Panorama Opinión. El fin de semana del 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos militares y de mando en Irán, la economía global se desvió bruscamente de la ruta de recuperación que había comenzado a transitar. En apenas 36 horas, la respuesta iraní alcanzó diez países de Medio Oriente, y el precio del crudo Brent se disparó por encima de los 100 dólares el barril. La República Dominicana, economía pequeña y abierta con una factura energética altamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos, se encontró de golpe en la primera línea de fuego de un choque externo cuyas dimensiones nadie se atreve aún a dimensionar completamente.
El presidente Luis Abinader, en una entrevista concedida el 31 de marzo, reconoció sin ambages que la crisis «ha superado las expectativas iniciales de corta duración», lo que obliga al país a replantear su estrategia hacia el mediano y largo plazo. Sobre la mesa hay una receta de medidas: cerca de 10.000 millones de pesos reasignados del presupuesto para reforzar programas sociales, un subsidio de 1.000 millones a los fertilizantes y la continuidad del subsidio a los combustibles para evitar que el shock internacional se traduzca de inmediato en inflación doméstica. El mandatario ha sido enfático: no habrá recortes a los programas sociales ni a la inversión pública.
Pero ¿qué dicen los organismos internacionales de esta estrategia? ¿Está el país realmente blindado para navegar en un mar picado? La respuesta, como suele ocurrir en economía, es matizada. Este artículo somete la «receta Abinader» al escrutinio de las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, extrae lecciones de la literatura sobre resiliencia sistémica, y ofrece —a modo de colaboración de buena fe— un conjunto de correcciones y recomendaciones para fortalecer la gobernanza económica en un entorno que se ha vuelto estructuralmente incierto.
El diagnóstico del contagio: más allá del petróleo
El canal más visible del choque externo es, sin duda, el energético. La EIA ha elevado su pronóstico para el crudo Brent a 96 dólares por barril en 2026, muy por encima de los 78 dólares estimados antes de la escalada. Pero el Fondo Monetario Internacional, en su edición de abril de 2026 de las Perspectivas de la Economía Mundial, ha lanzado una advertencia más sutil y profunda: «los mercados financieros mundiales han absorbido el shock con una resiliencia engañosa que no debe tomarse al pie de la letra». La guerra ya ha provocado una revisión a la baja del crecimiento global de dos décimas; sin el conflicto, la proyección para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4%.
Para República Dominicana, las implicaciones son múltiples. El Banco Mundial, en su Panorama Económico de América Latina y el Caribe, ha recortado la proyección de crecimiento del país para 2026 al 3,6%, una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al 4,5% previsto inicialmente. La CEPAL, por su parte, sitúa la expansión en un 3,6% para 2026, aunque el país sigue creciendo por encima del promedio regional. El FMI, en su Consulta del Artículo IV concluida en noviembre de 2025, había proyectado una aceleración al 4,5% en 2026, pero ese escenario presuponía un entorno internacional mucho más benigno.
El problema no es solo el precio del petróleo. Es la inflación secundaria: el encarecimiento de los fertilizantes (que golpea al agro), el aumento de los fletes marítimos por primas de riesgo y la eventual traslación a los alimentos. El conflicto de Medio Oriente está elevando los precios de los fertilizantes, amenazando con escasez de alimentos en países pobres. En una economía donde el costo de la canasta básica es un termómetro político de primera magnitud, la ecuación se vuelve explosiva.
La receta Abinader bajo la lupa de los organismos internacionales
El FMI ha sido, en términos generales, favorable al manejo macroeconómico dominicano. En el comunicado de prensa que acompaña la Consulta del Artículo IV de 2025, el organismo señaló que «República Dominicana cuenta con fundamentos económicos fuertes y espacio de maniobra para aplicar políticas en caso de que los riesgos se materialicen, con lo cual el país se encuentra en una buena posición para enfrentar la continua incertidumbre global». Es un respaldo significativo, pero no exento de condiciones.
La advertencia del FMI es clara: «Las reformas fiscales y estructurales, sobre todo en el sector eléctrico, son esenciales para mejorar las perspectivas de crecimiento de mediano plazo y continuar fortaleciendo la resiliencia económica». Es decir, los subsidios a los combustibles —medida central de la respuesta de emergencia— no pueden eternizarse sin una reforma de fondo en el sector eléctrico y una mejor focalización de las ayudas. El propio organismo señala que la reducción esperada de las pérdidas del sector eléctrico y una mejor focalización de los subsidios contribuirán a crear espacio fiscal para la inversión pública.
