Municipalidad en crisis: cuentas, ley y realidad
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Por: José Alberto Blanco
Panorama Opinión. El pasado 24 de abril, en el marco de la rendición de cuentas municipal, se evidenció una vez más la profunda brecha entre lo que la ley manda y lo que la ciudadanía recibe.
La Ley 166-03 en la República Dominicana establece la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, consignando un 8% del Presupuesto Nacional en 2004 y un 10% a partir de 2005. Esta normativa regula la transferencia de fondos del gobierno central a los municipios, incluyendo ingresos adicionales y recargos. Sin embargo, este mandato legal sigue siendo negado en la práctica, dejando a los municipios en estado de precariedad financiera.
Resulta extraña y preocupante la conducta de muchos alcaldes, quienes en lugar de reclamar con firmeza lo que la ley les reconoce, se conforman con administrar recursos insuficientes. Esa pasividad frente a una violación legal tan evidente debilita la institucionalidad municipal y transmite a la ciudadanía la idea de que sus propios representantes han renunciado a defender el derecho de sus comunidades.
Algunos plantean que los ayuntamientos no tienen la capacidad gerencial para manejar el presupuesto que la ley les concede. Si esto fuera cierto, entonces queda en la ciudadanía la responsabilidad de cuestionarse sobre lo que estamos eligiendo y exigir autoridades capaces de administrar con transparencia y eficiencia los recursos públicos.
La consecuencia de esta negación es visible en cada rincón de nuestras comunidades: inundaciones recurrentes, producto de la falta de inversión en drenaje pluvial y planificación urbana; servicios municipales pobres, desde la recogida de desechos hasta el alumbrado público; y una creciente sensación de abandono entre los ciudadanos que ven cómo sus impuestos no se traducen en bienestar.
La rendición de cuentas debería ser un espacio de transparencia y esperanza, pero se convierte en un espejo de carencias. Los alcaldes y concejales se ven obligados a justificar lo injustificable: administrar con migajas, mientras la ley les reconoce un derecho que el Estado central niega.
La ciudadanía merece más que excusas. Merece un cumplimiento efectivo de la Ley 166-03, porque sin recursos no hay gestión posible, y sin gestión no hay desarrollo local. La negación del 10% es, en esencia, una negación del derecho de los municipios a crecer y servir.
La rendición de cuentas del 24 de abril no debe quedar como un acto protocolar. Debe ser un llamado urgente a la acción: exigir que la ley se cumpla, que los recursos lleguen, y que las inundaciones y los servicios precarios dejen de ser la marca de nuestra vida municipal.
