Olivo R. Huertas dice el «juicio político» sería régimen de consecuencias por caso CCRD
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. El abogado constitucionalista, Olivo Rodríguez Huertas, explicó este miércoles que el juicio político es la figura oportuna para sancionar las acciones que vayan en detrimento de la conducta del funcionario público en este caso del intento de aumentar los salarios en la Cámara de Cuentas (CCRD).
El juicio político a consideración de Huertas es el mecanismo para las instituciones como la CCRD, dijo que: “Esta es una figura bastante complicada y compleja que exige una voluntad de las fuerzas políticas que interactúan en el mismo para que un juicio político pueda prosperar”.
De aplicarse un juicio político a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) sería un proceso constitucional iniciado por la Cámara de Diputados y juzgado por el Senado, motivado por faltas graves en el desempeño de funciones, tales como manipulación de auditorías, conflictos internos y presunta ineficiencia administrativa.
Aclaró que, una violación a una disposición constitucional debe considerarse como una falta grave en el desempeño de las funciones.
“Es decir, que, llegue desde la Cámara de Diputados se pueda producir una acusación y que el Senado pueda proceder como órgano de juicio político a decisor de esa sustitución”, recomendó.
El juicio político
El juicio político en la Constitución de la República Dominicana es un procedimiento de control congresional contra altos funcionarios por faltas graves en el ejercicio de sus funciones (arts. 80, 83 y 115). La Cámara de Diputados acusa con dos terceras partes, y el Senado juzga, requiriendo el mismo quórum.
Presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, jueces de la Suprema Corte, jueces del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo.
El Congreso Nacional
La Cámara de Diputados inicia la investigación y presenta la acusación (art. 83) con el voto de dos terceras partes.
La Cámara del Senado es la cual actúa como tribunal para juzgar la acusación (art. 80), también con dos terceras partes.
El Tribunal Constitucional ha señalado que este procedimiento debe respetar el debido proceso y puede ser objeto de acciones de inconstitucionalidad.
El dato
Los miembros del pleno han sido presionados por la opinión pública y el Congreso tras escándalos de gestión, buscando reestructurar el órgano responsable de auditar los recursos del Estado. En la actualidad, el pleno se ha visto en la esfera pública por intentar aumentar salarios y quitar bonos a servidores públicos. ¡Sea usted el jurado!
