Por: Benny Metz
Mientras los ganadores celebran los resultados, los no agraciados arman su narrativa a partir de una situación que ya todos sabemos. En República Dominicana históricamente ha votado alrededor del 55% de los electores en los últimos 30 años.
En muchos países de la región el voto es obligatorio, es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay donde consideran que el sufragio es una obligación ciudadana. Este mecanismo electoral fue concebido para evitar el abstencionismo, aparejando diversos tipos de sanciones como consecuencia de no ejercer la prerrogativa del sufragio, como, por ejemplo, multas de considerable monto.
En cambio, el modelo democrático que hemos adoptado en nuestro país es el del sufragio voluntario, pues la Constitución Dominicana establece el voto como un deber fundamental -no una obligación- de conformidad con su art. 75, numeral 2. Cabe destacar que en las democracias más maduras el sufragio es voluntario, allí entienden que bajo este régimen la calidad del voto es mejor, ya que los ciudadanos votan de forma genuina y más consciente que aquellos que lo hacen para no ser sancionados.
Existe la idea de que en los sistemas democráticos el voto es la mejor forma de protesta o reclamo, sobre esto ha hablado el español José Manuel Naredo en su obra “La abstención como protesta”. Si partimos de esta premisa, podríamos inferir entonces que la baja participación no tiene que ver con la indiferencia, sino con la satisfacción en la gestión de un gobernante.
Se opina que para legitimar un proceso electoral debe votar una amplia mayoría de los ciudadanos, lo que conlleva pensar que los alcaldes y directores de distritos electos tendrían problemas de ingobernabilidad.
Basado en los elementos citados anteriormente, podríamos afirmar que desde 1998 a la fecha, todos los presidentes, vicepresidentes, senadores, alcaldes, vicealcaldes, regidores, vocales y sus suplentes, han sido ilegítimos.
Pero más aún, en los mismos 30 años, las máximas autoridades de los órganos constitucionalmente autónomos como los de la Cámara de Cuenta, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y de los órganos legalmente autónomos como Procompetencia, Comisión de Prácticas Desleales, Liga Municipal, todos los embajadores desde los tiempos de Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán y Salvador Jorge, fueron constituidos “bajo una apariencia de legalidad”, pero sin apoyo popular.
Es menester llevar este debate no solo cuando se tienen resultados adversos, sino cuando se piensa en reformas profundas, aquellas que aún no nos beneficien, la asumimos, o pensar en una reformulación de sistema de partidos, electoral, o mecanismos más amplios de participación. Por el momento, a la oposición le resta analizar su derrota y argumentar, sobre la base de los resultados reales, para que pueda en las próximas elecciones presidenciales y congresuales de mayo, no tener que alegar nuevamente que perdió por la gran abstención.
