Abinader: cuatro años de gestión entre aciertos y desaciertos

Sin dudas, el economista Luís Abinader asumió la Presidencia, probablemente en las circunstancias más difíciles en que haya asumido gobierno alguno en la historia de República Dominicana.

El gobierno que se instalaba heredaba una triple crisis que hacía incierto el camino a recorrer. Una pandemia en incremento, con el contagio de cerca de cien mil personas hasta ese momento y casi dos mil fallecidos, una gestión muy cuestionada, y la persistente expansión del Covid-19 que no permitía evaluar la magnitud de la crisis económica y posterior repercusiones sociales. La tarea no era fácil, y la preocupación, real.

En tales circunstancias, el nuevo gobierno que se instalaba no podría satisfacer muchas expectativas de cambio, al menos en el primer año de gestión, pues en ese tiempo había que recuperar la salud y restablecer los niveles de empleo y productividad, con decenas de miles de empresas quebradas y las estimaciones de pobreza por encima de cualquier circunstancia anterior.

Pero, además, la llegada del nuevo jefe de Estado se producía en el marco de una compleja situación política, con un liderazgo tradicional en declive, la emergencia de un nuevo partido al gobierno en medio de una aguda crisis del partidarismo tradicional y un sistema político clientelar.

Las circunstancias políticas para Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tampoco eran las más alentadoras. Montado en el discurso de las masas populares que a través de Marcha Verde recorrieron el país durante los tres años que antecedieron a la toma de posesión del actual presidente en 2020, en un movimiento que por primera vez cuestionaba desde las calles, el sistema político desde el tema de la impunidad del poder y la corrupción como repudio al anterior gobierno, se convertía en un gran desafío.

Y en efecto, además de la situación sanitaria y el posterior contexto internacional adverso, el nuevo gobierno que se instalaba recibía de las anteriores gestiones que alcanzaron 20 años, déficit fiscal, corrupción administrativa,  evasiones y elusiones fiscales, así como leyes en proceso, tales como: Las Alianzas Público Privadas (APP), una iniciativa de privatización solapada, ley territorial, ley de Aguas, Minería, Medio Ambiente, Extinción de dominio y DNI entre otras, sin contar los Pactos Fiscal y Eléctrico, este último devenido en acuerdo entre gobierno y sector empresarial, suelto en “banda” poco después.

El compromiso del “Cambio”

A pesar de la adversidad de las circunstancias, la ilusión del cambio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mayor equidad económico-social para reducir la desigualdad y la pobreza prevaleció. Por tanto, ello obligaría a las nuevas autoridades a una gran reingeniería del Estado para mantener la confianza de la población, mientras se superaba la crisis. 

Fue el propio presidente quien habría reconocido que vendría a “administrar una crisis”, y avanzó una serie de disposiciones que procuraban regenerar el Estado, e incluirían la supresión de organismos inoperantes, y una batida a la malversación, la corrupción y la impunidad.

Paradójicamente, ese grito y proclama del mandatario se vería posteriormente empañado con hechos emblemáticos que vinculaba a actos de corrupción a colaboradores importantes de su campaña, quienes, ya montados en el tren gubernamental, tuvieron que abandonar el gobierno.

Las expectativas de discurso inaugural del presidente que recién asumía se enfocaban en el anuncio de un ambicioso programa de reformas, privilegiando efectivamente el combate a la pandemia y la plena reanudación de las actividades económicas.

Sin embargo, las limitaciones financieras habían sido advertidas años antes por organismos financieros internacionales que, como el FMI, referían que la nación estaba en la antesala de la insostenibilidad fiscal. Expertos en el área entendían incluso que ante la situación se necesitaba el auxilio de ese organismo para renegociar la deuda, que, entre interna y externa, ya sumaria 52,635 millones de dólares, el 59% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el FMI, en el 2020 la deuda pública total respecto al PIB, rondaba el 74.9%, pero es el mismo organismo internacional quien ha dicho que esta se ha ido reduciendo al 59% del PIB en 2023. A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda publicó en 2020 que la deuda-PIB era de 56.6%, y esa misma fuente difundió en el 2023 que ese cociente era de 45.6%.

¿Qué prometió, qué no cumplió?

