Panorama Político. No es fácil sentarse a escribir esto. Porque delante tengo el discurso de una mujer seria, una ejecutaria que ha construido un imperio desde el sector privado y que, además, se desempeña como asesora industrial honorífica del Poder Ejecutivo, lo que la sienta como miembro activo del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad.
Cuando Ligia Bonetti habla ante la Cámara Americana de Comercio, no es una empresaria más pidiendo migajas. Es la voz de un sector que, en teoría, debería entender los límites del Estado.
Pero hay un problema de fondo. Un problema que ella misma, con todo respeto, parece querer obviar en su diagnóstico.
Dice doña Ligia, con razón, que la República Dominicana enfrenta tres brechas: credibilidad tecnológica, competitividad energética y velocidad del talento. Dice, con acierto, que el nearshoring es una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar. Y pide, con toda la fuerza de su posición, un apoyo gubernamental articulado, incentivos fiscales selectivos y una alianza público-privada activa.
Suena bonito. Suena estratégico. Suena, incluso, impostergable.
Pero falta una pieza clave en ese rompecabezas. Una pieza que ella, desde su asiento en el Consejo Nacional de Competitividad, debería ser la primera en mencionar: el dinero no crece en los árboles, y las arcas nacionales no son una vaca con leche inagotable.
Porque mientras doña Ligia pide más incentivos, más coordinación y más apoyo del Estado, la realidad fiscal del país grita todo lo contrario. Y ese grito se vuelve ensordecedor cuando miramos el panorama externo.
El choque externo que nadie quiere nombrar
Empecemos por el principio. La economía dominicana no es una isla feliz en medio de un Caribe de vacas gordas. Al contrario: el mundo entero está entrando en una fase de fragmentación comercial, guerras arancelarias encubiertas y una reconfiguración de cadenas de suministro que beneficia a unos pocos.
Pero hay un hecho que duele más que los demás: los socios comerciales del país —Estados Unidos, la Unión Europea, incluso China— han comenzado a cerrar el grifo de la paciencia fiscal. Las remesas, aunque se mantienen, ya no crecen al ritmo de antes. La inversión extranjera directa compite con decenas de países que ofrecen lo mismo que nosotros, pero con menos burocracia y, en muchos casos, con incentivos más inteligentes. Y los precios de los combustibles, materias primas y logística siguen bailando al ritmo de guerras que no comenzamos nosotros.
Ese es el choque externo. Y tiene una consecuencia directa: los ingresos del Estado se estancan o crecen por debajo de la inflación, mientras los gastos fijos —nómina, subsidios, deuda— se disparan.
¿Qué hace un gobierno en esa situación? Pues lo que está haciendo el de Luis Abinader: apretarse el cinturón, pedir prestado a tasas cada vez más caras y tratar de no colapsar. Pero eso no es sostenible. Y lo peor es que, en ese contexto, cualquier pedido de nuevos incentivos fiscales suena como pedirle sangre a un enfermo de anemia.
Ahí es donde el discurso de doña Ligia Bonetti se topa con un muro. Un muro llamado realidad fiscal.
El acierto puntual: captar inversiones de México y China para exportar a Estados Unidos
Dicho esto, hay que ser justos. La idea de fondo que plantea la señora Bonetti es atinada. No solo atinada: es urgente.
El nearshoring no es un invento de mercadólogos. Es una reconfiguración real de las cadenas globales de valor. Empresas chinas y mexicanas, sobre todo, están buscando salidas para producir más cerca del mercado estadounidense sin los costos de la guerra comercial entre Pekín y Washington. México ya se llevó la tajada más grande gracias al T-MEC, pero la República Dominicana tiene una ventaja que no hemos sabido explotar: somos el punto más cercano del Caribe a la costa este de EE. UU., con puertos eficientes y una mano de obra que, mal que bien, sabe producir.
¿Qué propongo, entonces, desde un enfoque crítico pero constructivo? Que el gobierno diseñe un incentivo específico, temporal y medible para preparar a la industria dominicana en captar inversiones de empresas mexicanas y chinas que quieran exportar a Estados Unidos aprovechando la tasa preferencial más baja del 10%.
Ojo, no estoy inventando nada nuevo. Países como Costa Rica, Panamá e incluso Honduras ya tienen oficinas de promoción de inversiones enfocadas exclusivamente en el nearshoring asiático. Nosotros llegamos tarde, pero no tarde del todo.
