Panorama Opinión. Para garantizar el derecho a la libertad de opinión y expresión que recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como otras declaraciones de derechos humanos, es necesario el derecho de acceso a la información. Este derecho persigue que se transparente la información que generan los gobiernos para evitar actos de corrupción.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por vía de consecuencia la gobernabilidad democrática. A su vez, permite a los ciudadanos examinar las acciones de su gobierno y constituye la base para el debate sobre esas acciones.
Un principio fundamental de derecho a la información es el de la “máxima divulgación” o “publicidad”. La información solo debe ser ocultada al público cuando sea absolutamente necesario para prevenir daño a un interés legítimo y donde no exista un interés público superior al de conocer la información.
No se concibe un Estado con secretos o informaciones privilegiadas porque se pudiera entender que sus representantes actúan en función de algún interés particular alterando la concepción que hoy tenemos de la democracia, amén de que hay excepciones sustentadas en el propio interés general de los ciudadanos.
