Panorama Nacional. El Colegio Médico Dominicano (CMD) depositó este martes una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 8, 9, 12 y 354 del nuevo Código Penal Dominicano, que entrará en vigencia el próximo mes de agosto.
A su llegada al Tribunal Constitucional, el presidente del gremio, Luis Peña Núñez, reconoció que los médicos que incurran en faltas deben responder ante la justicia, pero sostuvo que los profesionales de la salud deben ser juzgados en tribunales civiles y no penales, como establece la recién promulgada Ley 74-25.“Esta acción no busca ni define la impunidad.
Los profesionales de la salud estamos de acuerdo y aceptamos plenamente que, cuando actuemos con dolo, mala fe, culpa grave o rompamos abiertamente las reglas de la ciencia médica, debemos responder ante la justicia, pero en un tribunal civil, un tribunal disciplinario o éticamente. Eso no está en discusión”, dijo Peña Núñez, quien detalló las violaciones en las que incurre la pieza.
Para el gremio, el párrafo I del artículo 8, sobre la responsabilidad de personas jurídicas, representa una violación a la presunción de inocencia, ya que establece que un hospital o clínica puede ser condenado aunque no se sepa quién actuó en contra de un paciente.
A lo que se suma la responsabilidad compartida establecida en el artículo siguiente, donde, según el CMD, se “completa este cuadro al extender la imputación sin reglas claras ni delimitadas”.Por otro lado, los galenos cuestionaron el artículo 12, relativo a la omisión y posición de garante, al considerar que es “demasiado abierto, ambiguo e impreciso”.
“La medicina es una actividad de medios, no de resultados: garantizamos actuar con ciencia, ética y diligencia, pero nadie puede garantizar curar siempre. Esta norma permite que cualquier complicación, riesgo propio del tratamiento o falla del sistema de salud se lea después como un delito por omisión. Eso acaba con la seguridad jurídica y el principio de legalidad”, argumentó Peña Núñez al respecto.
En cuanto al artículo 354, el gremio explicó que el párrafo I aumenta la pena al doble solo por el hecho de ejercer la medicina en el sector público, lo que calificaron como una violación al derecho a la igualdad.“Un médico es médico, tiene el mismo título, los mismos deberes éticos y causa el mismo daño si emite un certificado falso, trabaje donde trabaje. Tratarlo distinto viola de frente el artículo 39 de la Constitución: todos somos iguales ante la ley”.
Según el gremio, estas disposiciones solo dejarían como resultado más exámenes innecesarios, más demoras, rechazo de casos graves o complejos, menos especialistas en áreas de alto riesgo y servicios más caros y difíciles de acceder.
“Por eso pedimos al Alto Tribunal que declare su inconstitucionalidad. Hacemos esto por el Estado de derecho, por la seguridad jurídica de miles de profesionales, pero sobre todo por el derecho de todos los dominicanos a contar con un sistema de salud humano, seguro y de calidad”, concluyó Peña Núñez.