Reportaje

Ley 105-13, adefesio legal que permite inequidades salariales entre funcionarios

Palacio Nacional
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Mientras unos se “chupan” más del 50 por ciento total del presupuesto oficial de salarios, muchos mantienen un laberinto disfrazado de “otros ingresos”, y otros medran por encima de sus superiores inmediatos, en tanto, la mayoría cobra el sueldo establecido de manera oficial y legal, pero al comparar sueldos brutos y sueldos netos, la historia es distinta.

Hablamos de los sueldos o salarios que se devengan desde las alturas de poder. Un poder elegido por el pueblo a través del voto popular, pero también ese mismo poder se apodera de ingresos que no corresponden a sus funciones.

El impuesto sobre la renta de cada quien es diferente, lo que convierte el entramado salarial de altos funcionarios y ministros en un crucigrama de difícil solución.

El eterno dilema de la incongruencia de salarios, respecto de funciones específicas, colocan a la ley 105-13 como letra muerta en el escenario salarial del “funcionariato” nacional –el término lo acabo de acuñar—para explicar algunas de las disparidades, dislates y disparates contenidos en la legislación que rige actualmente, que es bastante anodina en ciertos aspectos, legaliza aumentos injustificados, aprueba salarios astronómicos, en tanto, ese dinero, por lo regular, sale de los bolsillos de la población en pleno.

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Si de comparaciones hablamos, tenemos un ejemplo fehaciente y real. El sueldo o salario del Ejecutivo de la nación, está establecido en RD$450,000.00 pesos dominicanos, dinero, que, en su calidad de mandatario, decidió donarlo a varias instituciones con y sin fines de lucro.

Es el que tiene sobre sus hombros todos los problemas nacionales. Políticos, sociales, económicos, de seguridad social y nacional, toma de decisiones importantes, arriesgadas a veces, osadas otras.

Arriesga el todo por el todo en foros internacionales. Aparte, es quien establece los parámetros políticos, sociales y económicos de la nación. Sin embargo, la susodicha ley mencionada, permite a una serie de funcionarios altos, medios y hasta medio-medio, ganar mucho más que el Ejecutivo y sus ministros, amparados en las especialidades y responsabilidades puestas a su cargo.

Como si ser presidente de la República fuera un trabajito fácil de lidiar y realizar, al igual que los ministros, quienes son los responsables de responder de manera pública y responsable las tomas de decisión del Ejecutivo de la nación.

Más ahora, que enfrenta a la red mafiosa e irresponsable de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) por sus siglas en inglés, que tratan por todos los medios de que República Dominicana sea el territorio ideal para la creación de campos de refugiados del vecino país, que transita por un camino sin final, en el que la violencia y la criminalidad son la tónica imperante.

¿Cuatrocientos cincuenta mil pesos al mes compensan este tipo de responsabilidades y cargas diarias? Claro que no, entonces, ¿Por qué la Ley 105-13 establece un tope salarial para luego violar lo que ella misma determina y establece? Una pregunta que todavía espera una respuesta convincente.

Sobre sus hombros recae la responsabilidad de todo lo que acontece en el país y muchas veces, fuera de él. Entonces, ¿Por qué fijar un tope salarial establecido por ley, mientras otros se benefician de sus múltiples prerrogativas salariales y profesionales?

Para muestra, siempre hay un botón. O un roto para un descosido. El gobernador del Banco Central, el sempiterno Héctor Valdez Albizu, le supera con creces y un “chin” más, por tener a su cargo el “velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como ente emisor y ejecutor de las políticas monetaria, cambiaria y financiera para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional”.

Y ni qué decir del entorno mediático que rodea a este alto funcionario y miembros de la Junta Monetaria, organismo superior al Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La principal atribución de la Junta Monetaria es determinar las políticas monetaria, cambiaria y financiera conforme a lo dispuesto en la Ley Monetaria y Financiera.

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En pocas palabras, 56 cargos, solamente del Banco Central y la Junta Monetaria y funcionarios altos, le cuestan al presupuesto general de la nación, nada más y nada menos que RD$23,262,765.00 al mes, o sea, más del 6 por ciento del total asignado al Ministerio de Defensa en este 2024, en medio de una crisis de proporciones incalculables con la vecina nación haitiana, ni qué hablar del total de la nómina conjunta de ambas entidades.

