A horas de que venza el plazo, distintos sectores presentan propuestas de modificación al Código Penal

Panorama Justicia. Mientras una comisión bicameral estudia las propuestas para modificar el nuevo Código Penal, que tiene previsto entrar en vigencia este próximo 3 de agosto, distintos sectores de la sociedad se dieron cita en la sede congresual este miércoles para presentar sus propuestas con los cambios que consideran que se deben realizar a la normativa.

Una de las propuestas más interesantes fue la depositada por una comisión del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezada por su presidente, Trajano Vidal Potentini, quienes piden que el cúmulo de penas que introduce la nueva Ley 74-25 no exceda los 40 años de reclusión, en lugar de los 60 que establece la pieza.

«Extender la pena definitiva hasta los 60 años rompe con la esencia de la sanción, del derecho penal, del derecho penitenciario y de la llamada resocialización», dijo Vidal Potentini.

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De su lado, las organizaciones ACDIONA RD, FUNDACIÓN PRIMERO JUSTICIA y otros activistas cívicos, al presentar sus propuestas, advirtieron que la iniciativa antimordaza es una verdadera estafa, pues deja intactas disposiciones que restringen la libertad de expresión y el derecho del pueblo a denunciar la corrupción administrativa, bajo penas de hasta 60 años por delitos de opinión, aplicando el cúmulo de penas en perjuicio de comunicadores y denunciantes; dejando vigente la persecución de los abogados en los tribunales por sus defensas y escritos, en un atentado contra el derecho de defensa.

El abogado Surun Hernández, quien encabezó el grupo, subrayó que la pieza despenaliza el exhibicionismo sexual y el bullying, al tiempo que viola la Constitución, las leyes y los pactos internacionales.

“Lejos de garantizar la libertad de expresión, dicha norma modifica el artículo 142 del nuevo código, despenalizando el exhibicionismo sexual en lugares públicos, en supuestos contextos artísticos, culturales, científicos, educativos o en el ámbito privado, exponiendo a nuestras familias a espectáculos inimaginables de carácter sexual en parques y lugares públicos de recreo”, dijo Surun Hernández.

Asimismo, Hernández aseguró que la ley busca blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos de los cuestionamientos que, en democracia, les corresponde hacer a los ciudadanos y a la prensa.

En la sede congresual también coincidieron grupos proabortistas y provida, quienes abogaron a favor y en contra de las tres causales del aborto, que establecen que la interrupción del embarazo no será penalizada cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre; cuando el feto tenga malformaciones que le impidan vivir fuera del útero; y cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o incesto.

Por un lado, fueron incorporadas al menos 11 cartas ante la Comisión Bicameral que estudia las modificaciones de la Ley 74-25, con el objetivo de incorporar las tres causales al Código Penal y corregir las disposiciones que mantienen la penalización absoluta de la interrupción del embarazo en la República Dominicana, para que ni las mujeres, adolescentes y niñas, ni el personal de salud enfrenten consecuencias penales cuando la interrupción del embarazo se realice por una de estas razones.

Mientras que Omayra Álvarez, presidenta de Juventud con Propósito, alertó que incluir las causales sería peligroso e irrespetuoso para la República Dominicana, subrayando que los sectores proabortistas son grupos pagados que aprovechan las brechas que se dan cuando se debaten temas neurálgicos para introducir el tema, que calificó como inconstitucional.

En ese sentido, Álvarez afirmó que hay artículos que se deben quedar como están, como la libertad de expresión.

Estas organizaciones se presentaron en el Congreso Nacional a solo horas de que venza el plazo para presentar propuestas de modificación al Código Penal.