Panorama Opinión. Mientras a los empleados se les retiene hasta el 27% de sus sueldos sin posibilidad de objetar, más de 100,000 empresas llevan décadas declarando pérdidas. Un sistema que castiga al trabajo y premia la opacidad necesita una revisión urgente.
- Dos realidades, un mismo impuesto
Cada mes, a millones de trabajadores dominicanos se les descuenta de su salario una parte importante de su ingreso por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Es una retención automática, sin margen para la objeción: el empleador actúa como agente de retención y el trabajador ve cómo su salario neto se reduce sin haber tocado un solo peso.
La tasa marginal para las personas naturales puede llegar al 27%, la misma que se aplica a las personas jurídicas. La diferencia es que los asalariados cumplen de inmediato, mientras que al otro lado del mostrador, más de 100,000 empresas llevan décadas declarando pérdidas históricas.
En la República Dominicana existen aproximadamente 275,950 empresas registradas, de las cuales el 98.5% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Aunque muchas de ellas enfrentan dificultades reales, el sistema ha permitido que un número significativo de compañías, incluidas grandes corporaciones, reporten año tras año resultados negativos sin que las autoridades fiscales cuestionen su viabilidad o la coherencia de sus gastos declarados.
El resultado es un sistema tributario asimétrico: los trabajadores formales sostienen una parte desproporcionada de la carga fiscal, mientras que muchas empresas eluden su responsabilidad mediante declaraciones que desafían la lógica económica.
- Las cifras que revelan la desigualdad
Para entender la magnitud del problema, basta con mirar los números oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Entre enero y noviembre de 2025, el ISR retenido a los asalariados alcanzó los RD$95,752.3 millones, un 14.7% más que en el mismo período de 2024. Esta cifra representa el 78.3% del total del ISR recaudado a personas físicas, que sumó RD$122,212 millones en ese período.
En términos mensuales, solo en noviembre de 2025 la DGII retuvo RD$8,562.7 millones por ISR a trabajadores formales. La tendencia continuó en 2026: en los primeros dos meses, el ISR sobre sueldos generó RD$22,699.5 millones, representando el 81.7% del total del ISR de personas físicas recaudado en ese lapso (RD$27,795.3 millones). Es decir, más de 8 de cada 10 pesos del ISR de personas físicas provienen de los asalariados.
Este aporte de los trabajadores se ha convertido en la tercera mayor fuente de recaudación de la DGII, solo superado por el ITBIS y el ISR de empresas, representando el 13.6% del total de las recaudaciones en los primeros meses de 2026.
Mientras tanto, el ISR de empresas —que en teoría debería ser el principal contribuyente— aportó RD$30,947.4 millones en ese mismo período de dos meses. Una cifra significativamente menor si se considera que las empresas deberían reflejar la actividad económica real del país.
- El escándalo de las pérdidas históricas
La legislación dominicana establece que las empresas pagan el 27% sobre su renta neta gravable. Sin embargo, la realidad es que muchas compañías reportan pérdidas año tras año, eludiendo completamente esta obligación.
¿Cómo es posible que un negocio mantenga sus operaciones, realice inversiones, pague nóminas y distribuya dividendos, pero fiscalmente declare pérdidas?
La respuesta está en un abanico de prácticas que desvirtúan el espíritu de la ley. Gastos personales de los socios —desde vehículos de lujo hasta viajes internacionales— son registrados como gastos operativos de la empresa. Las «convenciones» de verano e invierno en destinos turísticos como Punta Cana, Puerto Plata o el extranjero son particularmente reveladoras. ¿Cuántas de estas convenciones son realmente reuniones de negocios y cuántas son viajes familiares disfrazados? La línea es difusa, y la fiscalización, insuficiente.
El Reglamento 139-98, que regula la aplicación del Código Tributario, establece que son deducibles los gastos incurridos en «la celebración de convenciones que… viáticos, dietas y gastos de viajes en general ligados directamente a la actividad generadora de renta». El problema no es la norma, sino la ausencia de controles efectivos para verificar que estos gastos cumplan con el criterio de estar «ligados directamente» a la actividad empresarial.
- El impacto real sobre los trabajadores
El sistema de retención automática convierte al empleador en un recaudador forzoso. El Código Tributario establece que el monto exento del ISR debe ajustarse anualmente por inflación según el Artículo 296, pero en la práctica este ajuste no se ha realizado desde 2017. El resultado es que el salario exento permanece congelado en RD$34,685 mensuales (equivalente a RD$416,220 anuales), lo que significa que cada año más trabajadores caen en los tramos gravables sin que su poder adquisitivo real haya aumentado.
En otras palabras, un trabajador que en 2017 estaba exento por ganar RD$30,000 mensuales, hoy con ese mismo salario —ajustado apenas por inflación— ya es sujeto de retención. Como denunció el senador Omar Fernández, «hoy ya son cerca de 730,000 trabajadores a quienes se les está cobrando más de lo que legalmente corresponde».
La carga es especialmente regresiva porque recae sobre la base más controlable y fácil de fiscalizar: los empleados formales. Mientras que la evasión y la elusión son moneda corriente en otros sectores, los trabajadores no tienen escapatoria.
- Evasión fiscal: un agujero de RD$700,000 millones
El economista Iván Rodríguez estimó en septiembre de 2025 que la evasión fiscal en República Dominicana supera los RD$700,000 millones anuales, una cifra «endemoniada» que representa un desafío mayúsculo para la sostenibilidad del sistema tributario. La evasión del ISR se produce principalmente mediante la subdeclaración de ingresos y la sobrestimación de gastos deducibles.