Cuando el presidente Abinader cumplió su primer año de gobierno, en agosto de 2021, presentó un paquete de reformas que emprendería para consolidar el proceso democrático y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

“La democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un presidente”, proclamó entonces el mandatario en un acto en la explanada del Palacio Nacional, en horas de la noche, y ese mismo año presentaría la propuesta de reforma a la Constitución con el objetivo de consolidar la independencia del Ministerio Público.

A pesar de la resistencia brutal de algunos de los principales partidos de oposición y grupos empresariales a este último aspecto de la proclama de Abinader, bajo el alegato de que la Constitución contiene la supuesta independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, lo cierto es que, a cuatro años de tiempo, ni esa ni ninguna otra de las iniciativas han sido materializadas o acabadas.

Ciertamente, se prometió sacar las manos del poder político sobre el poder judicial, mejorar la calidad y transparencia de la Cámara de Cuenta, que, por cierto, así como modificar la ley de la Contraloría General de la República, la de Compras y Contrataciones Públicas, y la renovación en la manera de seleccionar las Altas Cortes.

Los desafíos, siguen pendientes. Las reformas a la ley de la Seguridad Social, del mercado de hidrocarburos, la de transporte, y las reformas del agua, electricidad, educación, código laboral, competitividad, y hasta el código penal sigue “penando” sin rumbo en el Congreso Nacional.

Indiscutiblemente, que sin esa carpeta de reformas era poco lo que podría hacer el gobierno en estos cuatro años de gestión, pues según el propio mandatario “producirían una segunda restauración institucional y material para la República Dominicana”.

¿Dónde quedaron las 12 reformas?

Una mirada retrospectiva a lo anunciado por el mandatario obliga a revisar qué pasó con las anunciadas propuestas de reformas. El Pacto Eléctrico fue una de ellas. Se dijo que, después de 10 años de discusión que habría llevado a eliminar las UERS y completar el proceso de liquidación de la CDEEE, se eficientizaría el sector para “alejarlo de influencias políticas”, de manera que el país cuente con un servicio de energía de calidad, de costos competitivos y de amplia cobertura. Nada más lejos de la realidad.

El sector eléctrico ha devenido en un desastre liderado por el sector privado. Según ha dicho el ingeniero Bernardo Castellanos, experto en el área, el subsidio eléctrico en 2023 superó los 1,500 millones de dólares. El 73% de ese subsidio corresponde a las empresas Distribuidoras de Electricidad que no logran superar las altas pérdidas, los altos gastos corrientes y la alta empleomanía, además de la ausencia de compra de materiales e insumos, y la reducción de inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas, gran desastre de la gestión. Mientras, el precio de la electricidad sigue subiendo.

De la reforma del sector agua, de la que ya se había presentado una propuesta ante el Consejo Económico y Social (CES) y que se extendería hasta 2036, se procuraría llevar agua a toda la población dominicana, crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y mejorar en la tecnificación de sistemas de riego para aumentar el ahorro del preciado líquido.

No obstante, hay que destacar que el comportamiento del sector turismo ha registrado un crecimiento importante que, según las cifras oficiales es superior al 36% con relación al año 2019, cumpliendo y sobrepasando en la actualidad la meta de los 10 millones de visitantes.

La angustiosa pasarela de las cuestiones impositivas

La reforma fiscal integral fue otra de las iniciativas anunciadas, y la propuesta del gobierno señalaba “una transformación del sistema de gastos e ingresos gubernamentales a través de una mayor eficiencia”, así como la creación, eliminación o reducción de impuestos, para propiciar un crecimiento económico con desarrollo, de manera que asegurase la sostenibilidad de las finanzas. Lo cierto es que, a cuatro años de tiempo, no solo no se propuso esa reforma fiscal, tampoco se promovió el Pacto como mandato de la ley.

Pero, además, según proyección del economista Apolinar Veloz, el déficit fiscal continúa aumentando mientras es financiado con deuda pública, que sigue creciendo sin orden, en tanto, el presupuesto deviene en una lista desordenada de gastos, pues se carece de un plan ministerial, de metas anuales y de indicadores que permitan medir la eficiencia del gasto.

