La opacidad es una característica física de los elementos, se refiere a la capacidad de un objeto de no permitir que la luz pase, habla de su falta de transparencia, usaremos el adjetivo de esta característica opaco. Uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático funcional es la transparencia. Sin acceso real a la información pública, o con omisiones importantes, el control ciudadano y los órganos de fiscalización quedan disminuidos, permitiendo que irregularidades proliferen sin sanción.
Irregularidades en compras, licitaciones y contrataciones institucionales.
En los últimos meses una cantidad increíble de procesos de compras y contrataciones en diferentes instituciones se han visto revestidos de irregularidades, criticas, opacidad y denuncias que mantienen en cuestionamiento el buen uso de los recursos del Estado.
Ministerio de Educación: La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) tuvo que declarar después de gran cantidad de quejas y recursos de los participantes la nulidad del proceso de licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003 para el “equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional segunda etapa”, llevado a cabo por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) de ese ministerio. (Que por cierto no está concebida como unidad ejecutora y por lo tanto no podría celebrar este tipo de procesos).
Entre las irregularidades encontradas podemos mencionar:
- Violación al artículo 20 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, así como los principios de eficiencia, economía y flexibilidad en vista de que el pliego de condiciones y su enmienda no contienen la información necesaria para la elaboración y evaluación de las ofertas.
- Habilitación de la propuesta técnica de los adjudicatarios a pesar de que varios de los bienes presentados no cumplían con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego.
- Violación al debido proceso administrativo por no haber agotado la fase de instrucción de los recursos de impugnación presentados conforme al artículo 67 de la referida ley.
Este caso es solo uno de los casos que durante un tiempo se volvieron recurrentes en el Ministerio de Educación y que se pudieron investigar por la acción de los participantes que vieron sus derechos vulnerados.
INABIE (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil): Procesos de licitación de utilería escolar en 2024 han sido investigados por la DGCP por violaciones a la normativa: conflictos de interés, colusión, irregularidades documentales, adjudicaciones cuestionadas. Se cancelaron contratos, se desvinculó personal, peritos evaluadores, etc.
En algunos casos se frenaron pagos recomendados al identificar anomalías. En los últimos 4 años INABIE no ha podido generar una licitación de utilería escolar que no tenga denuncias o conocimiento de irregularidades por parte de los participantes.
SENASA (Seguro Nacional de Salud): Después de que un programa televisivo expusiera las diferentes prácticas fraudulentas en SENASA está en la altura en la que el pueblo dominicano no maneja la información real de los diferentes esquemas de este fraude y del monto de este, solo sabemos que el poder ejecutivo ha tenido que con el dinero del pueblo financiar el déficit producido por estos esquemas fraudulentos. Sabemos que falta dinero, pero aún el país no sabe de cuantos miles de millones hablamos y quienes son los responsables de haber jugado con la salud del pueblo dominicano.
Los tres (3) decretos.
En lo que ha transcurrido del año específicamente en los últimos 5 meses el presidente ha emitido tres (3) declaratorias de emergencia, un modus operandi que riñe con la transparencia sobre todo por las razones que se han utilizado para las mismas.
- El decreto 213-25, firmado por el presidente Luis Abinader, declara de emergencia nacional las compras y contrataciones para «la gestión, recolección, transporte y disposición final» de los residuos sólidos en el Distrito Nacional, es decir, el presidente emitió un decreto de emergencia para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional pudiera contratar casi de manera directa las compañías vinculadas al proceso de recolección de residuos, saltando varios procesos estipulados en la ley simplemente porque no se ejecutó este proceso en la fecha que debió realizarse por la administración municipal.
Debemos agregar que esta emergencia con la recolección de residuos no era conocida por su sala capitular la cual se enteró cuando vio el decreto en la prensa.
- Decreto 517-25, declara emergencia en el sector eléctrico dominicano, genera preocupación porque podría permitir contrataciones opacas y agrava una crisis causada por la falta de planificación, en lugar de solucionar el problema de fondo.
El decreto se basa en problemas de mala gestión acumulados, no en un desastre natural, y podría no ser la solución a largo plazo, ya que no aborda directamente la pérdida de energía ni la falta de transparencia y resultados medibles. En este decreto volvemos a ver cómo se intenta tapar la falta de no haber realizado acciones en el momento preciso y correspondiente.
- Decreto 627-25, el presidente Abinader declaró en emergencia nacional catorce (14) provincias debido al paso por el país de la tormenta tropical Melissa, tiene duración de un mes y se encuentran mencionadas a un grupo de instituciones que pueden generar procesos de compras mediante la excepcionalidad de este decreto.
Las preguntas que todos nos hemos hechos son:
- ¿Ameritaban los daños de Melissa una declaratoria de emergencia?
