Panorama Opinión. Este artículo de opinión se redacta desde una perspectiva personal, pero con un enfoque académico y jurídico-político, con el propósito de aportar una reflexión objetiva sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la legalidad de las intervenciones extranjeras y los peligros que entrañan los precedentes cuando se relativizan las normas del derecho internacional.
El debate contemporáneo en torno a la captura o extracción forzada de un jefe de Estado en territorio extranjero, sin un procedimiento de extradición ni autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obliga a separar cuidadosamente las simpatías ideológicas de los principios jurídicos que sostienen el orden internacional.
Desde el punto de vista del derecho internacional público, una operación realizada mediante el uso de la fuerza en territorio soberano de otro Estado, sin base legal reconocida, constituye una violación al principio de soberanía estatal y a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Incluso cuando se alegan graves violaciones a los derechos humanos, la legalidad del procedimiento sigue siendo un elemento central. El derecho internacional no reconoce la llamada “justicia por comando”.
En el plano de la política real, este tipo de acciones no deben interpretarse como decisiones jurídicas, sino como decisiones de poder. Se trata de actos geopolíticos donde prevalece la correlación de fuerzas y no el razonamiento normativo. En términos estrictos, no gana el mejor argumento legal, sino el actor con mayor capacidad de imponer su voluntad.
Desde una perspectiva moral, suele caer en una falacia peligrosa: asumir que la ilegitimidad de un régimen convierte automáticamente en legítima cualquier acción dirigida a su caída. El resultado, por sí solo, no valida el método. Un gobernante puede ser responsable de crímenes graves y, aun así, el procedimiento utilizado para removerlo puede ser ilegal. Confundir el fin con los medios debilita la coherencia ética del sistema internacional. El aspecto más preocupante es el precedente que se establece. Si se acepta sin matices la captura forzada de líderes extranjeros bajo justificaciones políticas o morales, se abre la puerta para que cualquier potencia haga lo mismo. China, Rusia u otros actores podrían invocar razones similares para intervenir en terceros Estados. De esta manera, se erosionan los límites normativos y se regresa a una lógica internacional basada en la ley del más fuerte.
Para la República Dominicana, este debate tiene un significado histórico particular. Nuestro país fue objeto de múltiples intervenciones extranjeras: el control estadounidense de las aduanas en 1905; la ocupación militar de 1916 a 1924; la influencia determinante durante la dictadura de Trujillo entre 1930 y 1961; y la intervención militar de 1965– 1966, justificada bajo los argumentos de restaurar el orden y salvar la democracia.
La intervención de 1965, en particular, dejó como consecuencia un periodo político conocido como los “Doce Años”, caracterizado por autoritarismo, represión y una fuerte alineación externa. Estos antecedentes obligan a los dominicanos a observar con cautela cualquier normalización de la intervención armada como herramienta política.
La experiencia histórica demuestra que el discurso internacional suele operar bajo una lógica de doble moral: no es que sea un gobierno populista, sino que sea mi gobierno populista; no es que sea un régimen, sino que sea mi régimen; no es que sea un dictador, sino que sea mi dictador. Las violaciones a los derechos humanos se condenan o se toleran según la conveniencia estratégica.
Defender el derecho internacional no implica defender gobiernos específicos, sino defender reglas. Cuando estas reglas se relativizan, los Estados más pequeños y vulnerables son los primeros en pagar el costo. La coherencia jurídica y moral no es un lujo académico, sino una necesidad histórica.
En conclusión, la forma importa. Importa tanto como el resultado. La estabilidad del orden internacional depende de que los principios no se sacrifiquen en nombre de coyunturas políticas. Recordar la historia dominicana es, en este contexto, un ejercicio de responsabilidad y de memoria.
