Defensa Pública denuncia hacinamiento de detenidos en Alma Rosa
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra varias instituciones del sistema de justicia por las condiciones de hacinamiento e insalubridad denunciadas en el área de detención del destacamento de Alma Rosa, en Santo Domingo Este. La entidad busca que se adopten medidas para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de libertad.
La acción fue presentada luego de una inspección realizada el pasado 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames. Durante la visita, constataron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio habilitado únicamente para detenciones temporales.
De acuerdo con la Defensa Pública, 27 de los detenidos estaban a la espera de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público. Mientras que otros 58 ya tenían decisiones judiciales impuestas, pero continuaban en el destacamento debido a retrasos en los traslados hacia centros penitenciarios.
La institución señaló que la permanencia prolongada de internos en instalaciones policiales evidencia fallas en el sistema de traslado penitenciario. Indicó que esos espacios no cuentan con las condiciones necesarias para albergar personas durante períodos extendidos.
La ONDP sostuvo que la situación afecta derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud, la integridad física y moral, además del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Afirmó que estas garantías están protegidas por la Constitución dominicana y tratados internacionales.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que el problema no se limita al destacamento de Alma Rosa, sino que también se presenta en otras dependencias policiales de Santo Domingo Este. Consideró que no debe normalizarse que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones destinadas a detenciones transitorias.
La primera audiencia del recurso fue conocida por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, pero el conocimiento del fondo fue aplazado. La decisión se tomó luego de que varias instituciones presentaran incidentes procesales.
Entre las entidades involucradas figuran la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), la Fiscalía de Santo Domingo y la Dirección Regional de la Policía Nacional. El tribunal fijó para el próximo 10 de julio la continuación del proceso, fecha en la que deberán presentar sus escritos de defensa.
La Defensa Pública recordó que en 2019 impulsó una acción similar por las condiciones de la denominada “carcelita” del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, recurso que fue acogido por los tribunales y confirmado por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0501/20. La institución aseguró que continuará inspeccionando centros de detención y promoviendo acciones legales para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.
