Por: Roberto Hernández Basilio
Panorama Opinión. El pasado 7 de agosto, Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia en una ceremonia inédita celebrada en Cali, rompiendo con la tradición de investir al mandatario en el Capitolio de Bogotá. Su primer discurso, pronunciado ante la tropa en el batallón Pichincha, dejó un mensaje inequívoco: la seguridad será el eje vertebral de su gobierno. Anunció la elaboración inmediata de un listado de organizaciones «narcoterroristas», el cierre definitivo de cualquier vía de diálogo con grupos armados, la reanudación de fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos y, como pieza central de su estrategia, la construcción de megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad ciudadana.
El paralelismo con Nayib Bukele es deliberado y ha sido señalado por analistas desde su campaña. El proyecto contempla hasta diez megaprisiones en zonas remotas, inspiradas abiertamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, con capacidad conjunta cercana a los 40 mil reclusos. Es la misma lógica de confinamiento masivo que catapultó a Bukele a niveles de aprobación históricos tras el descenso sostenido de los homicidios en El Salvador, aunque también la misma que organismos como Amnistía Internacional han cuestionado por el debilitamiento de garantías procesales y la falta de individualización de responsabilidades penales.
República Dominicana observa este giro regional desde una experiencia propia, distinta en método aunque emparentada en el diagnóstico. La saturación carcelaria y la sobrepoblación en recintos de vieja data llevaron al país, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, a impulsar el Modelo de Gestión Penitenciaria bajo el amparo de la Ley 113-21, con los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) como apuesta central. A diferencia del confinamiento puro, el modelo dominicano se ha planteado —con avances desiguales, hay que decirlo con honestidad— combinar seguridad efectiva con componentes de reinserción laboral y educativa, en sintonía con las Reglas Mandela de Naciones Unidas.
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La diferencia de fondo entre ambos caminos no es menor. Colombia apuesta por el choque frontal y la infraestructura de máxima contención como respuesta a organizaciones narcoterroristas de enorme poder territorial; República Dominicana, sin ese nivel de conflicto armado interno, ha optado por una reforma más gradual que busca, además de contener, transformar. Ninguno de los dos modelos está exento de riesgos: la propia analista del International Crisis Group, Glaeldys González, ha advertido que la sola construcción de más espacios carcelarios no resuelve los problemas estructurales del crimen organizado, una lección que Santo Domingo también debe tener presente conforme avanza en la modernización de su sistema.
Lo que sí queda claro es que el debate sobre megacárceles dejó de ser un asunto exclusivamente salvadoreño para convertirse en una referencia obligada de política pública en toda la región. Cada país deberá calibrar cuánto de mano dura y cuánto de reinserción exige su propia realidad criminal, sin perder de vista que la infraestructura, por sí sola, nunca sustituye a la justicia, la inteligencia policial ni la inversión social.
El reto que hoy asume Colombia es también una invitación para el Caribe: perfeccionar, con visión propia y sin copiar recetas a ciegas, un modelo de seguridad ciudadana que combine firmeza con respeto a los derechos humanos. República Dominicana tiene ya un camino recorrido en esa dirección, y cada experiencia regional, bien estudiada, puede convertirse en una oportunidad más para consolidar instituciones más fuertes, sociedades más seguras y un Caribe con mayor esperanza de futuro.
