Por Enmanuel Rosario Estévez
Panorama Opinión. La reciente declaración de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, señora Leah F. Campos, ha vuelto a colocar en el debate político y jurídico un concepto que en América Latina ha cobrado creciente relevancia: el lawfare. En términos sencillos, se trata de la instrumentalización de la justicia con fines políticos, es decir, del uso de los procesos judiciales como mecanismos de persecución, deslegitimación, neutralización e incluso destrucción del adversario político.
En una serie de entregas nos proponemos examinar en qué consiste realmente el lawfare, cómo puede identificarse en la práctica y cuáles son sus consecuencias para la vida institucional. Desde ahora conviene precisar que estas reflexiones no constituyen una defensa de quienes hayan lesionado el patrimonio público ni un respaldo a la impunidad, tan persistente en nuestra realidad política y jurídica.
Por el contrario, nuestra posición favorece una persecución real, sincera y efectiva de la corrupción, porque ningún funcionario ni dirigente político está por encima de la ley, ni debe quedar exento de ser investigado, juzgado y sancionado cuando incurra en conductas contrarias al ordenamiento jurídico, como bien apunta Diez-Picazo Giménez en su obra La criminalidad de los gobernantes.
El lawfare, sin embargo, representa un grave peligro para la democracia. Se trata de un fenómeno que compromete el Estado de derecho, deteriora la credibilidad de los tribunales, erosiona las garantías procesales y termina convirtiendo la lucha contra la corrupción en una apariencia de justicia al servicio de intereses estrictamente políticos.
Una de las referencias más emblemáticas del lawfare en nuestra región es el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, convertido ya en punto de referencia para comprender hasta dónde puede llegar la judicialización selectiva de la política. Lula abordó este tema en una breve reflexión que sirvió de prólogo a la obra ¡Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal, de Eugenio Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis.
Sobre el particular, Lula describió su experiencia en términos que resultan útiles para entender la lógica de este fenómeno:
Según esa descripción, el método suele repetirse con inquietante regularidad: una narrativa mediática construye primero la sospecha; luego se activa el aparato investigativo en busca de elementos que la sostengan; y, aun cuando la prueba sea débil o insuficiente, la acusación avanza apoyada en filtraciones, exposición pública, medidas coercitivas desproporcionadas y una intensa presión comunicacional. El resultado final no siempre es la verdad judicial, sino la imposición de una condena política anticipada.
Ese relato fue formulado a partir de la experiencia brasileña; sin embargo, sus rasgos, sus mecanismos y su lógica resultan familiares a la realidad que hemos vivido en la República Dominicana con la llamada “persecución de la corrupción” iniciada en 2020. En las próximas entregas explicaremos, paso a paso, cómo se articula un proceso judicial bajo este esquema y por qué, en determinados casos, su finalidad parece alejarse de la justicia y de la recuperación de lo robado para concentrarse en la demolición del adversario político.