Al parecer, la política monetaria y financiera prima sobre temas tan importantes como la agricultura, la vivienda, el gasto social, la seguridad nacional. Eso, sin contar los demás salarios que devengan funcionarios bajos y bajitos. Y no contamos los otros ingresos que engordan y mantienen el estatus económico de estos funcionarios.

El imperio de lo absurdo

Razón de la sinrazón, el imperio de lo absurdo se apodera de los egos de funcionarios, que, desde el arribo al poder, creen que pueden pisotear y hacer y deshacer a su antojo, olvidando que una lucha social que fuera iniciada con el Movimiento Marcha Verde, mantiene los ojos vigilantes y puestos en cualquier desliz salarial. Y de manera pública o en secreto, se aumentan sueldos, salarios y beneficios, disfrazados de cualquier subterfugio.

Las declaraciones juradas de patrimonio constituyen un ejemplo palpable de estas disparidades que muchas veces no tienen explicación alguna y en otras ocasiones, dejan un regusto amargo para quienes deben pagar estas minucias salariales, que siempre provienen de la “sagrada vaca nacional”, es decir el pueblo llano y simple, que se agota día tras día con el aumento injustificado de impuestos y otros cargos adicionales.

¿Compensan las deducciones de ley y las denominadas otras deducciones para calcular el ingreso bruto de ministros y otros altos funcionarios? Tema bastante espinoso por la cerrazón de las autoridades para ofrecer datos fidedignos.

El famoso portal de Transparencia, no es más que un simple subterfugio para evadir responsabilidades. Específicamente la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República, parecen haber estrechado lazos para impedir el acceso a la información pública necesaria.

Aunque la mayoría de ministros recibe un sueldo fijo, resulta interesante conocer el dinero que perciben por el renglón denominado “otros ingresos”, ya que muchos mantienen el nivel promedio, otros tantos, reciben incentivos por su desempeño, sin contar los ingresos por asignación de combustible.

La actual ministro de Cultura, Milagros Germán Olalla, devenga oficialmente 300 mil pesos al mes, de los cuales, le deducen por impuestos o deducciones de ley, RD$73,597.17 y por otras deducciones, dos mil veinticinco pesos, lo que le deja un ingreso mensual neto de RD$224,377.83. pero si contamos con el incentivo anual por rendimiento y cumplimiento y asignación mensual de combustible, suman 660 mil pesos al año, aparte de su sueldo normal, lo que en total significa una entrada fija de tres millones, 352,533.96. pesos dominicanos.

En buen dominicano, la actuación de la ministro, al parecer, ha sido superior a la de muchos de sus iguales, que día a día enfrentan retos y sinsabores para llevar su gestión a buen fin. Sin contar las entradas muy legales que percibe por su programa de televisión, a las que tiene todo el derecho del mundo.

En tanto, el titular de Defensa, mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, también devenga 300 mil pesos al mes, pero sus deducciones son mayores, ya que las de ley ascienden a 56 mil 082.94 y las otras deducciones se elevan a 30 mil pesos, lo que le produce un ingreso mensual de RD$213,917.06, que totaliza dos millones 567,004.72 al año.

Al parecer, el ministro de Defensa no cuenta con asignación fija de combustible, ni de incentivo anual alguno por rendimiento y cumplimiento, siempre de acuerdo a la declaración jurada de patrimonio depositada por ante la Cámara de Cuentas.

Sus ingresos extra provienen de alquileres de apartamentos y finca, cría de ganado de engorde y otras menudencias, lo que le permite tener un holgado desempeño económico patrimonial.

En lo que se refiere al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, tiene un salario de RD$320,000.00, si le restamos 75 mil pesos en deducciones de ley y otros 15 mil por otras deducciones, se obtiene un total de 230 mil pesos al mes, lo que al año significa dos millones, 760 mil pesos, sin agregar los 86,000.00 que mensualmente recibe de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de los que tiene un descuento de 54 mil pesos por concepto de otras deducciones, resultan más del de 32 mil pesos al mes, que al año suma, 384 mil pesos, sin contar los 300 mil que también recibe mensualmente por contrato y salario del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, es decir, tres millones 600 mil pesos, nada mal en cuanto a otros ingresos.

Haciendo una sumatoria total, este ministro recibe la friolera de una entrada fija de 6 millones, 744 mil “pesitos” dominicanos por concepto salarial. Otra de las incongruencias establecidas en la legislación vigente.