El nivel de incumplimiento tributario, aunque ha mostrado mejoras —pasó de 41.6% en 2020 a 36.5% en 2023 según un informe del FMI destacado por la DGII— sigue siendo alarmantemente alto. En 2024, la evasión del ITBIS alcanzó niveles del 47%. Estas cifras contrastan con la eficiencia casi absoluta de la retención a los salarios.
La paradoja es evidente: República Dominicana tiene tasas impositivas entre las más altas de América Latina, pero recauda menos que países con tasas menores. El problema no está en las tasas, sino en la incapacidad de hacerlas cumplir de manera equitativa.
- El ejemplo de las convenciones: ¿negocio o placer?
Para ser objetivos, es común observar cómo empresas de diversos tamaños organizan «convenciones» en temporadas de verano y Navidad en hoteles todo incluido. Si bien muchas de estas actividades pueden tener un componente legítimo de negocios, la realidad es que con frecuencia incluyen a familiares de los socios y empleados sin una agenda corporativa verificable.
Dado que la normativa dominicana no exige una trazabilidad detallada que demuestre la naturaleza estrictamente empresarial de estos eventos —como listados de participantes, agendas de trabajo, minutas de reuniones o informes de resultados—, se abre una puerta para que las empresas deduzcan lo que en esencia son vacaciones familiares.
Esta práctica no solo reduce artificialmente la base imponible, sino que erosiona la confianza en el sistema. El trabajador que ve descontado el ISR de su salario cada quincena sabe que su patrón probablemente está deduciendo un viaje a Cancún como «gasto de representación». La indignación es comprensible y justificada.
- Consecuencias de un sistema inequitativo
La asimetría del ISR tiene consecuencias que van más allá de lo fiscal. En primer lugar, distorsiona la competencia: las empresas que cumplen con sus obligaciones compiten en desventaja frente a quienes inflan sus gastos para evadir. En segundo lugar, reduce la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura.
En tercer lugar, agrava la desigualdad social. La presión fiscal dominicana es de apenas un 15% del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano de 22.9%. Pero dentro de ese 15%, los asalariados formales cargan un peso desproporcionado, mientras que los sectores con mayor capacidad contributiva —grandes patrimonios y empresas rentables que declaran pérdidas— aportan menos de lo que deberían.
Finalmente, socava la legitimidad del sistema tributario. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican por igual, crece la resistencia al pago de impuestos y se debilita el contrato social que los sustenta.
- Soluciones impostergables
Resolver la falta de equidad del ISR requiere voluntad política y un conjunto de reformas progresivas. A continuación, se presentan siete medidas concretas:
- Actualizar el monto exento del ISR según inflación. Cumplir de inmediato con el Artículo 296 del Código Tributario. Si el ajuste no se ha aplicado desde 2017, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto que corrija esta omisión y establezca un mecanismo automático de indexación anual que no dependa de la voluntad política de turno.
- Crear un régimen de «pérdidas presuntas» para empresas crónicas. Si una empresa declara pérdidas por tres años consecutivos sin evidencia de un plan de viabilidad, la DGII debe presumir una renta mínima gravable basada en indicadores objetivos del sector (margen operativo promedio, activos, número de empleados, consumo energético, etc.). Este mecanismo ya existe en otros países y ha demostrado ser efectivo para combatir la subdeclaración permanente.
- Implementar trazabilidad obligatoria de gastos deducibles. Todos los gastos de viajes, convenciones, representación y viáticos deben estar respaldados por una agenda documentada, lista de participantes, fotografías fechadas, minutas de reuniones y un informe de resultados que demuestre el propósito empresarial. Sin esta documentación, el gasto debe ser rechazado como deducción y, en caso de reincidencia, sujeto a sanciones.
- Establecer un límite a la deducción de gastos de representación y viajes. Fijar un tope porcentual sobre los ingresos brutos (por ejemplo, 2%) para la deducción de estos gastos, similar a lo que aplican países como Chile y Perú. Cualquier exceso se consideraría no deducible y se sumaría a la renta neta gravable.
- Auditorías focalizadas por sectores. La DGII debe priorizar auditorías en sectores donde la brecha entre la rentabilidad real y la declarada es más evidente. Utilizando herramientas de inteligencia artificial y big data —como recomienda la OCDE—, es posible identificar patrones de evasión y optimizar los recursos de fiscalización.
- Incentivos al cumplimiento voluntario. Ofrecer una amnistía fiscal condicionada para empresas que regularicen su situación, seguidas de un programa de «cumplimiento colaborativo» que premie con tasas reducidas o beneficios administrativos a quienes mantengan altos estándares de transparencia fiscal.
- Participación ciudadana en la fiscalización. Crear un portal de transparencia donde cualquier ciudadano pueda verificar —de forma anónima— si una empresa está al día con sus obligaciones fiscales, similar al sistema implementado en Estonia. La presión social es un poderoso incentivo para el cumplimiento.
- Conclusión: equidad o fractura social
La disparidad entre lo que pagan los trabajadores y lo que declaran miles de empresas no es solo un problema técnico de política fiscal: es una cuestión de justicia. Cada peso que el Estado deja de recaudar por evasión es un peso que se extrae del bolsillo presente y futuro de los asalariados, vía mayores retenciones o menores servicios públicos.
La economía dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido durante décadas, pero ese crecimiento no se refleja en la recaudación del ISR empresarial. La contradicción es insostenible. La transformación del sistema tributario hacia uno más justo, transparente y eficaz no admite más dilaciones.
La pregunta no es si debemos reformar el ISR, sino cuánto tiempo más toleraremos que el salario de los trabajadores sea la garantía de un sistema que las empresas evaden sistemáticamente. La respuesta, como ha quedado demostrado, es impostergable.
