Panorama Opinión. Existe una línea en aquella vieja canción de Fito Páez, que se ha convertido en un himno de resistencia para millones: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…”. Esa frase no es solo un verso; es la esencia de un pacto no escrito entre un gobernante y su pueblo. La historia juzgará a los líderes no por sus discursos, sino por su capacidad de traducir la esperanza ciudadana en acciones tangibles. En estos momentos cruciales, donde el calendario avanza inexorablemente hacia el 16 de agosto de 2028, la ciudadanía observa con un discernimiento agudo: ya no pide promesas, exige hechos que consoliden un legado.
La primera señal de que un diálogo auténtico era posible llegó de manera elocuente. Horas antes de nuestro primer encuentro público, dos funcionarios fueron removidos de sus cargos. Paralelamente, se designó al frente del Banco de Reservas a un hombre probo, cuya hoja de vida está libre de ambiciones personales y repleta de servicio técnico. Este movimiento, analizado por expertos en gobernanza como los del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad de Georgetown, es un patrón clásico de liderazgo reformista: actos anticipatorios que demuestran voluntad de cambio antes de la presión mediática.
Pero la prueba de fuego de la independencia institucional no ocurre con los adversarios, sino con los aliados. El reciente y emblemático caso Senasa ha sido un punto de inflexión. Involucraba al Dr. Santiago Hazim, una figura de décadas de cercanía al círculo presidencial. Los indicios, como ha reportado la Fiscalía del Distrito Nacional, fueron atendidos con una celeridad inusual. El resultado: procesamientos y detenciones. Este episodio no es un asunto aislado; es la materialización de la promesa de campaña de una justicia autónoma e imparcial. Organismos como Transparencia Internacional han documentado que el mayor predictor de la integridad de un sistema no es la cantidad de leyes, sino la aplicación equitativa de las mismas, incluso contra los propios.
Sin embargo, la coherencia es un camino, no un destino. El clamor ciudadano, que hoy se condensa en el contundente estribillo de la canción; El apagón de Bad Bonny “Yo no me quiero ir, que se vayan ellos”, identifica dos frentes pendientes donde los hechos deben seguir a las palabras.
Primero, las extradiciones solicitadas por el gobierno de los Estados Unidos. El ministro de la Presidencia, José Antonio Paliza, ofreció un plazo voluntario—una muestra de consideración que, según reportes de fuentes confiables de la Procuraduría General de la República, fue desoída. La estrategia de la diplomacia y el respeto al debido proceso ha concluido. Ahora corresponde a la firma presidencial respaldar los decretos y enviar el mensaje inequívoco de que el territorio dominicano no es refugio para quienes deben rendir cuentas en cortes extranjeras por delitos graves. La colaboración judicial internacional, como establecen los tratados suscritos y monitorea el Departamento de Estado de EE.UU., es un pilar de la credibilidad democrática.
Segundo, la renovación del gabinete. El rumor persistente en los pasillos del Palacio Nacional y confirmado por múltiples fuentes de cercanas al despacho de la presidencia, sugiere que una serie de decretos de remoción aguardan en el escritorio presidencial. Están dirigidos a aquellos funcionarios cuyas energías se han desviado hacia campañas políticas prematuras o cuya gestión ha sido marcada por la ineficacia. La teoría política, desde Max Weber en adelante, insiste en que la autoridad se erosiona cuando la burocracia deja de ser instrumental para convertirse en un fin en sí misma. Un gabinete rejuvenecido, con técnicos probos y lealtad al proyecto nacional—no al proyecto personal—es el último gran acto de cirugía mayor que puede garantizar un aterrizaje exitoso de esta administración.
Señor presidente, la ciudadanía no es ingenua. Reconoce y valora las señales de independencia judicial y la voluntad de escuchar. Pero también sabe que el tiempo es el recurso más perecedero en la gestión pública. Los hechos de las últimas semanas han escrito párrafos importantes, pero el último capítulo de este mandato—aquel que se recordará cuando usted baje las escalinatas del Palacio Nacional en 2028—se define ahora. Se define con la firma de las extradiciones pendientes. Se define con la renovación valiente de su equipo de gobierno.
El pueblo le ofrece su corazón, esa esperanza activa que cree en la posibilidad de un país mejor. La respuesta histórica, la que cerrará el círculo virtuoso entre escuchar y actuar, es una sola: Que se vayan ellos. Que se vayan los que abusaron de la confianza, los que desoyeron la ley, los que antepusieron su ambición al interés nacional. En esa decisión final reside la grandeza del estadista que no solo gobernó, sino que transformó.