- ¿Si estamos en temporada ciclónica no se supone que las instituciones vinculadas deben estar preparadas con materiales y servicios para estas situaciones?
- ¿Por qué fenómenos atmosféricos ocurridos con anterioridad y que han dejado daños mayores a Melissa no han tenido declaratoria de emergencia nacional?
- ¿Encontró Melissa al gobierno sin la planificación necesaria?
Lo único cierto entre preguntas y dudas es que parece que recurrir al Estado de Emergencia se ha convertido casi en deporte nacional, generando desigualdad entre los proveedores, restando transparencia a los procesos de compras y generando excepciones desagradables para la normativa de compras y contrataciones.
Caso AERODOM
El Estado dominicano, mediante decreto y negociación del Ejecutivo, renegoció el contrato de concesión con AERODOM que fuera originalmente suscrito en 1999, extendiendo la concesión hasta el año 2060.
En noviembre de 2023 el presidente Abinader anunció que el nuevo acuerdo garantizaba al Estado ingresos e inversiones por valores entre US$1,905 millones y US$2,155 millones, incluyendo un canon inicial de US$775 millones, pero a pesar de la magnitud y la importancia de dicho contrato la cantidad de dudas y violaciones que deja con su firma son bastantes.
- Los detalles completos del contrato como los plazos exactos, las cláusulas de exención fiscal y los mecanismos de seguimiento no fueron presentados oportunamente al público.
- A la fecha no se encuentra esclarecido el uso de los fondos entregados al Estado dominicano por la firma de dicho contrato, por ejemplo, se señala que AERODOM transfirió unos RD$21,769 millones correspondientes a parte del pago de US$775 millones, el gobierno informo que estos montos fueron derivados a otras obras diferentes a las que de manera inicial se habían informado.
- El contrato renovado mantiene exenciones fiscales heredadas y privilegios que, debilitan la capacidad del Estado de recaudar y de supervisar los compromisos de la concesionaria.
- La extensión de la concesión hasta 2060 implica un compromiso a muy largo plazo que podría comprometer los intereses del Estado y limitar la flexibilidad para futuros cambios normativos o renegociaciones.
- La falta de claridad sobre los plazos, rangos de inversión y seguimiento de las obras pactadas pone en riesgo la supervisión estatal y la verificación del cumplimiento de los compromisos.
Sentimientos comunes y fallas sistémicas
Con los casos arriba expuestos, surgen patrones preocupantes:
- Uso abusivo de excepciones, urgencia o emergencia: regularmente se justifica la adquisición rápida sin licitación, incluso cuando los bienes o servicios ya estaban contemplados en los planes anuales, lo que legalmente no justifica el uso de esos mecanismos. Esa forma de “atajo” legal facilita adjudicaciones discrecionales, falta de competencia, posible favoritismo.
- Requisitos excluyentes o desbalanceados: pliegos de condiciones que imponen garantías financieras, líneas de crédito, requisitos que solo unas pocas empresas pueden cumplir, lo que reduce la concurrencia y favorece oligopolios.
- Ausencia o deterioro de la motivación y de la publicidad: muchas licitaciones no muestran antecedentes claros del estudio previo, justificación técnica, evaluación transparente, reseñas adecuadas. En los casos de INABIE, documentación insuficiente, peritos evaluadores cuestionados. En SENASA, contrato directo con servicios no concurriendo requisitos.
- Falta de sanción efectiva o lentitud institucional: aunque hay investigaciones, auditorías y pronunciamientos públicos, muchas denuncias no se traducen en sanciones administrativas o judiciales rápidas y ejemplares. En casos como SENASA, Abinader ha mandado a remitir informes, pero aún falta ver resultados concretos.
“La opacidad del gobierno” no es sólo una mala reputación o un discurso mediático: es una falla estructural que corroe la legitimidad del Estado, alimenta la corrupción y limita el desarrollo. En República Dominicana, bajo la administración de Luis Abinader, los casos revelados muestran que la transparencia prometida deja huecos notables en su cumplimiento. Las leyes existen, los marcos institucionales están, pero la práctica la cultura administrativa continúa permitiendo, muchas veces tolerando, irregularidades.
Si no se asumen con urgencia medidas profundas no sólo correctivas cuando los medios descubren los casos, sino preventivas, sistemáticas e institucionalizadas, la descomposición de la gestión pública seguirá acelerándose, y sus costos (sociales, económicos, institucionales) serán cada vez más difíciles de contener.
El país exige no solo promesas, sino hechos tangibles, rendición real de cuentas, sanciones efectivas y sobre todo un compromiso institucional que trascienda titulares y sobreviva más allá de los ciclos políticos. Porque la transparencia no es solo un derecho; es un salvavidas institucional para la democracia.
