Panorama Nacional. Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, confirmó en el programa Toda la Verdad que dentro del fideicomiso Velero At Punta Cana hay una empresa en la que el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, posee más del 10% de las acciones, superando el límite permitido por la ley. No obstante, aclaró que las contrataciones se realizaron con el proveedor adjudicado y no directamente con la empresa en cuestión.
“La debida diligencia de la Ogtic fue simple y no alcanzó las estructuras reales de propiedad”, manifestó Pimentel en declaraciones exclusivas a la periodista Odalis Castillo del grupo de Medios Panorama.
Pimentel admitió que la debida diligencia realizada por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) fue simple y no se amplió en las verdaderas estructuras de propiedad del inmueble en cuestión. Destacó la importancia de fortalecer los procesos de verificación para evitar riesgos y garantizar mayor transparencia en las contrataciones del Estado.
«No hubo contrato, pago ni beneficiario final», sostuvo.
El funcionario insistió que en el proceso cuestionado no existió contrato registrado, no se efectuó pago alguno y, por ende, no hubo beneficiario final, ya que el proceso fue cancelado tras la renuncia del adjudicatario. Ante cuestionamientos sobre posibles irregularidades, Pimentel subrayó que en República Dominicana se ha avanzado en la debida diligencia en contrataciones públicas, pero insistió en la necesidad de profundizar en los controles para evitar riesgos reputacionales y conflictos de intereses.
“Empresa vinculada al ministro del Mived, Carlos Bonilla, tiene su registro suspendido por incompatibilidad”
Pimentel reveló que la empresa en la que el ministro de la Vivienda tiene participación accionaria dentro del fideicomiso no puede operar como proveedor del Estado, ya que su registro fue suspendido hace uno o dos años como medida preventiva por el régimen de incompatibilidad. Aclaró que el fideicomiso no es proveedor del Estado y que la transacción cancelada por la Ogtic tras la renuncia del adjudicatario no se realizó ni con el fideicomiso ni con la empresa vinculada al ministro, sino con un tercero que sí tiene su registro de proveedor activo y en cuya composición accionaria el funcionario no participa.
Este punto fue cuestionado en la entrevista de Toda La Verdad, recordando que la negociación del alquiler mostró que los precios mensuales por metro cuadrado entre el fideicomiso y Jacinto el inquilino y entre el inquilino y la Ogtic son prácticamente idénticos lo que hacía inviable cualquier margen de ganancia, a menos que la rentabilidad nunca haya sido el objetivo de la negociación, sino simplemente viabilizar la operación mediante un intermediario protegiendo a los verdaderos beneficiarios del proceso de adjudicación.
La ausencia de ley de beneficiarios finales debilita el sistema de contrataciones
El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, advirtió que la falta de una ley de beneficiarios finales representa una debilidad normativa que afecta la transparencia en el sistema de contrataciones públicas.
“A medida que el sistema se expande y diversifica con la participación de Múltiples entidades y empresas, es fundamental profundizar en la debida diligencia. Seguiremos insistiendo en ello para fortalecer el sistema de contrataciones”, afirmó Pimentel.
“En 2006 se sentaron las bases de un sistema de impunidad en contrataciones”
Pimentel afirmó que la eliminación del sistema de consecuencias de la Ley 340, aprobada en 2006, desarrolló las bases para la impunidad en las contrataciones públicas de la República Dominicana.
“Desde entonces, el sistema ha operado sin un mecanismo efectivo de control y sanción”, advirtió. Ante esta situación, Pimentel destacó la necesidad de avanzar en una nueva ley que fortalezca la transparencia, mientras se implementa un nuevo reglamento y medidas de debida diligencia para mitigar riesgos en el proceso de contención.