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Los escándalos que sacaron a Bartolomé Pujals de la Ogtic

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Panorama Actualidad. Durante el desarrollo de su gestión como director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Bartolomé Pujals, se vio envuelto en varios escándalos por irregularidades en su accionar.

Este domingo, el funcionario conocido en años anteriores por sus luchas sociales, fue removido de su cargo como director de Ogtic y designado embajador representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), luego de haber sido el centro de controversias por irregularidades en la administración de la Ogtic.

Ahora, cuando se produce este movimiento, Panorama recuerda los casos irregulares en los que se vio envuelto Pujal al frente de esta institución.

Millonarios gastos en alquileres de oficinas de Ogtic

Durante su gestión en Ogtic, Pujals fue criticado por realizar arrendamientos para oficinas de esa institución valorados en RD$1,400 millones en Santo Domingo, RD$287 millones en San Cristóbal y RD$296 millones en Punta Cana.

Contrató experto en redes sociales por más de RD$6 millones

Bajo la dirección de Pujals, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) fue motivo de controversias al formalizar un contrato por 6 millones 492 mil pesos con Darío Alexander Soriano Hernández, un experto en gestión de crisis en etapas de ruido en redes sociales. Según el documento, firmado por Bartolomé Pujals, el contrato tenía una duración de seis meses.

Carlos Pimentel y Bonilla

Contratos a miembros del PRM

La adjudicación del contrato que suscribió con la empresa Health Gorila DR SRL y que posteriormente Pujals decidió dejar sin efecto dejando a la ciudadanía con interrogantes a pesar de la cancelación del mismo, también fue razón de controversias: ¿por qué entregarle un contrato a una empresa recién creada?

El contrato cancelado consistía en un proceso de excepción por un valor de más de RD$300 millones, para la adquisición de una plataforma de red de datos de salud, que sería implementada en el sistema de salud del país.

Se cuestionó que se haya adjudicado este contrato sin realizar una licitación pública ni justificar las razones de la excepción y que se haya elegido a Health Gorila DR como la única empresa capaz de crear una plataforma de esa naturaleza, cuando hay tantas otras empresas en el país y fuera de la República Dominicana, con la capacidad para hacer un software como el que se requería.

La empresa que recibiría el beneficio es propiedad del funcionario Miguel Antonio Núñez Herrera, quien se desempeñaba como director de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores desde agosto de 2020 hasta enero de 2023.

Posteriormente el 22 de marzo de este año, Núñez Herrera fue designado por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 123-23, como miembro independiente del Consejo Nacional del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores por un período de cuatro años.

Contrato ministro Carlos Bonilla

El caso de la adjudicación del contrato superior a los 295 millones de pesos por el alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final era el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, fue el último de los casos relacionados a este funcionario que salieron a la luz pública.

Sobre este en particular Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, confirmó en el programa Toda la Verdad, que dentro del fideicomiso Velero At Punta Cana hay una empresa en la que el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, posee más del 10% de las acciones, superando el límite permitido por la ley. No obstante, aclaró que las contrataciones se realizaron con el proveedor adjudicado y no directamente con la empresa en cuestión.

Pimentel admitió que la debida diligencia realizada por la Ogtic fue simple y no se amplió en las verdaderas estructuras de propiedad del inmueble en cuestión. Destacó la importancia de fortalecer los procesos de verificación para evitar riesgos y garantizar mayor transparencia en las contrataciones del Estado.

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