Micky López apelará rechazo precandidatura de Pilarte; defensa dice se enteraron por la prensa sobre acusación

Por Deydania De la Rosa.-El esposo de la diputada Rosa Amalia Pilarte, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Arturo López (Micky), dijo este martes que recurrirá al Tribunal Superior Electoral (TSE), ante el rechazo de la precandidatura de su esposa.

«Aunque la rechacen no importa. Si el Tribunal Superior Electoral nos da ganancia de causa, yo soy partidario de entregarle la ganancia de causa al partido y que el partido decida si quiere seguir con nosotros o con otra persona, pero queremos que el Tribunal Superior Electoral decida sobre esta situación», aseguró López.

Micky calificó como “prematura” la decisión del PRM sobre el rechazo de la solicitud de inscripción de precandidatura a diputada por la Circunscripción 1 de la provincia La Vega, de Rosa Amalia Pilarte.

“Creo que fue un poco prematura la decisión de nuestro partido, creo que se debió esperar un poquito más el desarrollo de los acontecimientos”, consideró Miguel Arturo López.

También, dijo que no cree que cambien de partido a pesar de la decisión tomada por el PRM a la precandidatura de Pilarte.

Solicitud de medida de coerción

Luis Felix, defensa de Miguel Arturo López, informó que hasta el momento no tienen conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra la diputada Pilarte.

“Aun nosotros no tenemos conocimiento de la solicitud de medida de coerción (…) ni de la solicitud de apertura en juicio, ni de la acusación que se ha planteado en contra de la señora Rosa Amalia Pilarte”, aseguró el jurista en el programa radial El Sol de la Mañana, transmitido por Zol 106.5 FM.

El Ministerio Público

La Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos en efectivo contra la legisladora Pilarte López, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

 “Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso, el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00), así como el impedimento de salida del país”, solicita el Ministerio Público ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.