Panorama de Justicia. – El exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta aseguró este martes que en los «próximos días» mostrará al país, con «absoluta transparencia», los documentos, las contradicciones y las evidencias que demuestran cómo se construyó el expediente en su contra en el caso Calamar, por supuesta corrupción, del que fue liberado recientemente por un ‘No ha lugar’ de un tribunal.
«Creemos en la Justicia, en el respeto sagrado al debido proceso y en el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por esta razón, ante el intento de mantener vivo un relato falso y fabricado, he decidido llevar la verdad ante la opinión pública. En los próximos días, mostraré al país, con absoluta transparencia, los documentos, las contradicciones y las evidencias que demuestran cómo se construyó este expediente», dijo Peralta en un documento.
Criticó la apelación que ha presentado sobre esa sentencia el Ministerio Público y el grupo de abogados que representan al Estado.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el auto de ‘No ha lugar’ emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, a favor de Peralta y del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo en el caso Calamar, por el que será procesado el exministro de Hacienda Donald Guerrero y varias decenas de personas.
«Un recurso legal no puede cambiar la realidad: tras más de tres años de escrutinio, un tribunal de la República confirmó que la acusación en mi contra carece de sustento real», dijo Peralta en un documento.
Manifestó que la decisión de la publicación, «no la doy solo por la defensa de mi nombre y el de mi familia, sino como un acto de responsabilidad ciudadana. Seguiré dando la cara, con la frente en alto y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose por encima de cualquier agenda política».
Dijo que siempre mantuvo su disposición de debatir en los tribunales, bajo las reglas del debido proceso.
«Sin embargo», acotó, «cuando la Justicia se instrumentaliza para la persecución política, el silencio deja de ser una opción».
Indicó que no deja de llamar la atención que, tras años de investigación, «ni mi gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia ni las actuaciones de esa institución pudieron ser vinculadas a ninguna irregularidad y mucho menos pudieron ser vinculadas a los hechos que dieron origen a este proceso, sencillamente porque nunca existieron elementos que sustentaran tal acusación».
“Es lamentable que en nuestro país se utilice la Justicia como un arma política, una grave distorsión institucional que coincide con experiencias internacionales, demostrando que cuando los procesos judiciales se apartan de las pruebas y se convierten en vehículos de presión, no solo se afecta a una persona, sino también la confianza en el Estado de derecho», añadió.
Guerrero y el exfuncionario en varios Gobiernos, el abogado Ángel Lockwar, fueron enviados a juicio por los supuestos actos de corrupción, específicamente de extorsión y apropiación de terrenos por un monto superior a los 20,000 millones de pesos, de acuerdo al expediente del Ministerio Público. También fue enviado a juicio el exsenador Rafael Calderón.