El Banco Mundial, por su parte, ha sido más cauto. La rebaja de la proyección de crecimiento al 3,6% refleja la percepción de que el entorno internacional adverso restringe especialmente a las economías importadoras de petróleo como la dominicana. El organismo atribuye la moderación a «los altos costos de financiamiento, la débil demanda global y las tensiones geopolíticas». La lección implícita es que el blindaje externo del país —su capacidad para aislarse de los shocks— tiene límites estructurales que ninguna política de corto plazo puede eludir.
La CEPAL, en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, ha puesto el dedo en una llaga que el gobierno dominicano prefiere no tocar: la dependencia de las remesas. Los envíos familiares, que representan un 11,2% del PIB de la subregión, «se desacelerarían o incluso disminuirían en el mediano o largo plazo si permanece o se acentúa el endurecimiento de las medidas migratorias y el proteccionismo comercial». En un escenario de conflicto global prolongado, Estados Unidos podría endurecer sus políticas migratorias, y el flujo de divisas que sostiene el consumo interno dominicano se vería seriamente afectado.
El vértice olvidado: gobernanza y resiliencia sistémica
Aquí es donde la receta de Abinader, correcta en sus líneas generales, muestra sus principales costuras débiles. La literatura sobre resiliencia sistémica —esa capacidad de un sistema para anticiparse, resistir, adaptarse y recuperarse frente a eventos adversos— insiste en un punto que los organismos internacionales han reiterado hasta el cansancio: la resiliencia no se improvisa en medio de la tormenta; se construye en tiempos de calma.
La OCDE, en su Latin American Economic Outlook 2025, ha subrayado la necesidad de «realinear los sistemas productivos con los estándares y demandas globales mientras se genera empleo de calidad, se desarrollan capacidades locales y se promueven sectores estratégicos clave». La traducción práctica para República Dominicana es inequívoca: la transición energética no puede seguir postergándose; la diversificación de la matriz productiva no puede seguir siendo una promesa de campaña; y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles es, hoy más que nunca, una cuestión de seguridad nacional.
El FMI, en un evento conjunto con la OCDE celebrado en noviembre de 2025, identificó áreas prioritarias para América Latina que incluyen «productividad, competencia, preparación digital, mercados laborales y tributación». El gobierno dominicano ha avanzado en algunas de estas áreas, pero la reforma fiscal estructural —ese tema tabú que ningún gobierno quiere tocar— sigue pendiente. La dependencia de los ingresos aduaneros y de los impuestos al consumo hace que la economía sea vulnerable a cualquier desaceleración del comercio global.
El valor de la evidencia: ¿funcionaron estas medidas en el pasado?
No se trata de teorizar en el vacío. La respuesta dominicana a la guerra entre Rusia y Ucrania —que el propio Abinader ha mencionado como antecedente exitoso— ofrece lecciones valiosas. En aquella ocasión, el país logró mantener niveles de inflación más bajos que otros de la región gracias a una combinación de subsidios focalizados, diálogo con el sector empresarial y una comunicación pública que gestionó las expectativas.
Sin embargo, el contexto actual es más complejo. En 2022-2023, el shock era esencialmente energético y alimentario, pero el sistema financiero global funcionaba con relativa normalidad. Hoy, el FMI advierte que «los riesgos para la estabilidad siguen siendo elevados debido al apalancamiento en sectores no bancarios y a la opacidad del crédito privado». Eso significa que el canal financiero del contagio —posibles restricciones de liquidez, endurecimiento de las condiciones crediticias, fuga de capitales hacia activos refugio— podría amplificar el impacto del choque energético de una manera que no vimos en 2022.
De la receta a la realidad: correcciones de buena fe para fortalecer la gobernanza
Ninguna política económica es perfecta, y la humildad para reconocer los ajustes necesarios es, precisamente, la marca de una buena gobernanza. A continuación, a modo de contribución de buena fe y con el respaldo de la evidencia disponible, se proponen tres correcciones a la estrategia actual y tres recomendaciones estructurales para construir resiliencia de verdad.
Correcciones inmediatas
Primera: poner fecha de caducidad a los subsidios generalizados. El FMI ha sido consistente en su mensaje: los subsidios a los combustibles deben estar mejor focalizados. El gobierno ha destinado cerca de 10.000 millones de pesos a programas sociales y subsidios, pero una parte significativa de esos recursos beneficia a sectores que no los necesitan. La recomendación es establecer un cronograma claro de reducción de subsidios generalizados y, paralelamente, implementar un sistema de transferencias monetarias condicionadas que llegue exclusivamente a los hogares en situación de vulnerabilidad.
