Panorama Opinión. Debo admitir que al revisar la propuesta de modernización fiscal presentada por el Gobierno, una de las primeras conclusiones a las que llego es que estamos ante una visión técnica distinta a la observada en intentos anteriores.
A diferencia de propuestas que encontraron una fuerte resistencia social y política, esta iniciativa parece partir de una comprensión más realista de las circunstancias económicas y del estado de ánimo de la población. Se percibe una visión más social, más equilibrada y más consciente de que los mayores esfuerzos deben recaer sobre aquellos sectores con una mayor capacidad contributiva, mientras se procura proteger a las clases media y baja, que históricamente han cargado con buena parte de los sacrificios económicos del país.
Ese cambio de enfoque no es menor. Durante décadas, gran parte de las reformas fiscales en América Latina han descansado excesivamente sobre impuestos al consumo que terminan afectando proporcionalmente más a quienes menos tienen. En esta ocasión se observa un esfuerzo deliberado por distribuir las cargas de una manera distinta, procurando que quienes poseen una mayor capacidad económica realicen una contribución superior. Esa visión de progresividad tributaria me parece justa, razonable y acorde con los desafíos sociales que enfrenta la República Dominicana.
También es justo reconocer que, de aprobarse en el Congreso Nacional, el Gobierno lograría algo que ha perseguido durante años: un respiro fiscal que le permitiría incrementar sus ingresos en aproximadamente RD$50,000 millones adicionales. Ese alivio llega en un momento particularmente complejo. La economía mundial atraviesa un período de alta incertidumbre geopolítica, conflictos internacionales, presiones sobre las cadenas de suministro y un incremento sostenido de los costos energéticos. Todo ello ha impactado las finanzas públicas de prácticamente todos los países, incluyendo la República Dominicana, donde el Estado ha tenido que absorber durante años una parte importante del incremento de los combustibles para evitar efectos más severos sobre la población.
Sin embargo, siendo objetivos, también debemos reconocer que el impacto fiscal proyectado de esta propuesta, cercano al 0.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), representa apenas un avance parcial frente a los enormes desafíos estructurales que enfrenta la nación. La República Dominicana necesita, tarde o temprano, una discusión mucho más profunda sobre el tamaño, la eficiencia y la sostenibilidad de su Estado.
Hoy el Estado dominicano recauda una proporción del PIB significativamente inferior a la de muchas economías desarrolladas e incluso por debajo de varios países de América Latina. Pretender cerrar nuestras brechas históricas en educación, salud, seguridad, infraestructura, agua potable, movilidad urbana y transformación tecnológica sin abordar esta realidad sería simplemente engañarnos. Si realmente aspiramos a transformar la educación pública, modernizar la seguridad ciudadana, fortalecer el sistema de salud, desarrollar infraestructura de clase mundial y enfrentar con éxito los retos migratorios, tecnológicos y sociales de las próximas décadas, el país requerirá una transformación estructural capaz de generar recursos equivalentes a cerca de un 4 % del PIB.
Eso no significa subir impuestos indiscriminadamente. Significa construir un nuevo pacto fiscal basado en eficiencia, transparencia y resultados. Significa que el Estado también debe someterse a un profundo proceso de revisión y modernización. La experiencia latinoamericana demuestra lo difícil que resulta avanzar en esa dirección.
Paraguay es probablemente el caso más éxito de las últimas décadas, logrando mejoras cercanas al 3 % del PIB mediante la simplificación de su sistema, mientras que la mayoría de las reformas de la región han producido incrementos mucho más modestos, generalmente entre 0.5 %, 1.5 % y 2 % del PIB.
Por eso esta propuesta debe verse como un paso importante, pero no como la meta final.
Tan importante como recaudar más es gastar mejor.
La República Dominicana necesita sincerar su gasto público con urgencia. No podemos seguir posponiendo una discusión seria sobre la calidad del gasto; cada peso que el Estado recauda debe traducirse en mejores servicios. Esto exige eliminar instituciones que han perdido su razón de ser, reducir duplicidades administrativas, sanear la nómina estatal y combatir con firmeza las denominadas “botellas”. Sin embargo, el verdadero reto no es solo enunciar estos males, sino establecer mecanismos de reciprocidad por ley: el ciudadano solo aceptará nuevas cargas si ve compromisos vinculantes, como metas drásticas para reducir las históricas pérdidas del sector eléctrico (EDEs) o la indexación real de los presupuestos institucionales a la eficiencia y el cumplimiento de metas auditables. El clientelismo político, que durante décadas ha canibalizado la calidad del servicio público, debe ceder su espacio definitivamente al mérito.
