Por: Roberto Hernández Basilio
Panorama Opinión. El cuestionamiento planteado esta semana por algunos partidos de oposición y representantes de la sociedad civil sobre la contratación de un asesor financiero para la reforma policial merece una lectura serena, alejada del ruido político coyuntural. La incorporación de asesores técnicos y financieros a procesos de transformación institucional de esta envergadura no constituye una anomalía ni una práctica cuestionable; por el contrario, es un procedimiento habitual en la administración pública dominicana, sujeto a los marcos legales de contratación vigentes y a los mecanismos de control que la propia Constitución y las leyes de administración financiera del Estado disponen.
En la República Dominicana, toda contratación de servicios profesionales con cargo a fondos públicos está sometida al escrutinio de la Contraloría General de la República, órgano rector del control interno del Estado, así como a la fiscalización posterior de la Cámara de Cuentas. Que un proceso de esta magnitud incorpore asesoría especializada no lo exime de esos controles; al contrario, los presupone. Asumir que la sola existencia de un asesor implica opacidad es desconocer que el ordenamiento jurídico dominicano ya contempla instancias diseñadas precisamente para verificar la legalidad, pertinencia y proporcionalidad de este tipo de vinculaciones.
Resulta igualmente importante subrayar que las decisiones operativas de la reforma policial no recaen en los asesores, sino en las máximas autoridades del área: el Ministerio de Interior y Policía y la propia Policía Nacional. Los consultores cumplen un rol de acompañamiento técnico, aportan experiencia comparada y metodologías de gestión, pero la conducción, el diseño de políticas y la responsabilidad institucional continúan en manos de quienes ostentan la autoridad legal y constitucional para ello. Esa distinción es clave para evitar la confusión entre asesoría técnica y toma de decisiones de Estado.
Vista en perspectiva regional, la incorporación de asesores especializados en procesos de reforma policial no es una particularidad dominicana. Países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica han recurrido a esquemas similares de cooperación técnica y financiera para acompañar sus propios procesos de modernización institucional, replicando buenas prácticas ya probadas en materia de profesionalización policial, gestión de fideicomisos y planificación presupuestaria de la seguridad pública. Lejos de ser una excepción, la asesoría técnica internacional se ha convertido en un estándar reconocido por organismos multilaterales para acompañar reformas de esta naturaleza.
Ello no significa que la exigencia de información detallada carezca de valor: todo reclamo de rendición de cuentas fortalece la institucionalidad cuando se canaliza a través de los mecanismos correspondientes. Pero conviene distinguir entre la legítima función fiscalizadora de la oposición y la Cámara de Cuentas, y la insinuación de irregularidad sobre un esquema de contratación que, en principio, se ajusta a la normativa existente y opera bajo la supervisión de los entes de control del Estado dominicano.
En definitiva, la reforma policial dominicana avanza dentro de un marco legal e institucional que contempla tanto la contratación de asesoría especializada como su fiscalización. Que las autoridades competentes publiquen oportunamente los detalles solicitados contribuirá a despejar dudas, pero el punto de partida no debe ser la sospecha, sino el reconocimiento de que el país está siguiendo un camino ya transitado con éxito por otras naciones de la región: profesionalizar sus cuerpos policiales con el respaldo de experiencia técnica calificada, bajo la conducción de sus autoridades legítimas y con los controles que el propio Estado dominicano tiene establecidos.
