Ángel Martínez enfrentará proceso judicial con impedimento de salida y presentación periódica
Karina Jiménez | | 2 mins de lectura 
Panorama Judicial. – La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso este martes impedimento de salida del país y presentación periódica contra el comunicador y presunto detective Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, quien fue arrestado el lunes a bordo del crucero MSC World America, atracado en el muelle Taíno Bay del municipio San Felipe de Puerto Plata.
La audiencia, celebrada en la tarde, forma parte de un proceso judicial que, según la defensa del imputado, está vinculado a una presunta violación a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. El tribunal fijó la próxima audiencia para el 16 de junio.
Martínez calificó la medida como injusta y denunció que se le impide moverse libremente dentro del país.
“La República Dominicana me retiene dentro del territorio nacional, no puedo salir del país porque quieren atacarme. Tengo más de 55 años con la misma dirección y una oficina establecida desde hace 35 años”, expresó visiblemente afectado tras la decisión judicial.
Por su parte, su abogado, Carlos Manuel Mesa, anunció que apelarán la medida. Afirmó que el proceso no se ajusta a la realidad de los hechos y que su cliente fue detenido por error.
“Ángel Martínez fue arrestado por una confusión con un proceso ya extinguido, correspondiente a Guido Gómez Mazara. Se hizo una llamada para apresarlo cuando ya se encontraba a bordo del crucero”, denunció Mesa.
El jurista también reclamó la devolución de los teléfonos móviles y dispositivos USB incautados sin orden judicial, alegando que ni siquiera se completó el acta de registro correspondiente.
Asimismo, señaló que la querella privada solicitó medidas como prisión preventiva y grilletes electrónicos, acciones que la normativa legal prohíbe a partes no estatales.
Ángel Martínez presentó ante el tribunal su domicilio en Estados Unidos, ubicado en una vivienda con más de 50 años de antigüedad cerca de Brickell, Florida, alegando que nunca había sido debidamente notificado en procesos anteriores por falta de actualización de su dirección en el país.
La defensa insistió en que este caso tiene motivaciones políticas y que será desmontado en las próximas fases judiciales.
