El sistema eléctrico nacional: el problema que seguimos sin resolver

Panorama Opinión. _  El sistema eléctrico ha sido durante décadas uno de los grandes dolores de cabeza de la República Dominicana. Han pasado distintos gobiernos, reformas, préstamos internacionales e inversiones multimillonarias sin que logremos una solución definitiva. El problema de fondo no ha sido la falta de intentos, sino la falta de continuidad: en lugar de construir una verdadera política de Estado que trascienda los períodos presidenciales, cada administración llega con «su propio librito», descartando lo anterior para imponer su propia visión. Esa constante reinvención nos ha impedido consolidar un rumbo claro.

Sin embargo, después de todo ese esfuerzo y de miles de millones de dólares invertidos, seguimos hablando de apagones, pérdidas, subsidios, déficit y deficiencias en la distribución.

Algo, evidentemente, no hemos terminado de hacer bien.

El problema es que muchas veces abordamos la “crisis eléctrica” como si se tratara de un solo fenómeno. Y no lo es. Es un problema multifactorial que involucra generación, transmisión, distribución, pérdidas técnicas, fraude, cobranza, inversiones, subsidios, combustibles, regulación y planificación.

No pretendo hacer aquí un análisis estrictamente técnico. Quiero compartir mi lectura del problema y, principalmente, mi visión de cómo podemos finalmente comenzar a resolverlo.

El agujero negro está en la distribución

Podemos agregar generación, construir plantas y llenar el país de paneles solares, pero mientras una parte enorme de la energía que compramos no termine convertida en dinero cobrado, seguiremos intentando llenar un tanque que tiene un agujero en el fondo.

El dato es demoledor. En 2025, las pérdidas totales acumuladas de las tres distribuidoras alcanzaron un astronómico 42.3 % de la energía adquirida. De cada 100 unidades de energía compradas por las EDE, más de 42 no terminaron convertidas en ingresos.

Dentro de este colapso, hay un componente técnico que destruye silenciosamente la infraestructura: se estima que entre un 10 % y un 12 % del total corresponde a fallas técnicas, deterioro de las redes, sobrecarga de transformadores y averías recurrentes. Se trata de energía que literalmente se disipa en el aire y en el cableado obsoleto antes de llegar a los hogares, producto de la falta de mantenimiento e inversión.

A esto se le suma el peso aplastante de las pérdidas no técnicas y comerciales: un 28.8 % de energía no facturada por conexiones ilegales, fraude e informalidad, y otro 3.5 % correspondiente a energía que sí fue facturada, pero jamás se llegó a cobrar.

Ahí está una parte fundamental del problema eléctrico dominicano: una combinación mortal de redes deficientes por un lado, e ineficiencia comercial, fraude y facturas impagas por el otro. Aunque a finales de 2025 comenzaron a observarse señales de mejoría en algunos indicadores, seguimos muy lejos de donde necesitamos estar.

Por eso estoy convencido de algo: mientras no resolvamos la distribución, jamás resolveremos definitivamente el problema eléctrico.

Un déficit que se triplicó: el costo de la ineficiencia. Hay otro dato que debería obligarnos a reflexionar.

Hacia el final del gobierno de Danilo Medina se llegó a hablar de un déficit o subsidio eléctrico que rondaba los US$ 500 millones anuales. Hoy las propias autoridades han situado el déficit global del sector alrededor de los US$ 1,700 millones, aunque una parte importante de esa cifra corresponde al subsidio directo que recibe el consumidor.

Las metodologías y los componentes de ambas cifras deben considerarse para realizar una comparación contable estricta, pero la magnitud del problema actual resulta inocultable. Y esos recursos no aparecen por generación espontánea.

Los pagamos todos

Cada peso que el Estado utiliza para cubrir ineficiencias del sistema eléctrico es un peso que deja de estar disponible para educación, salud, seguridad o infraestructura. Por eso el déficit eléctrico no es solo un problema energético: es también un grave problema fiscal.

