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AIRD solicita al Congreso revisar artículos del Código Penal que afectan a las empresas

AIRD solicita revisar artículos del Código Penal
AIRD solicita revisar artículos del Código Penal
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Panorama Nacional.   La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) solicitó al Congreso Nacional revisar ocho artículos de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, al considerar que algunos de sus contenidos podrían generar incertidumbre jurídica para el sector empresarial. La organización entiende que el proceso de modificación en curso ofrece la oportunidad para introducir ajustes al texto.

La entidad planteó que los artículos 8 al 13, así como los artículos 150 y 151, requieren una redacción más precisa. A su juicio, esos cambios contribuirían a garantizar el respeto a los principios de legalidad y debido proceso.

Según la AIRD, una mayor claridad en esas disposiciones ayudaría a evitar interpretaciones que puedan afectar la seguridad jurídica de las empresas. El gremio afirmó que las modificaciones no deben limitar la capacidad del Estado para perseguir los delitos contemplados en la legislación.

Pacheco asegura que todas las propuestas de modificación al Código Penal serán evaluadas

La organización sostuvo que el Código Penal debe ofrecer un marco legal predecible que fortalezca la competitividad y favorezca la inversión en el país. También consideró que la seguridad jurídica es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad empresarial.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, reiteró el respaldo del gremio a la aprobación de un Código Penal actualizado. No obstante, señaló que el proceso legislativo debe servir para corregir disposiciones que puedan dar lugar a interpretaciones ambiguas.

La AIRD indicó que las observaciones presentadas buscan mejorar el contenido de la ley sin alterar los objetivos de la reforma penal. La entidad insistió en que un texto más claro beneficiaría tanto al sector productivo como a la aplicación de la justicia.

La revisión del Código Penal es analizada por una comisión bicameral del Congreso Nacional, presidida por el diputado Wandy Batista y la senadora María Mercedes Ortiz. Ese equipo tiene previsto presentar su informe antes del cierre de la actual legislatura ordinaria, fijado para el 26 de julio.

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