Panorama Opinión. Durante años, muchos vieron el acto de calibrar motocicletas como una demostración de destreza o una forma de ganar popularidad en las redes sociales. Hoy esa práctica ha salido de las calles apartadas para apoderarse de avenidas, elevados, túneles y carreteras altamente transitadas, convirtiéndose en una seria amenaza para la seguridad vial.
Es cada vez más frecuente observar motociclistas levantando la rueda delantera, zigzagueando entre vehículos o realizando maniobras temerarias mientras son grabados para obtener miles de reproducciones en internet. El problema es que ya no solo arriesgan sus vidas, sino también las de conductores, peatones y familias enteras.
La pregunta ya no es si esta práctica debe detenerse. La verdadera pregunta es si el Estado hará cumplir las herramientas legales que ahora tiene a su disposición.
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Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la conducción temeraria y las acciones que ponen deliberadamente en peligro la vida de otras personas reciben un tratamiento mucho más severo. El mensaje es claro: las vías públicas no pueden seguir siendo escenarios para espectáculos que ponen vidas en riesgo.
Pero una ley, por sí sola, no cambia la realidad. El reto comienza con su aplicación. ¿Habrá operativos permanentes? ¿Se impondrán sanciones ejemplares? ¿Se incautarán las motocicletas utilizadas para estas maniobras? ¿O volveremos a reaccionar solo después de una tragedia?
Las redes sociales también han contribuido a normalizar esta conducta. La búsqueda de viralidad ha convertido la imprudencia en entretenimiento y ha llevado a muchos jóvenes a asumir riesgos cada vez mayores.
No se trata de criminalizar a todos los motociclistas. La gran mayoría utiliza su motor para trabajar y sostener a su familia. Precisamente ellos también son víctimas de una minoría que desafía la ley y deteriora la imagen de todo el sector.
El nuevo Código Penal ofrece una oportunidad para enviar un mensaje inequívoco: calibrar una motocicleta en una vía pública no es una gracia ni un deporte urbano cuando pone en peligro a terceros. Es una conducta que puede costar vidas y que debe tener consecuencias.
Las leyes ya existen. Ahora falta demostrar que también existe la voluntad de hacerlas cumplir antes de la próxima tragedia.