El incentivo debería incluir:
· Exoneración temporal del ITBIS a la importación de maquinaria y equipos para empresas mixtas o extranjeras que se instalen con un plan de exportación a EE. UU.
· Capacitación acelerada en certificaciones técnicas, financiada con fondos de cooperación internacional, no del presupuesto nacional.
· Ventanilla única de aprobación de permisos en no más de 45 días.
Eso es puntual. Eso es atinado. Y eso podría generar un círculo virtuoso de empleo, divisas y crecimiento.
Pero aquí viene el pero mayúsculo: no podemos seguir dando incentivos nuevos mientras los que ya existen son una sangría insostenible.
La hora de revisar los jugosos incentivos al turismo y las zonas francas
Porque si algo caracteriza al modelo dominicano de los últimos cincuenta años es la generosidad mal entendida. Desde la década de 1970, el país ha entregado exenciones, exoneraciones y privilegios fiscales como si el fisco fuera una madre tierra de pechos infinitos.
El caso más flagrante es el turismo
No pagar impuestos a las propiedades ubicadas en zonas turísticas durante más de medio siglo no tiene nombre. Es un abuso legalizado. Miles de unidades hoteleras, villas, apartamentos y hasta terrenos baldíos disfrutan de una exención al impuesto a la propiedad que debería haber caducado hace décadas.
¿Por qué se hizo originalmente? Porque en los años 70 y 80 el país necesitaba atraer inversión hotelera. Tenía sentido. Pero eso fue hace 50 años. Hoy el turismo es el principal generador de divisas, las cadenas hoteleras más grandes del mundo operan aquí, y el sector se jacta de romper récords de llegada de visitantes cada año.
Entonces, ¿por qué siguen sin pagar impuestos a la propiedad? ¿Por qué siguen recibiendo exenciones a la importación de todo, desde una cama hasta un plato de porcelana?
No es sostenible. No es justo. Y, sobre todo, no es inteligente.
Aquí propongo algo concreto, pensado desde el siglo XXI, no desde los privilegios del siglo XX:
· Un máximo de 20 años de disfrute de exención al impuesto a la propiedad para nuevos proyectos hoteleros. Cumplido ese plazo, pagan como cualquier dominicano.
· Para los proyectos existentes que ya superan los 20 años, un plan de entrada gradual al pago del impuesto en un plazo de 3 a 5 años.
· No más exenciones al ITBIS en la operación turística local. El turismo extranjero ya está exento por ley. Pero el turismo local —dominicanos que se hospedan en hoteles nacionales— debe pagar el ITBIS completo. No hay razón para que un ciudadano de a pie pague impuestos en su colmado y un hotelero no los pague por una habitación que vende a un residente.
Y si queremos ser aún más ambiciosos, establezcamos también un pago máximo posible del área del Caribe en cuanto a cargas fiscales para el turismo. Es decir, que ningún impuesto al sector turístico supere el promedio de lo que pagan los mismos servicios en Cancún, Punta Cana o Jamaica. Pero desde ahora, no desde cero. Porque hoy el turismo dominicano paga menos que cualquier otro destino competitivo.
Crear un fondo para responder a Ligia Bonetti
Ahora viene lo importante. Todo ese dinero que se recuperaría al revisar los incentivos turísticos y de zonas francas no debe ir a llenar huecos del presupuesto corriente. Debe ir a un fondo específico, blindado, destinado exclusivamente a financiar las tres brechas que identificó doña Ligia.
Llamémoslo Fondo Nacional de Competitividad para el Nearshoring. Que se nutra de:
· El 50% de lo recaudado por el impuesto a la propiedad de zonas turísticas que antes estaban exentas.
· El 30% del ITBIS que paguen los hoteles por operaciones con turismo local.
· El 20% de las exoneraciones que se eliminen gradualmente a las zonas francas (sí, también hay que revisarlas, aunque duela decirlo).
Ese fondo debe ser administrado por una comisión paritaria Estado-sector privado, con auditoría externa y rendición de cuentas semestral. Nada de fideicomisos opacos o partidas secretas.
