En una reunión de alto perfil, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, se sentaron con representantes de medios de comunicación, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana (PC), para discutir la polémica Ley 1-24 que establece la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones.
En la mesa de diálogo también estuvieron presentes el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, y la directora de N Digital, Nuria Piera. Durante la reunión, los funcionarios compartieron detalles sobre la ley recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, la cual ha generado controversia debido a varios artículos que han suscitado el rechazo de diversos sectores de la sociedad.
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El presidente de la República, Luis Abinader, instruyó a los responsables de la Consultoría y el DNI a que se reunieran con representantes de la sociedad civil con el objetivo de explorar posibles modificaciones a la ley, buscando así un consenso que incluya a todos los sectores.
La Ley 1-24, según el Ejecutivo, regula el Sistema Nacional de Inteligencia y transforma el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia. Se ha destacado que esta legislación es considerada un «paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción».
Sin embargo, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD) han expresado su preocupación, argumentando que la nueva ley podría vulnerar derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana. En particular, señalan disposiciones que permitirían a la DNI recopilar información de bases de datos tanto públicas como privadas, así como acceder de manera automatizada a datos generados a través de tecnologías y servicios de telecomunicaciones.
La controversia ha llegado al Tribunal Constitucional, donde se han presentado varios recursos solicitando que se declare inconstitucional la mencionada ley, lo que destaca la creciente atención y debate en torno a este tema en la República Dominicana.
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