Por José Alberto Blanco.
Panorama Opinión. El financiamiento público a los partidos políticos en la República Dominicana no es un lujo ni un privilegio, sino una conquista democrática que se originó en 1997 con la Ley 275-97, impulsada por el liderazgo visionario de José Francisco Peña Gómez. Antes de esa fecha, los partidos dependían casi exclusivamente de aportes privados, lo que los hacía vulnerables a la captura por intereses económicos o incluso ilícitos.
La ley estableció que en años electorales se destinara el 0.50% del presupuesto nacional y en años no electorales el 0.25%, distribuidos entre los partidos según su representación y votos obtenidos. La lógica era clara: fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la equidad en la competencia y blindar la política frente al poder del dinero. Desde entonces, el financiamiento estatal ha sido considerado un seguro democrático, un mecanismo para que la pluralidad política no quede reducida a un juego de élites.
Sin embargo, en medio de crisis sociales incalculables, surgen voces que proponen reducir o eliminar este financiamiento. Tal postura desconoce que los partidos son la columna vertebral de la democracia y que debilitarlos es debilitar el sistema mismo. Cuando se regatea el financiamiento público, se corre el riesgo de que los partidos minoritarios desaparezcan, que el clientelismo privado imponga su agenda y que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones, aumentando la abstención y la protesta social. El financiamiento público no es un privilegio de los políticos, es un seguro contra la captura del sistema por intereses particulares.
La democracia cuesta, pero la dictadura cuesta mucho más. El debate no debe centrarse en eliminar el financiamiento, sino en reformarlo para hacerlo más transparente, más orientado a la educación política y menos dependiente de la propaganda vacía. Solo así podremos honrar el espíritu de quienes lo impulsaron y garantizar que la democracia dominicana siga siendo un espacio de pluralidad, equidad y legitimidad. En tiempos de crisis, regatear la democracia es un error histórico; sostenerla, en cambio, es la única garantía de estabilidad y futuro.