Si doña Ligia quiere incentivos, que se financien con este fondo. Si quiere coordinación público-privada, que la comisión del fondo sea su espacio de trabajo. Pero que no le pida más dinero al Estado que ya está quebrado.
La representante industrial en el Consejo de Competitividad no puede pensar que las arcas son inagotables
Y aquí voy a ser duro, pero respetuoso. La señora Ligia Bonetti es Asesora Industrial Honorífica del Poder Ejecutivo y miembro del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad. Ese cargo no es un adorno. Es un puesto desde el cual se deben diseñar políticas públicas realistas, no listas de deseos.
Decir, como ella dijo, que el país ha crecido «más por circunstancias favorables que por estrategia deliberada» es una verdad a medias. Porque la estrategia deliberada de los últimos cincuenta años fue justamente la que creó el modelo de incentivos turísticos y de zona franca que hoy ella misma, sin decirlo directamente, pone en duda.
No se puede pedir coherencia en las políticas públicas si al mismo tiempo se defienden privilegios del siglo XX para financiar inversiones del siglo XXI.
Quien se sienta en el Consejo Nacional de Competitividad no puede ignorar que las arcas nacionales son limitadas. No puede actuar como si el déficit fiscal, la deuda pública y el riesgo país no existieran. Porque existen. Y pesan.
Sin una reacción profunda, valiente y dolorosa sobre las exoneraciones y los incentivos existentes —especialmente los del turismo y las zonas francas—, cualquier pedido de nuevos incentivos es, lisa y llanamente, una insensatez.
La respuesta del gobierno, si sigue siendo responsable, debería ser un gran NO a cualquier nuevo incentivo que no venga acompañado de la eliminación o reducción de los viejos.
No matar la vaca
Hay una fábula que los economistas repiten hasta el cansancio: la del campesino que mató a la gallina de los huevos de oro. Nosotros hemos invertido la fábula.
Aquí, durante décadas, hemos convertido al Estado en una vaca sagrada a la que todos ordeñan sin parar. El turismo ordeña, las zonas francas ordeñan, los grandes importadores ordeñan, y ahora el sector de la manufactura local también quiere su turno.
Pero la vaca ya está flaca. Está en números rojos. Y si seguimos ordeñando sin alimentarla, un día no quedará ni el esqueleto.
La República Dominicana es hoy un solo país en el Caribe con una realidad de números rojos fiscales estructurales. No es Cuba bloqueada. No es Haití deshecho. No es Puerto Rico en bancarrota. Es un país que crece, que atrae inversión, que recibe remesas, pero que gasta más de lo que ingresa y regala privilegios como si le sobrara el dinero.
Esa no puede ser la realidad que herede la próxima generación.
Por eso, con todo respeto, quiero cerrar estas palabras dirigiéndome a doña Ligia Bonetti.
Señora Bonetti: usted tiene razón en muchas cosas. El nearshoring es una oportunidad. El talento dominicano puede más. La energía debe ser competitiva. Y el Estado debe articular una estrategia.
Pero para que el país pueda escuchar sus ideas, para que podamos sentarnos a diseñar ese nuevo modelo de incentivos del siglo XXI, primero tenemos que salvar al paciente. Y el paciente se llama hacienda pública.
Usted, que es empresaria inteligente, sabe que ninguna empresa puede dar incentivos si ya está en quiebra. Pues lo mismo aplica al gobierno.
No mate la vaca, doña Ligia. Ayúdenos a alimentarla. Empiece por usar su influencia como miembro del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad para exigir una revisión a fondo de las exenciones turísticas y de zonas francas. Ponga sobre la mesa el dato incómodo: esos privilegios de los años 70 ya cumplieron su ciclo.
Proponga, como lo hago yo aquí, un plazo límite de 20 años para la exención de impuestos a la propiedad turística. Proponga el pago del ITBIS completo al turismo local. Proponga un fondo de competitividad financiado con lo que se recupere de los viejos incentivos.
Haga eso, y entonces sí, con la casa en orden, pida los nuevos incentivos para la manufactura, la tecnología y el talento. Pero no antes.
Porque si no, su discurso, por bonito que suene ante la Cámara Americana de Comercio, se quedará en una lista de buenas intenciones que nadie puede pagar.
Y la única respuesta que merecerá será un no rotundo, sostenido y definitivo.
No por maldad. Sino por necesidad.