Pero también debemos reconocer una realidad frecuentemente ignorada en el debate tributario nacional: ninguna reforma fiscal será suficiente mientras más de la mitad de nuestra economía continúe operando en condiciones de informalidad. La verdadera revolución tributaria que necesita la República Dominicana no consiste únicamente en crear nuevos impuestos o aumentar algunos existentes para asfixiar a los contribuyentes cautivos de siempre.
Consiste en incorporar cientos de miles de trabajadores y negocios al sistema formal. Esto no se logra con más burocracia, sino creando un verdadero régimen unificado y simplificado (un monotributo real) que resulte accesible, barato y atractivo para el microempresario y el trabajador independiente. De igual forma, debemos fortalecer a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con más tecnología, inteligencia artificial, interoperabilidad de datos y herramientas modernas de fiscalización, enfocando sus garras en perseguir la evasión de los grandes capitales y la competencia desleal de la informalidad generalizada, en lugar de sobrecargar fiscalmente al profesional independiente que ya cumple con sus obligaciones tributarias al margen de las reglas.
En ese sentido, considero digno de reconocimiento el papel asumido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). A pesar de que varias de las medidas propuestas impactan directamente a sectores empresariales representados por esa organización, su reacción ha sido responsable y constructiva. En lugar de rechazar automáticamente la iniciativa, ha manifestado disposición al diálogo y ha respaldado aspectos fundamentales de la propuesta, al tiempo que ha reiterado tres demandas que comparto plenamente: una revisión más rigurosa del gasto público, una estrategia efectiva para reducir la informalidad y un combate frontal contra la evasión fiscal.
Ese es precisamente el tipo de discusión madura que necesita el país. No se trata únicamente de cuánto recauda el Estado, sino también de cómo gasta, cómo administra y cómo garantiza que todos contribuyan de manera justa. El gran examen para nuestra salud democrática ocurrirá ahora en el Congreso Nacional. Corresponde a los legisladores blindar el espíritu progresivo del proyecto y resistir el inevitable cabildeo de los sectores fácticos que históricamente han sabido desmantelar las reformas tras bastidores. Si la soga vuelve a romperse por el lado más delgado (manteniendo exenciones corporativas intocables mientras se gravan de forma indirecta el consumo y los servicios básicos) la prometida justicia distributiva se convertirá en otra promesa rota y el costo político para la cohesión social será altísimo.
En términos generales, considero que estamos ante una buena propuesta de partida. No es perfecta, pero tiene el mérito de intentar responder a las necesidades fiscales del momento sin golpear de manera directa a las clases históricamente más sacrificadas del país. Además, incorpora dos medidas largamente reclamadas por distintos sectores de la sociedad: la indexación automática de las escalas salariales para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a los efectos de la inflación, y la eliminación total del anticipo para miles de microempresas que durante años vieron ahogado su flujo de caja y su capacidad de crecimiento por este mecanismo distorsionante.
Finalmente, también considero justo reconocer el papel desempeñado por diversos sectores políticos y sociales que durante años impulsaron algunas de las medidas que hoy aparecen reflejadas en el proyecto. Entre ellos destaca Omar Fernández, quien fue uno de los dirigentes que con mayor insistencia defendió desde el Congreso la indexación salarial y la eliminación del anticipo para las micro y pequeñas empresas. Más allá de las diferencias partidarias, resulta saludable para la democracia que las buenas ideas sean acogidas por los gobiernos, sin importar de dónde provengan. Las mejores reformas son aquellas que trascienden a los partidos y terminan convirtiéndose en verdaderas políticas de Estado.
La República Dominicana necesita más de eso: menos confrontación estéril y más consensos alrededor de las transformaciones que el país demanda. Porque si algo demuestra esta propuesta es que todavía es posible encontrar puntos de encuentro cuando el interés nacional se coloca por encima de las diferencias políticas.
Hoy el país obtiene un respiro fiscal. Eso es positivo. Pero no debemos confundir un alivio temporal con la solución definitiva. Los desafíos estructurales siguen ahí, esperando que tengamos la madurez política, la responsabilidad institucional y la visión de futuro necesarias para enfrentarlos.
La pregunta ya no es si necesitamos más recursos para el Estado. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a construir un Estado que demuestre merecer esos recursos.
