Panorama Opinión._ En meteorología existe un fenómeno conocido como la tormenta perfecta. Ocurre cuando varios sistemas climáticos independientes convergen al mismo tiempo y, al potenciarse entre sí, producen un fenómeno mucho más destructivo que la suma de cada uno por separado.
En política sucede exactamente lo mismo.
Los gobiernos rara vez pierden el respaldo ciudadano por un solo error o por una única crisis. Generalmente, el desgaste comienza cuando diferentes problemas económicos, sociales, políticos, fiscales y de comunicación coinciden en un mismo momento hasta formar un escenario extraordinariamente complejo.
Esa es, a mi juicio, la etapa que parece comenzar a enfrentar el gobierno.
Sería injusto atribuirle al oficialismo todas las dificultades que ha enfrentado durante estos seis años de gestión. Desde su llegada al poder en agosto de 2020, la administración del PRM ha tenido que gobernar en medio de acontecimientos internacionales sin precedentes. Primero la pandemia del COVID-19; luego la guerra entre Rusia y Ucrania; y, más recientemente, la escalada del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Todos estos acontecimientos provocaron inflación, aumentos en los precios de las materias primas, incrementos en los combustibles, alteraciones en las cadenas de suministro y una desaceleración de la economía mundial.
República Dominicana, como una economía abierta, no podía escapar a esos efectos.
Sin embargo, reconocer esa realidad no impide analizar otra igualmente evidente: mientras enfrentaba esas tormentas externas, el propio Gobierno fue acumulando otras de origen interno que, lejos de disminuir, han ido conformando un panorama políticamente mucho más complejo.
La primera tormenta no es política. Es fiscal. Porque cuando las finanzas públicas comienzan a estrechar el margen de maniobra de un gobierno, todas las demás decisiones terminan condicionadas por esa realidad.
Aunque la economía dominicana ha mantenido un crecimiento superior al promedio regional, las finanzas públicas muestran señales que merecen atención. De acuerdo con cifras oficiales, la deuda del Sector Público No Financiero ya equivale a cerca del 48 % del Producto Interno Bruto. El servicio de ese compromiso absorbe cada año una porción creciente de los recursos del Estado, mientras el gasto corriente continúa expandiéndose y limita la capacidad del Gobierno para invertir con mayor intensidad en infraestructura, seguridad ciudadana, salud, educación y obras de desarrollo.
Naturalmente, endeudarse no constituye, por sí mismo, una mala decisión. Todos los gobiernos recurren al crédito para financiar inversiones, enfrentar emergencias o acelerar el desarrollo. La discusión relevante no es si un país se endeuda, sino para qué se endeuda, cuánto cuesta esa deuda y qué capacidad tiene el Estado para sostenerla sin sacrificar inversión pública ni estabilidad fiscal.
Más que un debate sobre el monto de la deuda, la verdadera discusión debe centrarse en la calidad del gasto público. Cuando el gasto corriente crece más rápido que la inversión y una parte importante de los ingresos nacionales termina destinada al pago de intereses, el margen de acción del Gobierno se reduce y las presiones fiscales aumentan inevitablemente.
La segunda tormenta ha sido política.
El Gobierno convocó al Consejo Económico y Social para discutir un amplio paquete de reformas estructurales cuyas deliberaciones concluyeron sin los resultados esperados. Posteriormente impulsó una reforma constitucional cuya necesidad no logró explicar de manera convincente a buena parte de la población. Más adelante intentó promover una legislación que numerosos sectores interpretaron como una amenaza para la libertad de expresión, un cuestionamiento que reapareció durante el debate del nuevo Código Penal y la Ley de Residuos Sólidos. Ambas iniciativas, lejos de consolidarse como logros institucionales tras años de espera, terminaron generando controversias debido a la percepción de que los procesos de discusión y consenso con los sectores involucrados resultaron insuficientes.
Un caso distinto fue el denominado Plan de Rescate Anticrisis. A diferencia de otras iniciativas, esta propuesta fue manejada con una estrategia de comunicación mucho más efectiva y, probablemente, ha sido una de las pocas ocasiones en las que el Gobierno logró construir previamente un relato que facilitó su aceptación. La experiencia y la reconocida capacidad técnica de Magín Díaz fueron determinantes para que amplios sectores recibieran positivamente la propuesta en sus primeros días.