Las EDE: ¿Incapacidad o un abandono calculado?
Aquí debemos ser particularmente críticos con la actual administración.
Las distribuidoras volvieron a deteriorarse durante buena parte de estos años. Durante los primeros años no se realizaron con la intensidad necesaria las inversiones que requería la distribución, al tiempo que aumentaron las estructuras administrativas y se produjo una preocupante inestabilidad gerencial. Una empresa de esta naturaleza necesita continuidad, planificación, técnicos competentes y estabilidad.

El nivel de desorden e ineficiencia acumulado en las EDE genera una sospecha inevitable: para muchos analistas y ciudadanos, este abandono no parece fruto de la pura inoperancia, sino de una estrategia deliberada. Dejar caer el servicio y asfixiar la gestión pública para proyectar una imagen de colapso absoluto que luego justifique la privatización total como única «salida viable».

Sin embargo, privatizar a ciegas o por desesperación no resuelve el problema si no hay regulación, control ni inversión estructural. No podemos normalizar que una distribuidora pierda porcentajes enormes de lo que compra y que sea el Estado quien cubra permanentemente la diferencia.

Hay que invertir agresivamente en redes, subestaciones, transformadores, medidores inteligentes y tecnología. Pero también hay que cobrar. Y aquí entra un componente que pocas veces discutimos: la cultura ciudadana.

Robarse la luz es robar. Alterar un medidor es robar. Consumir electricidad sabiendo que no se pagará significa transferir esa factura al dominicano que sí cumple. El Estado debe proteger mediante subsidios focalizados a las familias vulnerables, pero una cosa es subsidiar a quien lo necesita y otra muy diferente subsidiar el fraude o la ineficiencia.

La electricidad también es seguridad nacional

Este es probablemente el punto de mi propuesta que mayor debate puede generar. Creo firmemente en la empresa privada y en la competencia; la República Dominicana necesita capital privado para continuar desarrollando su sistema energético. Pero también creo en el equilibrio.

La electricidad no es cualquier mercancía: es un asunto de seguridad nacional. De ella dependen las industrias, hospitales, telecomunicaciones, comercios y la seguridad ciudadana. Por eso considero un error estratégico que prácticamente toda la nueva expansión de generación descanse de forma exclusiva sobre la inversión privada.

No propongo desplazar al sector privado, sino que el Estado conserve la capacidad suficiente para servir de contrapeso.

Competencia sí, dependencia no: lecciones de la región

Entiendo el razonamiento oficial: a más generadores privados, mayor oferta y competencia, lo que en teoría debería contener los precios. Económicamente suena lógico. Mi preocupación es qué ocurre en la práctica si el Estado termina dependiendo en su totalidad de productores privados.

Modelos mixtos en la región y el mundo demuestran que la convivencia entre el Estado y el sector privado es viable y eficiente:
* Chile y Colombia: Cuentan con mercados eléctricos donde coexisten generadoras privadas con empresas estatales o de capital mixto de gran envergadura (como EPM en Colombia), garantizando resiliencia y capacidad de respuesta regulatoria.

* Europa y Norteamérica: Países como Francia (a través de EDF) o Canadá (con sus corporaciones públicas provinciales) mantienen una presencia estatal determinante en la generación como activo estratégico.

¿Qué sucede si se produce una concentración excesiva del mercado o distorsiones en los precios? Un Estado responsable no puede diseñar un sector estratégico asumiendo que esos riesgos no existen. La posición del Estado se fortalece cuando posee capacidad propia para intervenir y equilibrar el mercado.

Punta Catalina y la lección que no debemos olvidar

Pocas obras públicas han sido tan cuestionadas como Punta Catalina; sin embargo, el tiempo demostró su importancia estratégica. Sus dos unidades aportan 720 megavatios de generación firme y le otorgaron al Estado una herramienta fundamental para equilibrar el mercado.

La mayor enseñanza de Punta Catalina es que colocó un generador estatal de enorme peso en el sistema. No necesitamos generación pública para desplazar al sector privado, sino para que, al momento de negociar, el Estado tenga alternativas reales.

La «Punta Catalina 2» que dejamos de construir

Si Punta Catalina demostró su capacidad para aportar estabilidad y generar importantes beneficios económicos al Estado, ¿por qué no utilizar una parte de esos recursos para financiar su propia expansión?

