Panorama Internacionales. El Salvador atraviesa un momento clave en su historia poblacional: más de la mitad de la población tiene menos de 35 años, según datos oficiales, mientras el país se encamina hacia una transición demográfica que transformará profundamente su estructura social y económica.
Este fenómeno, reportado durante una entrevista en YSUCA con Adriana Velázquez, oficial de Información y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), plantea retos y oportunidades que marcarán el futuro de la nación centroamericana.
Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (2024), realizado por el Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador cuenta con una población total de 6,029,976 habitantes, compuesta por 2,848,527 hombres y 3,181,449 mujeres. Esto representa una relación de 89.5 hombres por cada 100 mujeres. La composición etaria evidencia una sociedad predominantemente joven, aunque la tendencia apunta a cambios drásticos en los próximos años.
“El Salvador vive todos estos cambios demográficos de forma bastante acelerada”, afirmó Velázquez en la emisora, al explicar que el país ha comprimido en pocas décadas una transición que en naciones desarrolladas tomó más de un siglo. Proyecciones de organismos internacionales indican que, para 2032, la cantidad de personas adultas mayores superará a la de niños y adolescentes menores de 15 años.
Esta aceleración genera dos fenómenos paralelos. Por un lado, el país experimenta un “bono demográfico”, una ventana de oportunidad en la que la mayoría de la población se encuentra en edad productiva. Por otro, surge lo que la experta denomina “préstamo demográfico”: una inyección de capital humano que requiere inversión estratégica para evitar que las siguientes décadas se conviertan en una carga financiera y social insostenible para el Estado y las familias.
El rápido crecimiento urbano es otra característica destacada del panorama demográfico salvadoreño. Según datos de la especialista, el 71% de la población se concentra en solo el 12% del territorio nacional. Esta densidad urbana contrasta con vastas zonas rurales que permanecen despobladas y con acceso limitado a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
Las brechas socioeconómicas entre áreas urbanas y rurales persisten. “Muchos de los problemas sociales más apremiantes están en zonas donde es muy difícil de llegar”, explicó Velázquez en la entrevista. Entre estos desafíos figuran la pobreza, el embarazo adolescente y las uniones tempranas, fenómenos que afectan de manera más severa a quienes viven en comunidades rurales alejadas de los centros urbanos.
La especialista detalló que, si bien El Salvador ha logrado avances en la reducción de la mortalidad y el acceso a la educación, las dificultades para intervenir en los territorios de difícil acceso frenan el alcance de políticas públicas y programas sociales. El reto de incluir a estas comunidades en el desarrollo nacional exige una coordinación estrecha entre el Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales.
El escenario laboral y educativo para la juventud salvadoreña presenta desafíos adicionales. De acuerdo con Velázquez, existe un notorio desajuste entre la oferta educativa y las oportunidades laborales reales. Muchos jóvenes, tras completar su formación, deben aceptar empleos para los que no se han preparado o que no guardan relación con su área de estudio.
“Hay un divorcio en los proyectos laborales y educativos que también necesitan diferentes formas de acompañamiento”, reconoció Velázquez. Esta situación se agrava por la falta de mecanismos efectivos para la inserción laboral, así como por la escasez de programas de educación dual y prácticas profesionales que permitan a los jóvenes adquirir experiencia antes de egresar del sistema educativo.
La perspectiva a largo plazo añade otra capa de urgencia: en 2040, El Salvador comenzará una etapa de declive poblacional. “Para poder generar mayor riqueza necesitamos capital humano cada vez más formado, cada vez más especializado”, subrayó la especialista del organismo de Naciones Unidas. La sostenibilidad económica y social del país dependerá de la capacidad para invertir en la formación y el bienestar de las generaciones actuales.