Sin embargo, una vez aprobadas las medidas comenzaron a surgir cuestionamientos de distintos sectores que sostienen haber identificado disposiciones incorporadas de manera poco visible durante el proceso legislativo, alimentando la percepción de que algunos cambios no fueron suficientemente explicados ni debatidos antes de su aprobación. Como resultado, una iniciativa que parecía convertirse en un éxito político y comunicacional también ha comenzado a generar dudas y nuevas controversias.
La tercera tormenta ha sido la comunicación.
Ningún gobierno está exento de cometer errores. Lo que diferencia a las administraciones exitosas es su capacidad para anticiparse a los conflictos, explicar oportunamente sus decisiones y construir consensos antes de ejecutar grandes transformaciones.
Ese parece haber sido uno de los principales puntos débiles del oficialismo.
En numerosas ocasiones el Gobierno ha reaccionado cuando la crisis ya está instalada, permitiendo que otros construyan el relato antes que él. En política, la percepción suele ser tan importante como la realidad. Cuando un gobierno pierde la capacidad de explicar sus decisiones antes de que otros las interpreten, comienza a perder uno de los activos más importantes del poder: la confianza.
La cuarta tormenta ha sido la acumulación de descontentos.
A nivel de calle, las preocupaciones se concentran hoy en el alto costo de la vida y el precio de los combustibles, mientras la ciudadanía demanda respuestas más eficaces frente a problemas estructurales históricos. Al mismo tiempo, en el tejido productivo y profesional se observa con inquietud la dirección de ciertas decisiones fiscales y regulatorias, lo que ha generado fisuras con diversos gremios. Cada uno de esos desafíos, considerado de manera individual, podría ser administrable. Pero cuando todos aparecen al mismo tiempo dejan de ser hechos aislados para convertirse en una sola realidad política.
Existe una quinta tormenta. Y quizás sea la más peligrosa de todas: la convergencia de las cuatro anteriores.
Quizás el mayor problema del Gobierno no sea ninguno de estos desafíos de manera aislada. El verdadero riesgo es que, por primera vez desde que asumió el poder, parece enfrentar simultáneamente cuestionamientos provenientes de los sectores populares, de la clase media, de parte del empresariado, de diversos gremios profesionales y, además, una percepción de enfriamiento en la relación con su principal aliado estratégico y socio comercial: los Estados Unidos. Cuando actores con intereses tan distintos comienzan a expresar preocupaciones al mismo tiempo, cualquier gobierno debería detenerse a escuchar con atención.
Y es precisamente ahí donde aparece la verdadera tormenta perfecta.
Porque las tormentas perfectas no nacen de un único fenómeno. Se forman cuando varias circunstancias independientes comienzan a potenciarse entre sí hasta crear un escenario extraordinariamente difícil de controlar.
Todavía faltan dos años para las elecciones de 2028. Dos años representan una eternidad en política. Existe tiempo para rectificar errores, reorganizar prioridades, racionalizar el gasto público, fortalecer las finanzas del Estado, reconstruir consensos y recuperar la confianza de sectores que hoy expresan inconformidad.
Pero el tiempo, por sí solo, no resuelve los problemas. Cada semana que pasa sin cerrar un frente de conflicto y cada decisión que abre uno nuevo contribuyen a la formación de un escenario cada vez más complejo.
La historia demuestra que los gobiernos no suelen ser derrotados por una sola crisis. Son derrotados por la acumulación de problemas que nunca fueron resueltos, por decisiones que no fueron suficientemente explicadas y por señales de advertencia que fueron ignoradas.
Si el Gobierno logra reconocer esas señales y actuar con la serenidad, la planificación y el liderazgo que exige el momento, todavía podrá disipar las nubes que hoy se acumulan en el horizonte.
Si no lo hace, la historia podría recordar este período como el momento en que comenzaron a confluir todos los elementos de una misma realidad política.
Porque las tormentas perfectas no destruyen por la fuerza de un solo viento.
Destruyen cuando todos los vientos comienzan a soplar en la misma dirección y quienes están al mando del timón no advierten que el temporal ya ha comenzado.