¿Incongruencias, disparidades o simple favoritismo legal…o ilegal?

Las leyes están hechas para favorecer a algunos, mientras mantiene los ojos cerrados para la mayoría. La balanza, los ojos vendados, constituyen la personificación de Temis, la diosa de la justicia, que, al parecer, ha abandonado al desgaire el entramado salarial del “funcionariato” nacional, situación que ha prevalecido durante décadas.

Por ejemplo, Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos, entidad que cobra cada peso que gasta la población por adquirir bienes, servicios, productos gravados por ley, el famoso ITBIS y otros impuestos y gravámenes establecidos, es uno de los privilegiados en cuanto a ingresos se refiere.

Este servidor público devenga mensualmente 598 mil 772 pesos, de los cuales, le descuentan por deducciones de ley, RD$135,316.00, lo que hace un total neto de 463, 456.00, que, multiplicados por 12 se resumen en cinco millones 561,472 pesos, sin añadir un incentivo trimestral igual al salario que devenga, sin deducciones de ningún tipo. Esto es igual a dos millones 395,088.00, y eso, si se suma el bono vacacional anual de RD$479,017.00, da un resultado de 8 millones 435,577 pesos. Nada mal por sacar los exiguos ingresos de los bolsillos de los ciudadanos.

Sin embargo, su superior inmediato, es decir, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Dubocq, devenga un salario mensual bruto de 300 mil pesos, si a eso le restamos RD$72,458.77 por deducciones de ley, tenemos un ingreso de 227 mil514.23, que, al año, totaliza 2 millones730 mil 170.76 pesos.

Mientras que este funcionario por concepto de otros ingresos, dividendos y otros pagos ´provenientes de otras instituciones o entidades, le suponen un incentivo mensual de 10 mil dólares, que al cambio actual ronda los 58 a 59 pesos por dólar, lo que significa un ingreso extra de cinco millones 800 mil pesos a 5 millones 900 mil pesos, moneda nacional al año, cifra que no se acerca a lo que percibe su subordinado de Impuestos Internos. Y así hablan de equidad.

Esa es la situación real de la escala salarial impuesta por la Ley 105-13, que permite ingresos fuera de límite a una gran cantidad de funcionarios, mientras, prohíbe a pensionados y jubilados del Estado, trabajar de la manera que sea, con iguala o contrato, en empresa pública alguna, tampoco descentralizada, a riesgo de suspender el pago de esos ingresos recibidos con esfuerzo y dedicación en distintos estamentos nacionales.

Mientras, el hacha va y viene, pero no corta la cabeza de Medusa, que continúa hechizando con su cabeza de gorgona, llena de serpientes, medrando a costa de ingresos asignados y determinados, pero que tampoco hace justicia a un grupo de ministros que se encargan del día a día del quehacer nacional, en tanto, otros muchos, solo esperan a la sombra del solano, cobrar sus ingresos y dividendos por acciones incompletas y negligentes.

Toca al ministro de Administración Pública, Tomás Darío Castillo Lugo, tratar de enmendar esta plana de desigualdades, inequidades y enriquecimiento sin razón, ya que él mismo es una víctima del sistema instalado por mandato legal. Y como su función es, precisamente, esa, “diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el fortalecimiento institucional de la administración pública, proponiendo reformas de las estructuras orgánica y funcional de la misma”.

Un repaso a la declaración jurada de este funcionario, revela que su salario bruto se circunscribe a poco menos de lo establecido por ley, es decir recibe 275 mil pesos, de los cuales le son deducidos por ley 65 mil 938.24 pesos, lo que lo coloca en la escala inferior salarial ministerial, pues solo devenga RD$209,061.76, lo que al año le reporta dos millones 508, 741.12 pesos y una pensión de la UASD ascendente a 151 441 pesos brutos y netos, lo que significa un millón 817, 292 pesos anuales.

Sumadas las dos cifras, nos da un total de tres millones 634,584 pesos, “una chilata” en comparación con lo que perciben los demás ministros y otros funcionarios expuestos en este trabajo.

Toca ahora juzgar y aquilatar la escala salarial imperante en estos momentos. Como diría el fallecido productor y conductor del primer programa televisivo de panel del país, Alberto Amengual, “¡¡¡Sea usted el jurado!!!”. La audiencia electoral tendrá la última palabra en este galimatías salarial, que se quedó incompleto por falta de tiempo y espacio.

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