Diputados responden a Sigmund Freund; afirman que los funcionarios sí accionan y deben investigar empresas antes de adjudicar
Erika N.Arias | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. Este martes, el periodista Ronny Heredia del Noticiario VTV se trasladó a la sede del Congreso Nacional, diputados de diversas bancadas refutaron las declaraciones del director ejecutivo de Pro-Pedernales, Sigmund Freund Mena, quien afirmó que no es responsabilidad de su oficina investigar los antecedentes de las empresas extranjeras que participan en licitaciones internacionales en el país. La polémica surge en medio de denuncias sobre la adjudicación de contratos a empresas con historial de corrupción, como es el caso de la empresa española Acciona.
El legislador Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), recordó su experiencia como director general de Pasaportes en 2003, cuando decidió descartar a empresas extranjeras con antecedentes dudosos que pretendían contratar con el Estado dominicano. Wessin Chávez subrayó que el Estado debe ser riguroso en la evaluación de las compañías que participan en procesos licitatorios para evitar caer en manos de empresas con prácticas irregulares.
Los diputados de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo y Carlos de Pérez, quienes han dado seguimiento a las denuncias publicadas por el diario Panorama, también expresaron su desacuerdo con las declaraciones de Freud y del ministro de Administración Pública. Aseguran que es imperativo que el Estado realice investigaciones exhaustivas de las empresas extranjeras que participan en proyectos estratégicos, como el desarrollo turístico de Pedernales.
La controversia gira en torno a Acciona, una empresa seleccionada en junio de este año para la construcción del aeropuerto de Pedernales, a pesar de que su oferta superaba por más de 300 millones de pesos a la de sus competidores. Según Panorama, esta compañía española ha estado involucrada en casos de sobornos y lavado de activos en países como España, Brasil, México, Perú y Bolivia, lo que ha generado preocupación entre los legisladores que piden mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos.
La exigencia de una investigación por parte del Estado no solo responde a la necesidad de proteger los recursos públicos, sino también a salvaguardar la imagen del país en el escenario internacional frente a este tipo de empresas cuestionadas.
