Conozca a Reymundo Mejía, juez que envió caso Jet Set a juicio de fondo
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Justicia. El juez del Primer Juzgado de Instrucción, Raymundo Mejía, a cargo del caso Jet Set, envió a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas tras el colapso del techo de dicha discoteca.
Nacido en La Romana el 6 de enero de 1981, Mejía Zorrilla es licenciado en Derecho por la Universidad Central del Este (UCE), título obtenido en 2003. Su formación académica incluye estudios de posgrado en Derecho Laboral y Seguridad Social, así como especializaciones en Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Además, cursó una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre los años 2008 y 2010.
Antes de ingresar a la judicatura, completó en 2007 el Programa de Aspirantes a Defensor Público en la Escuela Nacional de la Judicatura y posteriormente participó en programas de especialización en materia penal y constitucional en la Universidad de Costa Rica.
Su carrera dentro del Poder Judicial inició el 5 de agosto de 2016 como juez de paz en el municipio de Paraíso. Meses después fue trasladado al Juzgado de Paz de Monte Plata y, posteriormente, a la Oficina del Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción de Ciudad Nueva.
En octubre de 2018 pasó a formar parte de la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Más adelante, el 3 de enero de 2022, fue ascendido como juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, posición que ocupa en la actualidad.
Desde esa función, el magistrado ha tenido bajo su responsabilidad las decisiones correspondientes a una de las etapas más relevantes del proceso judicial vinculado al caso Jet Set.
Este lunes, Mejía reconoció que hubo negligencia por parte de los propietarios de la discoteca y que la tragedia pudo evitarse; sin embargo, explicó que en la legislación dominicana no existe la figura jurídica del dolo eventual, por lo que rechazó tipificar el caso como un homicidio voluntario.
