Entre denuncias, retrasos e incertidumbre: acusan empresario de estafa inmobiliaria en Punta Cana
Medios Panorama | | 4 mins de lectura 
Panorama Nacional. El empresario español de la construcción Abel Martínez Ligüeros representante de la empresa Doltesa SRL es señalado por un grupo de inversionistas, en su mayoría extranjeros, de recibir cerca de medio millón de dólares por propiedades en Punta Cana que, hasta la fecha, no han sido entregadas.
El caso señalado por los denunciantes corresponde al proyecto residencial Niagara Beach en Punta Cana, donde varios compradores, incluidos dominicanos residentes en el exterior, afirman haber entregado importantes sumas de dinero bajo promesas de desarrollo que según sostienen, no llegaron a concretarse.
Un equipo de periodistas del programa Toda la Verdad conducido por la periodista Odalis Castillo, se trasladó hasta el lugar del proyecto y a las oficinas del señor Abel Martínez Ligüeros, sin lograr establecer contacto con el representante. Tres años después de la fecha pactada para la entrega, las propiedades continúan sin materializarse, mientras los compradores permanecen en un limbo marcado por promesas incumplidas, falta de respuestas y la incertidumbre sobre el destino de su inversión.
Según el abogado de los afectados, Fernando Ozuna, Martínez Ligüeros se comprometió a entregar los inmuebles; sin embargo, el proyecto permanece en ruinas. El jurista agregó que el implicado sostiene que se trata de un caso civil y asegura no tener temor, alegando incluso que su esposa es abogada.
Explicó que sus clientes se encuentran en un limbo tanto práctico como jurídico. Indicó que han interpuesto querellas ante la Fiscalía de La Altagracia, en Higüey; sin embargo, el proceso ha estado marcado por constantes citas y suspensiones. La más reciente, añadió, ocurrió la semana pasada, cuando el imputado no acudió, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
HABLAN LOS AFECTADOS
Pamela Andrea Tapia Núñez, de nacionalidad chilena y una de las afectadas, relató que las primeras sospechas surgieron cuando notó retrasos en el proyecto y la falta de respuestas por parte de la empresa. Explicó que varios compradores comenzaron a organizarse en grupos tras enfrentar retrasos en las entregas, descubriendo que incluso tenían fechas distintas para unidades ubicadas en un mismo bloque.
La inversionista aseguró que, en su momento, el proyecto mostraba signos de legitimidad: había construcción en marcha, personal en el lugar y una estructura organizativa que generaba confianza. Indicó que incluso pudo modificar cláusulas del contrato sin inconvenientes, lo que, lejos de generar sospechas, reforzó la percepción de que se trataba de una inversión segura.
Sin embargo, Tapia Núñez sostuvo que esa flexibilidad evidenciaba una práctica engañosa, ya que —según afirmó— la intención nunca fue cumplir con lo pactado por ello entiende hoy día, que nunca se negaron a cambios, que no cumplirían. Advirtió además que este tipo de situaciones no solo afecta a los inversionistas, sino que impacta la imagen del país, señalando que casos similares ya han sido difundidos en Chile, debilitando la confianza en el mercado inmobiliario dominicano.
Ariel Mendoza, dominicano residente en Estados Unidos y uno de los afectados, explicó que conoció el proyecto Niagara Beach en Punta Cana a través de amistades y decidió invertir motivado por su atractivo y una estrategia de marketing convincente. Señaló que su intención era adquirir una propiedad como plan de retiro, confiando en la promesa de una vida tranquila en el país.
Mendoza indicó que, al dar seguimiento a su inversión, la empresa le aseguró que el proyecto avanzaba, con la construcción de viviendas en curso y futuras etapas que incluirían los townhouses. Sin embargo, afirmó que esas promesas nunca se materializaron y que las informaciones recibidas eran inconsistentes.
El inversionista relató que inicialmente la entrega fue pautada para diciembre de 2023, luego pospuesta para mayo, sin que se cumpliera ninguno de los plazos. Desde entonces, aseguró que han transcurrido los años 2024 y 2025 sin avances, y que en 2026 aún no recibe comunicación alguna por parte de la empresa.
Robinson Santos, dominicano residente en Canadá y uno de los afectados, denunció haber invertido alrededor de 35,000 dólares en la adquisición de dos propiedades dentro del proyecto. Explicó que decidió suspender los pagos al percatarse de la falta de avances reales en la construcción.
Santos aseguró que, contrario a lo prometido, el lugar no presenta desarrollo significativo. Describió el área como un terreno prácticamente baldío, con algunas estructuras a medio construir y amplias zonas cubiertas de vegetación.
El inversionista sostuvo que esa es la realidad actual del proyecto, muy distante de lo ofrecido inicialmente, lo que refuerza las preocupaciones de los compradores sobre el destino de su inversión.
