coordinador general del movimiento, Francisco Álvarez, afirmó que las acusaciones por mala administración de fondos públicos no pueden confundirse con persecución política. “Si tú estuviste en un cargo público administrando mal el dinero, ahí no se puede hablar de lawfare”, expresó durante una entrevista en el programa D’Agenda.
Álvarez se refirió además a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien rechazó el uso de procesos judiciales con fines políticos. El jurista defendió su derecho a opinar y aseguró que ello no representa una afectación a la soberanía nacional.
“Yo creo en la democracia global, ella tiene el derecho de opinar”, sostuvo el activista, al señalar que la democracia es un valor universal. Agregó que la cooperación internacional ha sido clave en el fortalecimiento institucional de la región.
En ese sentido, recordó el apoyo histórico de organismos como la USAID y otros gobiernos en procesos electorales y programas de lucha contra la corrupción. También afirmó que cada país es libre de decidir el tipo de cooperación que recibe.
Sin embargo, Álvarez criticó una decisión del expresidente Donald Trump de limitar la persecución de empresarios estadounidenses por corrupción en el extranjero. Dijo que prefiere mayor colaboración internacional para mejorar los sistemas de compras y contrataciones públicas.
Al abordar el caso Calamar, el coordinador de Participación Ciudadana sostuvo que los imputados Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben enfrentar un juicio de fondo. A su juicio, ese escenario les permitiría demostrar su inocencia con base en pruebas.
Explicó que el Código Procesal Penal establece como criterio para enviar un caso a juicio la existencia de probabilidad de condena, no certeza. En ese sentido, consideró que la etapa preliminar no determina culpabilidad ni inocencia definitiva.
Álvarez citó testimonios presentados por el Ministerio Público en el expediente, asegurando que algunos elementos probatorios justifican el envío a juicio. Indicó además que la jueza que conoció la audiencia preliminar admitió varias pruebas para ser valoradas en fondo.
Finalmente, reiteró que estos casos de corrupción deben ser conocidos en juicio de fondo para garantizar transparencia. “Si logran una absolución en juicio, podrán decir en cualquier lugar que están libres de responsabilidad”, concluyó.