Segunda: activar mecanismos ágiles de estabilización de precios. Como ha señalado la prensa especializada, el gobierno debería «facilitar importaciones temporales de productos básicos cuando se detecten aumentos anormales o riesgos de escasez, reduciendo aranceles y eliminando trabas logísticas». La velocidad de respuesta es determinante en una economía altamente dependiente de importaciones. Los operativos de venta a precios controlados a través del INESPRE deben ampliarse, y Pro Consumidor debe reforzar la supervisión de prácticas comerciales para detectar y sancionar aumentos injustificados.
Tercera: institucionalizar el diálogo público-privado como órgano permanente. Abinader ha anunciado reuniones con el sector empresarial, replicando el modelo que funcionó durante la guerra de Ucrania. Pero la experiencia comparada muestra que los comités ad hoc pierden eficacia cuando la crisis se prolonga. La recomendación es convertir este espacio en una instancia formal y permanente —un Consejo Económico y Social para la Resiliencia— con representación del gobierno, los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil, dotado de capacidades técnicas y de seguimiento.
Recomendaciones estructurales para construir resiliencia de verdad
Primera: acelerar la transición energética como política de Estado, no como promesa. La dependencia de los hidrocarburos importados es el talón de Aquiles de la economía dominicana. La EIA proyecta precios elevados para 2026 y 2027; eso significa que el choque externo no es transitorio, sino que probablemente se prolongará. El gobierno debe presentar un plan con metas anuales vinculantes de incorporación de energías renovables a la matriz, incentivos claros para la inversión privada en parques solares y eólicos, y una reforma profunda del sector eléctrico para reducir las pérdidas —técnicas y no técnicas— que hoy absorben una parte inaceptable del presupuesto nacional. El FMI ha sido explícito al respecto: las pérdidas del sector eléctrico deben reducirse para crear espacio fiscal.
Segunda: diversificar la matriz productiva y reducir la dependencia de las remesas. La CEPAL ha lanzado una advertencia que no puede ignorarse: las remesas podrían disminuir si Estados Unidos endurece sus políticas migratorias. La estrategia de desarrollo del país no puede descansar sobre un pilar tan volátil. Se necesita una política industrial activa que fomente sectores con mayor valor agregado —tecnología, logística, manufactura especializada— y que reduzca la vulnerabilidad externa. La OCDE ha insistido en la necesidad de realinear los sistemas productivos con estándares globales; ese es el camino.
Tercera: emprender una reforma fiscal estructural que aumente la progresividad y reduzca la dependencia de los ciclos externos. El FMI y el Banco Mundial han señalado reiteradamente que la capacidad de respuesta del gobierno ante shocks externos está limitada por un sistema tributario que depende en exceso de los impuestos al consumo y al comercio exterior. La recomendación es abrir un debate nacional —con todas las fuerzas políticas y los sectores sociales— sobre una reforma que aumente la progresividad del impuesto sobre la renta, grave de manera efectiva las grandes fortunas y reduzca la evasión fiscal, estimada en niveles escandalosamente altos. Sin ingresos estructurales, cualquier política de blindaje será, en el mejor de los casos, un parche.
Conclusión: Navegar el mar picado con un timón firme pero flexible
La receta de Luis Abinader para enfrentar el choque externo del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel es, en sus líneas generales, correcta y está respaldada por los organismos internacionales. Los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos, el sistema financiero es robusto y hay espacio de maniobra para aplicar políticas contracíclicas. Pero la solidez de los fundamentos no es suficiente cuando el oleaje proviene de múltiples direcciones a la vez: energía, finanzas, comercio, migraciones.
La buena gobernanza en un mar picado exige algo más que medidas reactivas. Exige la capacidad de anticipar, la disciplina para ejecutar reformas estructurales en tiempos de calma y la humildad para corregir el rumbo cuando la evidencia lo demanda. La transición energética, la diversificación productiva y la reforma fiscal no son lujos que puedan postergarse hasta que pase la tormenta. Son, precisamente, las obras de ingeniería que evitan que el barco se hunda cuando la tormenta llega.
El país tiene los recursos humanos, institucionales y económicos para salir fortalecido de esta crisis. Pero eso dependerá de una decisión política que trascienda el cortoplacismo: la decisión de construir resiliencia sistémica, no como un eslogan, sino como una política de Estado sostenida en el tiempo. Esa es, en última instancia, la verdadera receta.