Mi propuesta habría sido desarrollar otra central pública, esta vez a gas natural, aprovechando la infraestructura existente alrededor del complejo (terrenos, acceso portuario y líneas de transmisión), lo que reduciría drásticamente los costos de inversión.

El concepto es sencillo: Punta Catalina financiando la expansión de Punta Catalina. Crear un fondo de reinversión con sus beneficios para construir una central moderna a gas natural, que sirva como puente de generación firme durante nuestra transición hacia una matriz limpia.

Del 25 % al 75 %: una meta que debemos atrevernos a plantear

En energías renovables hay que reconocer avances: al cierre de 2025, alrededor del 25 % de la electricidad provenía de fuentes limpias. La meta oficial plantea alcanzar un 30 % para 2030, pero creo que debemos ser mucho más ambiciosos y plantearnos llegar progresivamente a un 75 % de generación renovable en los próximos 15 años.

Ejemplos en la región demuestran que es posible:

* Paraguay: Alcanza prácticamente el 100 % de generación limpia sustentado en su capacidad hidroeléctrica.
* Costa Rica: Genera de manera consistente entre el 98 % y el 99 % con fuentes renovables.
* Uruguay: Transformó su matriz en poco más de una década y hoy genera entre el 95 % y el 98 % a partir de fuentes limpias (eólica, solar, biomasa e hidroeléctrica).

Aunque cada país posee recursos distintos, estos casos prueban que con voluntad y planificación es un objetivo alcanzable. Claro está, la transición no puede hacerse sacrificando la seguridad energética: cada paso hacia mayor penetración solar o eólica debe acompañarse de inversión en almacenamiento masivo de baterías, transmisión y suficiente generación firme de respaldo.

El riesgo de pagar por energía que no necesitamos

Es correcto que el Gobierno busque tener reservas para 2028 (Energía Fría), pero no debemos confundir reserva con sobrecapacidad y tengo mis dudas de que en función de la proyección de nueva generación de las autoridades y el crecimiento de demanda anual podamos realmente llegar a tener esa “energía fría” de la que hablan por los contratiempos y retrasos que son normales en el sector y aproximadamente hasta 2033 no habrá nueva generación ni publica ni privada porque no hay nuevas licitaciones en curso.

Dependiendo de los contratos, mantener capacidad ociosa puede implicar altos costos fijos.

No podemos medir el éxito diciendo simplemente «tenemos más megavatios».

Debemos evaluar cuánto cuestan y quién los paga. Tener reservas suficientes es planificación; pagar durante años por capacidad innecesaria es crear un problema nuevo tratando de resolver el anterior.

El modelo que propongo

Mi propuesta descansa sobre cuatro pilares fundamentales:

1. Generación mixta y equilibrada: Aprovechar la inversión y eficiencia del sector privado sin que el Estado renuncie a una capacidad estratégica de generación que funcione como contrapeso.
2. Transición ambiciosa hacia energías limpias: Fijar el horizonte del 80 % renovable, acompañado de almacenamiento en baterías, redes fuertes y gas natural como tecnología de transición.
3. Transformación profunda de las distribuidoras: Inversión masiva en tecnología, medidores inteligentes y reducción de pérdidas, descartando el abandono intencionado como vía para forzar privatizaciones.
4. Cambio cultural y rigor fiscal: Proteger al vulnerable mediante subsidios focalizados, cobrar a quien puede pagar y perseguir decididamente el fraude eléctrico.

El problema eléctrico sí tiene solución

Sigo creyendo que la República Dominicana puede resolver este desafío. Tenemos capital privado, capacidad técnica, recursos naturales y un Estado con suficiente margen institucional. Lo que nos ha faltado es articular una sola estrategia de largo plazo.

No podemos seguir reinventando el sector eléctrico cada cuatro u ocho años. Necesitamos una verdadera política de Estado proyectada a dos o tres décadas.

Ni todo público, ni todo privado. Ni combustibles fósiles para siempre, ni una transición improvisada. Estado y mercado. Generación y distribución. Inversión y responsabilidad fiscal. Energía limpia y seguridad nacional.

Después de todo lo que hemos gastado, sufrido y esperado, la República Dominicana no necesita seguir administrando la crisis eléctrica. Necesita decidirse, de una vez por todas, a resolverla.