Agrega que la deuda del propio Banco Central sigue creciendo, en tanto se convierte en una amenaza a la estabilidad de la economía dominicana. Es decir, que, según el experto, a pesar de la ley de capitalización, la situación financiera de la entidad y del propio gobierno ha empeorado.

Aún se espera el saneamiento de la nómina pública y el gasto corriente en el gobierno central, que, según Apolinar Veloz, “se traga casi el 90% del presupuesto de gastos”

La reforma del sector hidrocarburos que procuraría transformar la matriz de combustibles del país y reducir la contaminación, además de propiciar mayor eficiencia para producir importantes ahorros en divisas, no se sabe qué ha pasado. Una cosa es cierta, el sector combustible, conducido mayormente por negocios del sector privado, exhibe sobrecostos que finalmente paga la población.

De la reforma por la calidad educativa es poco lo que se puede exhibir. Las dudas conducen a revisar el posicionamiento negativo del país en los rankings y mediciones de organismos internacionales. Nada más lejos de lo dicho por el presidente cuando proclamó el desarrollo de una reforma educativa para elevar la calidad de esta, y que el vapuleado 4% del PIB para tales fines, como en otras ocasiones, no impactara en la formación de quienes están llamados a hacer las transformaciones que requiere la sociedad.

Envuelto en esa misma nebulosa ha quedado la reforma del sector salud y seguridad social. La promovida atención universal, solidaria, eficiente y de calidad para proteger la salud física y mental de la gente, sigue en manos de mafias que lucran con el bienestar y las garantías de un derecho fundamental, sin que se lograse siquiera una modificación a la dicha legislación.

Respecto a la reforma en el sector transporte, el esbozo presidencial hacía énfasis en la colectivización de un sector que impacte en el descongestionamiento del tránsito y que fuera útil para todos los ciudadanos. El avance no ha sido todo lo deseado, sin obviar la construcción del monorriel de Santiago, y el teleférico de Los Alcarrizos, esta última aun sin terminar. Mientras, la realidad actual, además de las denuncias de corrupción, es un caos brutal en las calles y avenidas de las principales ciudades del país.

De la reforma policial que procuraba transformar la estructura legal, institucional, operativa y funcional del cuerpo del “orden” público para garantizar la seguridad ciudadana, que incluía un famoso plan piloto a extenderse gradualmente en todo el país, y fuera del cumplimiento a la promesa de mejorar los salarios de los miembros de esa institución que, en la actualidad, devengan poco más de 500 dólares mensuales, todo lo demás ha quedado en simple enunciado. El Ministerio Público independiente, otra de las propuestas, no ha logrado prevenir la delincuencia pública y privada.

Y la reforma a la ley de medio ambiente, solo muestra el deterioro al que someten al país las explotaciones mineras que solo dejan beneficios si se deduce a las ganancias el costo de remediación ambiental.

Perspectivas del gobierno desde su eventual reelección

Es indudable que la etapa iniciada hace cuatro años, y que debió marcar la reformulación definitiva del Estado dominicano y su concepción de botín político, borrando viejas prácticas caudillistas, presidencialistas, de clientelismo político, y gobernanza para satisfacer a los poderes fácticos, sigue siendo un desafío ante la posible repetición en el poder del partido en el gobierno.

Para la ciudadanía y sus condiciones de vida en términos de la economía, se necesita mayor impacto en la industria, sector agropecuario, comercio, banca y sector financiero. A ello se suma el tema de la deuda pública y la sostenibilidad económica, estabilidad cambiaria, régimen Fiscal y todo el tema del sistema impositivo.

¿Cuáles son los cambios que habrán de producirse en términos del empleo, salario, Seguridad Social y seguridad ciudadana, sin dejar de mencionar el impacto en la vida institucional, la vida insular, gobernanza y gobernabilidad?

Aunque, políticamente asegurada, legalmente inviable, estratégicamente no propuesta y compleja en un análisis de escenarios, la reelección del presidente Luis Abinader, le entregaría una situación de incertidumbre en medio de una crisis en la economía y la base de la sociedad, que, muy probablemente, presionaría a todos sus estertores  para complicar la gobernanza y abrir a análisis y al estudio, la posibilidad de problemas de gobernabilidad, en medio de la confirmación de la crisis del liderazgo nacional.