Panorama Opinión. Un video basta. Diecinueve años, una motocicleta, un reclamo y un disparo a quemarropa. Darlin Mercado Reyes murió el viernes 3 de julio en La Cañada de Guajimía, Herrera, Santo Domingo Oeste, y con él murió también, otra vez, la paciencia de un país que ya no sabe dónde meter la rabia. Desde su cuenta de X, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó el hecho de “abuso policial imperdonable” y aseguró que “ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad”. Son las palabras correctas. El problema es que a esta ministra, forjada como legisladora combativa que no perdonaba adjetivo alguno contra el otrora oficialismo, ya no le alcanza la tuitiadera: sus propias políticas al frente del Ministerio se han concentrado, mes tras mes, en incautar bocinas y requisar mesas de dominó, mientras la violencia policial y el crimen organizado campan a sus anchas.
La ministra de las bocinas y los dominós
No es un desliz retórico: es el resumen de una gestión. Los operativos más visibles del Ministerio bajo Faride han sido, sistemáticamente, contra el ruido de los colmados, el expendio de alcohol fuera de horario y las bocinas de los músicos de barrio, al punto de generar marchas de comerciantes y una solicitud de interpelación en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el director general de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, repite en cada rueda de prensa la misma fórmula de evasión: “Diego (Pesqueira) les va a dar los detalles”. Esa frase, ya un tic institucional, retrata el problema de fondo: una cúpula que administra el ruido con mano dura y la violencia de sus propios agentes con la mano floja de quien prefiere que otro dé la cara.
La cabeza también rueda
En los países que se respetan a sí mismos, cuando un subalterno comete un error imperdonable, no dimite solo él. En Bélgica, la crisis de las dioxinas de 1999 costó el puesto a dos ministros. En Corea del Sur, el hundimiento del ferry Sewol en 2014, con más de trescientos adolescentes muertos, obligó a renunciar al primer ministro Chung Hong-won, que jamás apretó un botón equivocado pero encarnaba la cadena de mando que falló. En Italia, el colapso del puente Morandi de Génova en 2018, con cuarenta y tres muertos, se llevó por delante al máximo responsable de la concesionaria Autostrade. Esa es la regla que en Quisqueya seguimos sin aprender: la responsabilidad institucional no se agota en el gatillo del subalterno.
La olla sin válvula
Lo que hace distinto este caso no es solo la crueldad del video, sino el momento en que ocurre: reforma fiscal recién anunciada, leyes mordaza a punto de entrar en vigor, combustibles caros y una extendida percepción de impunidad y despilfarro se acumulan sin ninguna válvula de escape institucional. Esto es una olla de presión sin válvula, y las ollas sin válvula, tarde o temprano, revientan. Nepal, Bangladesh y Sri Lanka lo vivieron en años recientes: gobiernos que subestimaron la presión acumulada y terminaron tumbados por generaciones hartas de corrupción, en un «Nepal 2.0» que nadie vio venir hasta que las calles ardieron. No hace falta que aquí ocurra un Verano Caribeño ni un RD 3.0 para que el mensaje quede claro: la indignación que no encuentra cauce institucional, termina encontrando la calle.
La reforma que no reformó
El fracaso de la tan decantada Reforma Policial no sorprende a nadie: millones y millones de pesos de dinero público pagados a consultores extranjeros que se han dado la buena vida a costillas de nuestros impuestos, sin un solo logro visible; cambios incomprensibles de uniformes y vehículos; imitación de líneas gráficas ajenas; comunicados institucionales que solo entretienen. Mientras tanto, el uso de la fuerza letal contra ciudadanos indefensos —muy distinto al trato reservado a delincuentes y criminales consumados, dominicanos y de exportación— sigue indignando y desesperando. No basta con palabras estruendosas, ni con que el presidente Abinader califique de “animal” al agente de turno; no basta la consternación ni las justificaciones mediocres de siempre, ni “armar muñecos” —esta vez no pudieron, porque los hechos llegaron en tiempo real a toda la ciudadanía—. Sobre nuestras cabezas, además, pende la espada de Damocles de los artículos del nuevo Código Penal que cercenan la libertad de expresión. Si la reforma fuera lo que se anuncia, ya estarían rodando otras cabezas: la del comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, la de la propia Ministra, la del Director General de la Policía y la de los coroneles a cargo de la zona. Que ninguna se mueva es, en sí mismo, el veredicto más honesto sobre esa reforma.
Si Faride estuviera en la oposición, no habría tardado un minuto en gritar al escándalo, llenar a todo el gobierno de epítetos y exigir hasta la renuncia del propio Presidente. Quedamos a la espera de su primer acto de coherencia desde el gobierno, que dé el primer paso y que como mínimo renuncie de su cargo.
