Panorama Opinión. A veces los proyectos más ambiciosos nacen de una buena idea y mueren por una mala gestión.
Así podría describirse la historia del proyecto de siembra y comercialización de piña impulsado a través de la Asociación de Productores de Piña de Monte Plata (ASOPROPIMOPLA), una iniciativa que en su momento prometía transformar la vida de cientos de jóvenes dominicanos, de una comunidad como Monte Plata, y que llevaba en alto el nombre del país en materia de producción y exportación de piña de calidad.
Aunque la asociación tenía su base en Monte Plata, la mayoría de los socios provenían de distintos puntos del país, sobre todo de Santo Domingo. Esto porque se entendía que Monte Plata era una zona idónea para la siembra de piña por sus condiciones naturales, y donde ya se habían obtenido buenos resultados. Además, el presidente de la asociación era oriundo de esa provincia.
Muchos éramos profesionales, emprendedores y personas con espíritu de trabajo que vimos en esa oportunidad el respaldo del Estado para apoyar el desarrollo agrícola, ofrecer créditos y generar oportunidades que permitieran a jóvenes interesados en la agricultura, con experiencia o sin ella, tener la base para emprender, aprender y más adelante replicar el modelo en distintas comunidades del país.
El problema central de este proyecto radicó en cómo se estructuró y se ejecutó tras el financiamiento del Banco Agrícola, el cual desembolsó un préstamo millonario a nombre de la asociación para promover la participación de jóvenes en la vida productiva nacional, involucrándolos directamente en el proyecto.
Dicho préstamo fue otorgado directamente a la asociación, que debía ejecutarlo como responsable técnico y financiero. Es decir, la asociación recibía los fondos, adquiría los insumos, importaba los hijuelos de Costa Rica (que posteriormente fueron sustituidos por los primeros hijuelos locales obtenidos de esas mismas plantaciones), preparaba los terrenos, realizaba la siembra, manejaba la cosecha, procesaba la producción y comercializaba el producto. Además, debía realizar los pagos del financiamiento individual de cada socio al Banco Agrícola y distribuir a los mismos las ganancias según las ventas obtenidas por cada unidad productiva de 30 tareas, lo que se denominaba un proyecto Invierte.
El modelo planteado consistía en que la asociación arrendaba grandes extensiones de terreno en zonas cercanas a Monte Plata, y luego subarrendaba a los socios de los programas Invierte por grupos de 30 tareas. Cada socio asumía la obligación de pagar el arrendamiento correspondiente a su o sus inviertes, cuyo valor era de 112,500 pesos por cada 30 tareas, junto con su membresía en la asociación. A cambio, recibiría los beneficios proporcionales de las ventas y exportaciones.
El entusiasmo fue enorme. Poco después se inauguró una moderna planta empacadora de ASOPROPIMOPLA en Monte Plata, en un acto encabezado por el entonces presidente Danilo Medina, lo que reforzó la confianza en el proyecto. Se habló de innovación, de exportaciones, de empleo y de esperanza. Incluso, la piña estaba en los titulares de distintos medios; se mencionaban contratos importantes de venta nacional e internacional, y organismos internacionales destacaban el potencial del proyecto, junto con los certificados de calidad obtenidos.
Con el paso del tiempo, la realidad fue otra. La gran mayoría de los socios nos mantuvimos a la expectativa, año tras año. Siempre había excusas sobre por qué no se cumplía con lo prometido. Sin embargo, se nos enviaban correos con supuestas actualizaciones del estatus de las siembras, haciendo creer que todo avanzaba con normalidad, e incluso mensajes que indicaban que se habían realizado pagos correspondientes al Banco Agrícola, lo cual no era cierto. Con el tiempo se supo que los socios seguíamos cargando con las deudas completas ante el Banco Agrícola. En otras palabras, se fingió que se estaban pagando nuestros préstamos individuales, pero en realidad no se realizaron los pagos.
A partir del año 2023, el Banco Agrícola comenzó a ejecutar embargos de manera individual, lo que generó una profunda preocupación y un descontento general entre los socios. Los embargos debieron dirigirse contra la Asociación, que fue quien firmó el financiamiento, manejó los fondos y era titular de las garantías, y no contra personas que nunca recibieron recursos ni beneficios, ni siquiera las ganancias del proyecto.
Para ese momento, la Asociación ya no operaba con normalidad. Había intentos de negociación con el Banco Agrícola para reestructurar el proyecto, pues todo había colapsado: las plantaciones estaban abandonadas, la producción detenida y el ánimo de los socios completamente desgastado. Algunos de los directivos aún trataban de dar la cara y buscar una salida. Sin embargo, poco a poco desaparecieron, al igual que cualquier posibilidad de resolver la situación.
La discrecionalidad con la que se manejó todo el proceso parece haber sido calculada. Desde quién podía integrarse al proyecto, pasando por la cantidad de “invierte” a las que podía acceder cada socio, el precio de venta de la fruta, la asignación de las tierras dentro de cada parcela, la planificación del período de siembra en esas tierras y los pagos al Banco Agrícola y a los socios según los compromisos asumidos, todo parecía responder a decisiones arbitrarias y no a criterios técnicos ni justos.
Entre las irregularidades detectadas se identificó una empresa en particular que firmó doce proyectos “invierte” directamente con la Asociación, justo antes del financiamiento del Banco Agrícola. Dicha empresa fue una de las pocas que recibió pagos millonarios, lo que refuerza la percepción de que hubo un manejo discrecional y favorecimientos internos. En otro artículo hablaremos sobre esta empresa.
Hoy, muchos de los involucrados mantienen el interés de encontrar una salida a este conflicto. Algunos abogan por rescatar la Asociación y encaminarla nuevamente, otros desearían recuperar el dinero perdido, pero la mayoría solo aspira a resolver una supuesta deuda injusta con el Banco Agrícola. Esa deuda debe quedar bajo responsabilidad de la Asociación, sus fiadores y los responsables directos. Los socios, en cambio, cargan con una obligación que no les corresponde, una deuda que no generaron y de la cual nunca vieron beneficios. Asumirla significaría arruinar el crédito y la estabilidad productiva de cientos de jóvenes.
En esta iniciativa participaron personas de distintas corrientes políticas: algunos vinculados al partido de gobierno actual, otros al anterior, así como ciudadanos sin militancia, algunos humildes y otros de gran influencia social y económica. Por eso, esto no es un asunto de colores partidarios, sino de justicia y dignidad.
La mayoría reconocemos que el proyecto nació con un propósito noble, social y con visión de desarrollo. Sin embargo, la ejecución, la supervisión y la responsabilidad institucional fallaron gravemente.
Por eso, este artículo además de informar y denunciar, busca servir como un llamado al Presidente de la República y al administrador del Banco Agrícola para que dispongan una investigación profunda, lleven ante la justicia a los responsables y procuren una solución para todas las víctimas. Y por otro lado, invitar a conocer de cerca el proyecto de piñas de Monte Plata, el cual a nuestro entender, merece ser reestructurado y repensado; se tienen activos importantes, como la planta empacadora y los equipos pesados, y la piña sigue siendo un producto con potencial internacional. El esfuerzo de tantos jóvenes no debe quedar como una historia amarga. Esta puede ser una historia que el Estado aún puede mejorar.
